(Traducción propia al español. Ver original en inglés).

Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos expresamos nuestra preocupación por la tendencia mundial de perseguir a los defensores de los derechos digitales, incluidos los investigadores y capacitadores en seguridad que actúan para proteger y promover los derechos humanos. Exigimos la fuerte protección de su trabajo y su reconocimiento como defensores de los derechos humanos.

Ya sea a través de leyes que penalizan su actividad o mediante persecución judicial destinada a silenciarlos y castigarlos, su trabajo y sus vidas están en peligro. Esta tendencia tiene un efecto perjudicial sobre los derechos humanos, tanto en línea como fuera de línea. Casos como la injerencia política en el caso penal contra Ola Bini en Ecuador, la investigación y las medidas arbitrarias tomadas contra Javier Smaldone en la Argentina, así como los casos de Alaa Abd El Fattah en Egipto, Fikret Baskaya en Turquía, Ahmed Mansoor en los EAU y muchos otros son parte de una tendencia mundial creciente y peligrosa.

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El Código Electoral Nacional indica que todo componente de software utilizado en el proceso de escrutinio provisorio debe ser entregado a la Cámara Nacional Electoral (CNE) y estar disponible para los partidos políticos con el objeto de que estos puedan realizar las comprobaciones que requieran, y esta última ha fijado un plazo no menor a 30 días para dicha entrega. Las empresas Correo Argentino y Smartmatic y la Dirección Nacional Electoral (dependiente del Ministerio del Interior), entregaron dos pen drives y documentación impresa apenas cuatro días antes de los comicios. Pero, ¿esos pen drives contenían el software de escrutinio?

El pasado 9 de agosto, el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, dijo públicamente que Smartmatic, Correo Argentino y la Dicección Nacional Electoral habían entregado —dos días antes— el software de escrutinio, para que se dieran copias a los partidos. Pero esta afirmación es falsa.

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