La inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina, pero las excepciones han sido motivo de un largo debate jurídico desde el mismo momento de su firma. La disparidad de criterios de las distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia no ha aportado claridad a cuándo y cómo está justificado que el Estado ingrese en el domicilio de una persona con el fin de secuestrar elementos que allí se encuentren. Y la llegada de la informática solo ha contribuido a agravar el problema.
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