Tres investigadoras de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard realizaron, con el apoyo de la ONG Access Now, un estudio sobre la persecución a informáticos y especialistas en seguridad de la información en América Latina. En particular, en la Argentina, analizaron la ridícula causa penal en la que me involucraron por hablar públicamente sobre la filtración de datos sensibles de la Policía Federal Argentina conocida como «La Gorra Leaks 2.0.
A continuación, el fragmento traducido.
El 12 de agosto de 2021 se cumplieron dos años de ocurrida «La gorra leaks 2.0», la mayor filtración de datos de la historia argentina, que afectó nada menos que a la Policía Federal Argentina. Transcurrido todo ese tiempo, y luego de 15 allanamientos y 6 detenciones, en la causa no hay ninguna imputación formal contra nadie. Ni siquiera se sabe con exactitud (y de esto da cuenta una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) qué sistemas policiales fueron vulnerados, ni qué información se sustrajo de los mismos. Y yo, que fui falsamente incriminado por la policía (de lo que también da cuenta un informe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), sigo insistiendo con la esperanza de que el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal federal Ramiro González hagan de una vez su trabajo, en vez de dejar seguir pasando el tiempo con la esperanza de que la causa prescriba y todo (incluyendo el encubrimiento y los abusos policiales) quede en la nada. Pero parece que estos buenos señores no quieren atender razones ni para desvincularme de la causa ni mucho menos para investigar la complicidad policial.
En nuestra existencia digital no hacemos otra cosa que ingresar usuarios y contraseñas alfanuméricas, responder preguntas de seguridad, confiados en que todas esas galerías infinitas de bytes son invulnerables. Pero algunas comunidades con conocimientos informáticos piensan lo contrario: desconfían de todo y meten mano para probarlo. Cuatro casos ocurridos recientemente en la Argentina revelan la fragilidad del sistema y cómo son los hackers quienes pagan las consecuencias por denunciarlo.
Por: Facundo Iglesia
Ilustraciones: Panchopepe
Publicado en Revista Crisis #47 (Descargar PDF)
CC ATRIBUCIÓN-NOCOMERCIAL-COMPARTIRIGUAL 2.5 ARGENTINA (CC BY-NC-SA 2.5 AR)
El 8 de octubre de 2019 fui despertado por efectivos de la Policía Federal Argentina que venían con una orden de allanamiento. Después de revisar todo el lugar y secuestrar computadoras, celulares, tarjetas de memoria, tablets, computadoras y otros dispositivos electrónicos (la mayoría no eran míos), me llevaron detenido y me retuvieron por unas cuántas horas. Aunque no tuve absolutamente nada que ver con el hecho investigado (la filtración conocida públicamente como «La Gorra Leaks 2.0»), y a diferencia de la vez anterior que trataron de incriminarme, esta vez consiguieron que un juez firmara una orden de allanamiento sin siquiera revisar el motivo de la sospecha (así de fácil es violar un domicilio en la Argentina).
Primero envié tres escritos al juez ([1], [2] y [3]), que fueron prácticamente ignorados. A mi reclamo se sumaron varias ONGs (dos veces). Luego apelé ante la Cámara, que confirmó todo lo actuado por el juez y por la policía. Luego de más de un año sin ningún avance en la causa ni en mi situación personal, envié tres escritos más al juez y al fiscal ([4], [5] y [6]). Esta vez los ignoraron completamente. Ni siquiera me respondieron.
La situación solo cambió hace unos días, cuando el fiscal Horacio Azzolin de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia emitió un informe que resalta la persecución de la que fui objeto. También a este escrito respondí ([7]), resaltando las coincidencias con lo que vengo afirmando desde el primer momento. Hasta ahora, tampoco el juez ni el fiscal dijeron nada.
Hace unos días decidí enviar un último escrito. Ya ni siquiera con la esperanza de que lo lean ni, mucho menos, de que sirva de algo. En el expediente y en el llamado «legajo de prueba» (una especie de expediente paralelo, al que ni siquiera pude acceder en su totalidad) está la evidencia de que la Policía Federal Argentina ocultó un hecho gravísimo, que venía ocurriendo desde hacía más de dos años y que solo reconoció —a medias— al hacerse público. A continuación, el escrito que presenté, a modo de epílogo de esta farsa de investigación policial y judicial, al menos por mi parte (también en formato PDF).
El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolin presentó recientemente un informe donde evalúa la investigación llevada a cabo por la Policía Federal Argentina en el marco de la causa por la filtración de datos conocida como «La Gorra Leaks», en la cual resulté allanado y detenido, siendo privado además de mis herramientas de trabajo. En el mismo, además de poner de manifiesto lo pésimamente actuado por los efectivos policiales y cómo se montó una sospecha sobre mí de una forma totalmente arbitraria, también denuncia amenazas de muerte y el envío de imágenes de abuso sexual infantil, como un nuevo intento de incriminarme.
Para entender el contexto, puede revisar mi artículo «Allanado y detenido por tuitear» y el informe de «ciberpatrullaje» que la Policía Federal Argentina envió al juez para acusarme. A continuación, los fragmentos más relevantes del informe de la UFECI (el resaltado es añadido por mí).
El 12 de agosto de 2019 se produjo la mayor filtración de datos de la historia argentina hasta la fecha, hecho particularmente grave por tratarse de información de la Policía Federal Argentina, que fue conocida públicamente como «La Gorra Leaks 2.0». No solamente la investigación de este hecho fue más que deficiente, sino que la propia denuncia realizada por la División Investigaciones de Delitos Tecnológicos de la Policía parece esquivar un enorme elefante en medio de la habitación. ¿Por qué ni se denunció ni se investigó cómo se produjo realmente esta filtración?
Ante las elecciones municipales del Paraguay, a realizarse utilizando el sistema de voto electrónico denominado «Boleta Única Electrónica», la ONG TEDIC ha publicado una serie de white papers sobre los riesgos del uso de sistemas informáticos para la emisión y el escrutinio de los votos.
Fragmentos del primer capítulo del libro «Engaños digitales, víctimas reales» de Sebastián Davidovsky (de lectura más que recomendada), que relata la filtración de datos de la Policía Federal Argentina y la ridícula investigación judicial y policial que le siguió, producto de la cual resulté incriminado.
¿Tienen relación los «hackeos» ocurridos entre 2017 y 2019 a Patricia Bullrich, el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina? ¿Una pelea interna terminó con la exposición de datos personales que puso en riesgo a policías y civiles? La Justicia y las fuerzas de seguridad parecen haber hecho un gran esfuerzo por no notar ciertas relaciones y omitir ciertos hechos. A continuación, algunos de ellos.
7 de julio de 2020
La siguiente carta aparecerá en la sección de Cartas de la edición de octubre de Harper’s Magazine. Traducción del original en inglés.
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