Todos los días se aprende algo viejo
7 de julio de 2020
La siguiente carta aparecerá en la sección de Cartas de la edición de octubre de Harper’s Magazine. Traducción del original en inglés.
Sigue leyendo «Una carta sobre la justicia y el debate abierto»
La inviolabilidad del domicilio está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina, pero las excepciones han sido motivo de un largo debate jurídico desde el mismo momento de su firma. La disparidad de criterios de las distintas conformaciones de la Corte Suprema de Justicia no ha aportado claridad a cuándo y cómo está justificado que el Estado ingrese en el domicilio de una persona con el fin de secuestrar elementos que allí se encuentren. Y la llegada de la informática solo ha contribuido a agravar el problema.
Sigue leyendo «La inviolabilidad del domicilio en la Argentina (y la informática)»
Después de ser allanado y detenido solamente por haberme expresado públicamente ante reiteradas violaciones de la seguridad de los sistemas informáticos de la Policía Federal Argentina, y de haber reclamado inutilmente ante el juez que decretó la invasión de mi domicilio y el secuestro de mis herramientas, presenté un recurso de apelación ante la Cámara Criminal y Correccional Federal pidiendo la nulidad del allanamiento, por no haber existido motivos válidos para ordenarlo.
Luego de presentar un escrito de 23 páginas y de mantener una audiencia oral de casi media hora, la respuesta fue de rechazo a mi pedido. Pero lo más interesante fue la forma en la que esta se fundamentó.
¿Cómo se puede ser investigado, allanado, esposado y detenido sin haber cometido delito alguno (ni tener relación alguna con delincuentes)? En la Argentina parece ser bastante fácil.
A continuación, la historia de cómo me pasó a mí gracias a la Policía Federal Argentina bajo las órdenes de Patricia Bullrich. Cómo se puede utilizar la excusa de un supuesto «hackeo» para perseguir a gente cuyas opiniones políticas resultan molestas. Y cómo la Justicia da total libertad a la policía para que investigue un hecho que ella misma denunció, con total libertad para ir contra los derechos y las garantías constitucionales. De acostarme con toda tranquilidad una noche, a ser despertado a la madrugada por una brigada policial y terminar esposado en una comisaría. De tener una vida normal, a estar envuelto en una causa penal luchando para probar mi inocencia, recuperar mis herramientas de trabajo y evitar que sigan vulnerando mi privacidad examinando el contenido de mis dispositivos informáticos.
The undersigning civil society organizations express our concern over the global trend of persecuting digital rights defenders –including security researchers and trainers who act to protect and promote human rights. We demand the strong protection of their work and their recognition as human rights defenders.
Either through laws that criminalize their activity or through judicial persecution meant to silence and punish them, their work and lives are being jeopardized. This trend has a detrimental effect on human rights, both online and offline. Cases like the political interference in the criminal case against Ola Bini in Ecuador, the investigation and the arbitrary measures taken against Javier Smaldone in Argentina, as well as the cases of Alaa Abd El Fattah in Egypt, Fikret Baskaya in Turkey, Ahmed Mansoor in the UAE and many others, are part of a growing and dangerous global trend.
Sigue leyendo «Civil society groups call for protection of digital rights defenders»
(Originally published by AccessNow. Ver versión en español.)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Autonomous City of Buenos Aires), November 1st 2019
Attention:
Federal Judge, Luis Rodriguez
Minister of Security, Patricia Bullrich
The undersigned civil society organizations, academics, and individuals dedicated to the study of internet policy and the defense of fundamental rights write to express our concern in the face of repeated cases of persecution of digital security researchers. On this occasion, the case that has attracted the attention of our organizations at a local and international level is the investigation on Javier Smaldone, a researcher in computer security and publicity and recognized spokesman for the public campaign #NoAlVotoElectrónico.
(Original publicado por AccessNow. See English version.)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de noviembre de 2019
Atte.
Juez Federal, Luis Rodriguez
Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
Quienes suscriben, organizaciones de la sociedad civil, académicas y particulares dedicados al estudio de políticas públicas de Internet y a la defensa de derechos fundamentales, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación frente a los reiterados casos de persecución a investigadores de seguridad digital. En esta oportunidad, el caso que ha llamado la atención de nuestras organizaciones a nivel local e internacional es la investigación a Javier Smaldone, investigador en seguridad informática, divulgador y reconocido vocero de la campaña pública #NoAlVotoElectrónico.
#FraudeK y #fraudePaso2019 ocuparon los primeros lugares de las tendencias argentinas en la red social Twitter el 13 de agosto, a sólo 2 días de las elecciones primarias presidenciales argentinas (PASO). Numerosos usuarios publicaban a través de sus cuentas evidencia mostrando cómo el partido oficialista «Juntos por el Cambio» había obtenido 0 votos en varias mesas.
Amén de lo ridículo que resulta acusar a la oposición de realizar fraude manipulando el sistema de escrutinio provisorio (que está bajo el control del Ministerio del Interior), cabe analizar por qué se dio esta situación en algunas mesas de votación.
Desde el año 1997 el escrutinio provisorio de las elecciones nacionales argentinas es realizado por una empresa privada. Hasta el año 2017 inclusive, la tarea se encomendó a la empresa española Indra. En las elecciones presidenciales de 2019, la beneficiada fue la empresa venezolana Smartmatic.
Hoy, ante múltiples irregularidades en el proceso de implementación de un nuevo sistema de transmisión de «telegramas» y escrutinio provisorio, muchos cuestionamos (entre otras cosas) el rol de Smartmatic. Casi inmediatamente, somos acusados de querer que Indra vuelva a hacerse cargo del proceso. La cuestión se plantea como un falso dilema, sin que nadie parezca plantearse la pregunta más obvia: ¿es necesario depender de una empresa privada para poder publicar los resultados provisionales de las elecciones el domingo por la noche?
El 20 de julio de 2019 se realizó un simulacro de escrutinio provisorio a cargo de la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino, el primero con participación de los partidos políticos y los medios de prensa. Al finalizar —exitosamente, según la versión oficial— se entregó a los periodistas un conjunto de archivos PDF, supuestamente resultantes de la transmisión de ‘telegramas’ desde las escuelas y utilizados luego en el proceso de carga.
Analizando la metadata de dichos archivos, además de encontrar múltiples vulnerabilidades en el proceso de generación de los mismos, notamos una discrepancia más que dudosa: la fecha de creación corresponde con la realización del simulacro anterior, 13 de julio de 2019. ¿Se trató de simular un simulacro —que no podía fallar— para dejar conformes a los partidos políticos y a la prensa?