Fragmentos del primer capítulo del libro «Engaños digitales, víctimas reales» de Sebastián Davidovsky (de lectura más que recomendada), que relata la filtración de datos de la Policía Federal Argentina y la ridícula investigación judicial y policial que le siguió, producto de la cual resulté incriminado.
¿Tienen relación los «hackeos» ocurridos entre 2017 y 2019 a Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina? ¿Una pelea interna terminó con la exposición de datos personales que puso en riesgo a policías y civiles? La Justicia y las fuerzas de seguridad parecen haber hecho un gran esfuerzo por no notar ciertas relaciones y omitir ciertos hechos. A continuación, algunos de ellos.
7 de julio de 2020
La siguiente carta aparecerá en la sección de Cartas de la edición de octubre de Harper’s Magazine. Traducción del original en inglés.
La inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina, pero las excepciones han sido motivo de un largo debate jurídico desde el mismo momento de su firma. La disparidad de criterios de las distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia no ha aportado claridad a cuándo y cómo está justificado que el Estado ingrese en el domicilio de una persona con el fin de secuestrar elementos que allí se encuentren. Y la llegada de la informática solo ha contribuido a agravar el problema.
Después de ser allanado y detenido solamente por haberme expresado públicamente ante reiteradas violaciones de la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Federal Argentina, y de haber reclamado inutilmente ante el juez que decretó la invasión de mi domicilio y el secuestro de mis herramientas, presenté un recurso de apelación ante la Cámara Criminal y Correccional Federal pidiendo la nulidad del allanamiento, por no haber existido motivos válidos para ordenarlo.
Luego de presentar un escrito de 23 páginas y de mantener una audiencia oral de casi media hora, la respuesta fue de rechazo a mi pedido. Pero lo más interesante fue la forma en la que esta se fundamentó.
Participación de Christopher Hitchens en el debate organizado por el Hart House Debating Club de la Universidad de Toronto: «Sea resuelto: la libertad de expresión incluye la libertad de odiar», en el año 2006.
A continuación, la transcripción completa.
¿Cómo se puede ser investigado, allanado, esposado y detenido sin haber cometido delito alguno (ni tener relación alguna con delincuentes)? En la Argentina parece ser bastante fácil.
A continuación, la historia de cómo me pasó a mí gracias a la Policía Federal Argentina bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Cómo se puede utilizar la excusa de un supuesto «hackeo» para perseguir a gente cuyas opiniones políticas resultan molestas. Y cómo la Justicia da total libertad a la policía para que investigue un hecho que ella misma denunció, con total libertad para ir contra los derechos y las garantías constitucionales. De acostarme con toda tranquilidad una noche, a ser despertado a la madrugada por una brigada policial y terminar esposado en una comisaría. De tener una vida normal, a estar envuelto en una causa penal luchando para probar mi inocencia, recuperar mis herramientas de trabajo y evitar que sigan vulnerando mi privacidad examinando el contenido de mis dispositivos informáticos.
Conferencia de Aron Ra sobre el Diablo (Satanás) según el cristianismo, presentada en la SkeptOKon en Edmond, Oklahoma, en 2014.
A continuación, la transcripción completa.
Conferencia de Aron Ra sobre el origen de las fábulas bíblicas, presentada ante la Secular Student Alliance de la Universidad de North Texas en Denton, el 11 de abril de 2013, subtitulada en español.
A continuación, la transcripción completa.
The undersigning civil society organizations express our concern over the global trend of persecuting digital rights defenders –including security researchers and trainers who act to protect and promote human rights. We demand the strong protection of their work and their recognition as human rights defenders.
Either through laws that criminalize their activity or through judicial persecution meant to silence and punish them, their work and lives are being jeopardized. This trend has a detrimental effect on human rights, both online and offline. Cases like the political interference in the criminal case against Ola Bini in Ecuador, the investigation and the arbitrary measures taken against Javier Smaldone in Argentina, as well as the cases of Alaa Abd El Fattah in Egypt, Fikret Baskaya in Turkey, Ahmed Mansoor in the UAE and many others, are part of a growing and dangerous global trend.
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