Fragmentos del primer capítulo del libro «Engaños digitales, víctimas reales» de Sebastián Davidovsky (de lectura más que recomendada), que relata la filtración de datos de la Policía Federal Argentina y la ridícula investigación judicial y policial que le siguió, producto de la cual resulté incriminado.
El autor comienza detallando los hechos ocurridos (algo sobre lo que ya he escrito) para luego entrar en el detalle de cómo fui involucrado en la investigación.
Con el antecedente en la mano, y con la propia admisión del atacante en un sitio web, la División vinculó a la investigación a las personas que “posiblemente tuvieron alguna relación con el hecho investigado” en 2017. Como primera medida, procedieron a investigar en “fuentes abiertas y/o redes sociales, a fin de poseer algún dato de interés para la causa”. Tras esa búsqueda, que incluyó vigilancia permanente de cuentas de Twitter como eje central, Javier Smaldone (@mis2centavos), especialista en informática, y quien había declarado como testigo en 2017, estuvo doce horas explicando cuál era su vínculo con quien filtró la documentación. Le secuestraron sus equipos informáticos. Fue allanado y demorado, pero, al cierre de este libro, sin ninguna imputación. Solo querían ver si estaba implicado y cómo. Fue liberado ese mismo día. En el expediente, efectivamente, pusieron una serie de tuits que él había escrito. Entre ellos, algunos en broma, como este diálogo con otro especialista en seguridad, Alfredo Ortega: “Como era OBVIO, @patobullrich metió en cana a cualquiera y el hacker se le sigue cagando de risa”, y puso un link a una nota del sitio InfoTechnology donde se contaba un ataque al sitio web de Espacio de Memoria. Ortega respondió: “Hackeado nuevamente por [S]. Che, Smaldone, dejá de hackear sitios”. “Para mí que fuiste vos, [S]ybergaucho”. Ese ida y vuelta figura entre algunos de los datos “relevantes” de fuentes abiertas para la investigación, junto a otra serie de “indicios”: su “hostigamiento al personal policial”, tuits que refieren a ataques informáticos de terceros y su postura, por ejemplo, en contra del voto electrónico.
Al día de la fecha, a exactamente 13 meses de mi allanamiento y detención, todavía no estoy imputado por el juez (y, al no haber una acusación concreta, no tengo cómo defenderme). Tampoco he recuperado mis herramientas de trabajo, que siguen en un depósito judicial a la espera de que alguien decida hacer algo con ellas.
El párrafo siguiente del libro pone aún más en evidencia lo ridículo de los elementos sobre la cual se fundamenta la sospecha en mi contra.
En la investigación que figura en el expediente, en otro posteo, Smaldone le responde a alguien que quiere saber cómo aprender a programar. “Buscá tutoriales introductorios”, le dice. “Podés empezar con Phyton, que es bastante simple”, agrega. En el informe de la Policía, son “concluyentes” con respecto a las coincidencias de @mis2centavos y su vinculación con el phishing a la Policía: “En los ataques se observa tanto lenguaje Phyton como Java”. No fue lo único para investigar al especialista informático: Smaldone vive “cerca” (trescientos metros) de donde se compró el celular Xiaomi para pagar en MercadoPago.
Como le dije por escrito al juez, solo entre brutos resulta sospechoso tener conocimientos. Y, de paso, el celular que me secuestraron era marca Samsung, no Xiaomi.
Y las consecuencias de todo esto, también aparecen resumidas en un párrafo muy claro.
Estos “indicios” fueron suficientes para que se instalara una cámara enfrente de la casa de sus hijos en Córdoba y que le secuestraran los equipos de trabajo y personales, además de haber sido esposado y demorado el lunes 8 de octubre. Encima, al día siguiente apareció su imagen en la tapa del diario Clarín, como uno de los sospechosos.
Nótese lo débil de la argumentación policial, y el contraste entre cómo trataron la noticia medios nacionales e internacionales.
El cierre del expediente, sin embargo, todavía dejaba más dudas: “Si bien se determina que aisladamente los indicios no son considerados determinantes, el cúmulo de los mismos y un análisis íntegro permiten determinar un grado de sospecha fundada aceptable en el marco de la investigación policial”. El prestigioso sitio de tecnología ZDNet resumió la situación de @mis2centavos: “Argentinian security researcher arrested after tweeting about government hack” (“Investigador de seguridad argentino arrestado luego de tuitear sobre hackeo al gobierno”). Smaldone pidió luego el sobreseimiento, que hasta el cierre de este libro le fue rechazado.
Pero no fui la única víctima de la estupidez policial y judicial.
Aquel 8 de octubre de 2019 la Justicia llevó a cabo otros allanamientos: pretendían encontrar el nexo de quien tuvo contacto con el hacker. “No podíamos llamarlos por teléfono y pedirles que trajeran sus equipos. Queríamos hacerlo de esta manera”, se defendieron en el Juzgado Federal de Luis Rodríguez, en Comodoro Py. Al cierre de este libro buscaban pruebas en esos equipos. “Queremos saber si tuvieron contacto con quien filtró los datos, pero no un contacto inocente. Si sabían algo, ¿no debieron informarlo a la Justicia? Bueno, ahora tienen la oportunidad de hacerlo”, explicó una fuente que pidió mantener su identidad en reserva.
Las declaraciones de la fuente del Juzgado Federal parecen más una burla que una explicación. ¿«No podíamos llamarlos por teléfono«, como una canchereada para justificar allanamientos sin ningún fundamento real? ¿Involucrar gente en un proceso penal sin un mínimo de razonabilidad es darle «la oportunidad» de decir ante la Justicia si saben algo? Un claro alarde de la soberbia que suele acompañar a la ignorancia (y a la impunidad).
Y finalmente, la explicación de por qué salieron a violar la intimidad del domicilio y la propiedad privada de tantas personas, sin un mínimo de respeto a las garantías constitucionales.
“Nosotros teníamos que tomar medidas de manera urgente porque acá estaba en riesgo la vida de oficiales. Nadie se hubiera escandalizado si demorábamos a alguien por la muerte de un oficial. Eso no pasó, pero la información está ahí. Está en juego la integridad física de los oficiales», se defendió bajo estricto off alguien que trabaja en la investigación. “La Policía está muy preocupada. Le tocaron el culo al propio jefe, a Néstor Roncaglia. No tenemos margen para no hacer nada”, se excusó. El engaño con esos mails falsos de la Superintendencia de Bienestar provocó un golpe muy fuerte en las fuerzas, para el que evidentemente no estaban preparados.
La filtración de datos de agentes policiales, sus familias y otros civiles ya se había producido (de hecho, meses después, aparecieron publicados nuevamente y se han hecho copias en varios sitios de la web, que se encuentran googleando). Violando los derechos de quienes resultaron allanados sin fundamento no se evitaba ningún daño, sino todo lo contrario. Pero la justificación de todo esto es clara: «le tocaron el culo al jefe» y había que aparentar que se hacía algo (y pasado más de un año, todavía no averiguaron nada). Si hubieran actuado antes, quizás la filtración de datos de la Policía Federal Argentina nunca hubiera ocurrido.
Actualización (8 de diciembre de 2021)
Finalmente, el juez federal Luis Rodríguez (apoyándose en el fiscal federal Ramiro González) sobreseyó a todos los investigados en la causa y decidió archivarla, dejando todo esto en la nada.
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