Archivos de Categoría: Censura

Una carta sobre la justicia y el debate abierto

Liberta de expresión

7 de julio de 2020 

La siguiente carta aparecerá en la sección de Cartas de la edición de octubre de Harper’s Magazine. Traducción del original en inglés.

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La inviolabilidad del domicilio en la Argentina (y la informática)

La inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina, pero las excepciones han sido motivo de un largo debate jurídico desde el mismo momento de su firma. La disparidad de criterios de las distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia no ha aportado claridad a cuándo y cómo está justificado que el Estado ingrese en el domicilio de una persona con el fin de secuestrar elementos que allí se encuentren. Y la llegada de la informática solo ha contribuido a agravar el problema.

Constitución de la Nación Argentina

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El cuento de la buena pipa judicial

Después de ser allanado y detenido solamente por haberme expresado públicamente ante reiteradas violaciones de la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Federal Argentina, y de haber reclamado inutilmente ante el juez que decretó la invasión de mi domicilio y el secuestro de mis herramientas, presenté un recurso de apelación ante la Cámara Criminal y Correccional Federal pidiendo la nulidad del allanamiento, por no haber existido motivos válidos para ordenarlo.

La buena pipa judicial

Luego de presentar un escrito de 23 páginas y de mantener una audiencia oral de casi media hora, la respuesta fue de rechazo a mi pedido. Pero lo más interesante fue la forma en la que esta se fundamentó.

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Sobre la libertad de expresión y el «discurso de odio»

Participación de Christopher Hitchens en el debate organizado por el Hart House Debating Club de la Universidad de Toronto: «Sea resuelto: la libertad de expresión incluye la libertad de odiar», en el año 2006.

A continuación, la transcripción completa.

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Allanado y detenido por tuitear

¿Cómo se puede ser investigado, allanado, esposado y detenido sin haber cometido delito alguno (ni tener relación alguna con delincuentes)? En la Argentina parece ser bastante fácil.

Javier Smaldone

A continuación, la historia de cómo me pasó a mí gracias a la Policía Federal Argentina bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Cómo se puede utilizar la excusa de un supuesto «hackeo» para perseguir a gente cuyas opiniones políticas resultan molestas. Y cómo la Justicia da total libertad a la policía para que investigue un hecho que ella misma denunció, con total libertad para ir contra los derechos y las garantías constitucionales. De acostarme con toda tranquilidad una noche, a ser despertado a la madrugada por una brigada policial y terminar esposado en una comisaría. De tener una vida normal, a estar envuelto en una causa penal luchando para probar mi inocencia, recuperar mis herramientas de trabajo y evitar que sigan vulnerando mi privacidad examinando el contenido de mis dispositivos informáticos.

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Human rights organizations reject arbitrary measures against digital security researcher Javier Smaldone

Javier Smaldone

(Originally published by AccessNow. Ver versión en español.)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Autonomous City of Buenos Aires), November 1st 2019

Attention:
Federal Judge, Luis Rodriguez
Minister of Security, Patricia Bullrich

The undersigned civil society organizations, academics, and individuals dedicated to the study of internet policy and the defense of fundamental rights write to express our concern in the face of repeated cases of persecution of digital security researchers. On this occasion, the case that has attracted the attention of our organizations at a local and international level is the investigation on Javier Smaldone, a researcher in computer security and publicity and recognized spokesman for the public campaign #NoAlVotoElectrónico.

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Comunicado: organizaciones de derechos humanos rechazan medidas arbitrarias contra el investigador en seguridad digital Javier Smaldone

Javier Smaldone

(Original publicado por AccessNow. See English version.)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019

Atte.
Juez Federal, Luis Rodriguez
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

Quienes suscriben, organizaciones de la sociedad civil, académicas y particulares dedicados al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación frente a los reiterados casos de persecución a investigadores de seguridad digital. En esta oportunidad, el caso que ha llamado la atención de nuestras organizaciones a nivel local e internacional es la investigación a Javier Smaldone, investigador en seguridad informática, divulgador y reconocido vocero de la campaña pública #NoAlVotoElectrónico.

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Patricia Bullrich y el «ciberpatrullaje»

El 26 de enero de 2017 a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le «hackearon» su cuenta de Twitter. Horas después, apareció evidencia de que el problema era más grave e involucraba a varias cuentas de correo del Ministerio de Seguridad. Un mes después fueron detenidas dos personas acusadas del hecho.

Patricia Bullrich

Con gran sorpresa, ayer me encuentro con que aparezco nombrado en la causa penal. Y, peor aún, que he sido investigado. A continuación, el relato de lo que pasó.

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Me quieren meter preso

Anteayer publiqué un artículo mostrando cómo el Gobierno argentino en su propuesta de reforma electoral quiere penalizar con cárcel todo intento de mostrar las debilidades y riesgos del sistema de voto electrónico con el que pretende que votemos desde 2017 en adelante.

Celda

Hoy, menos tranquilo (dado que a ningún político ni medio periodístico le pareció relevante el asunto, aunque fuimos varios los que tratamos de darle difusión), me tomo unos minutos para analizar la situación y sobre todo para pensar en el futuro (y en particular en mi futuro con respecto a esto).

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La reforma electoral penaliza las auditorías independientes

El Gobierno argentino ha enviado al Congreso una propuesta de reforma electoral con el objetivo de implantar el sistema de voto electrónico denominado «boleta única electrónica«. Amén de los numerosos errores, inexactitudes y requisitos imposibles de cumplir (pero que de algún modo se ignorarán a la hora de las elecciones), la propuesta prevé penas de cárcel (de 1 a 6 años) para los que realicen actividades que resultan imprescindibles en cualquier auditoría o revisión independiente del sistema.

Prohibido auditar

De esta forma, se pretende imponer el uso de sistema informático en la emisión y el conteo de los votos, y como si no fuera ya extremadamente difícil para cualquier ciudadano asegurarse de cómo funciona (y si es seguro), se penaliza con prisión a quien intente descubrirlo.

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