En la Argentina, desde hace más de una década, han habido diferentes iniciativas para promover —en mayor o menor grado— el uso de Software Libre en el Estado (Nacional, Provincial o Municipal, según el caso). A su vez, las empresas distribuidoras de Software Privativo (o «no libre») lanzan —de forma directa o a través de asociados o representantes legales— llamados de atención sobre las supuestas terribles consecuencias que tal decisión traería aparejadas para el propio Estado, el mercado, las empresas locales y el público en general (y algunas veces, hasta se incluyen a si mismas).
De lo que parecen no enterarse quienes exponen una y otra vez los mismos argumentos contra este tipo de iniciativas, es que ya han sido refutados hace mucho tiempo. Por esto, me pareció buena idea rescatar del recuerdo la excelente respuesta que en abril de 2002 enviara al Gerente de Microsoft Perú, el congresista peruano Edgar Villanueva Nuñez (haciendo gala de una simpleza y una lógica exquisitas) quien impulsaba un proyecto de ley de este tipo en su país.
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