En la Argentina una persona no es libre de decidir sacarse un riñón para donárselo a alguien. La ley sólo lo permite si el receptor tiene un vínculo familiar con el donante o en el caso de las llamadas «donaciones cruzadas» (como sucedió con Jorge Lanata). Pero si un nefrólogo le recomienda a un paciente extirparse un riñón para preservar su salud o su vida, éste puede decidir hacerlo, y un cirujano puede operarlo sin ningún tipo de trámite legal. Este es el caso de X, que acudió para tal práctica médica a un hospital público.
Casualmente, el abogado MBO escuchó —mientras viajaba en un colectivo de la línea 69— que alguien en alguna radio dice que en el mismo hospital donde va a operarse X existe la sospecha de que se extraen órganos innecesariamente para luego venderlos en el mercado negro. Alarmado, se comunica con el periodista MO, y este a su vez con un grupo de ciudadanos que lleva adelante una campaña contra el tráfico de órganos. El abogado MBO decide luego hacer una presentación judicial ante la sospecha, pero el fiscal interviniente descarta la denuncia diciendo que «no hay siquiera un indicio de delito».
Sin embargo a MO y su grupo esto no los tranquiliza, y sin demora deciden instalarse a protestar en la puerta del nosocomio en cuestión. «Nadie nos dio explicaciones», reclama MO. «El director de la clínica no nos demostró que a X haya que sacarle un riñón para poder preservar su salud», acota visiblemente preocupada una de sus seguidoras. Y luego pasan a la acción: uno de los activistas se calza un delantal blanco y, simulando ser médico, se introduce en el hospital para tratar de llegar a X y convencerlo de que está siendo engañado por un médico inescrupuloso.
Unos días después MO es cuestionado por un colega en una entrevista radial. Justifica el accionar de su grupo diciendo que «nunca tuvimos información de que la práctica médica estuviera justificada». Ante la pregunta de «¿quién te dio poder de policía para intervenir en un asunto privado?», MO agrega: «yo sólo fui a la vereda a ver qué pasaba, y había 5 o 6 mujeres que estaban realizando una especie de vigilia». Y luego aclara: «Nosotros no fuimos a hacer de policía, fuimos a peticionar que se pudiera informar si existían las causales para realizar esa práctica médica, procedimos ante el hermetismo que había», destacando que hay un interés público en evitar el tráfico de órganos.
Esto pasó —palabras más, palabras menos— pero no en el caso de la extracción de un riñón, sino de un aborto requerido para salvar la vida de una mujer, es decir de una ILE (interrupción legal del embarazo, prevista en el Código Penal argentino desde 1921 y ratificada por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de la Nación en 2012). Y no estoy comparando un riñón con un feto, sino poniendo en evidencia el sinsentido de la intromisión de un grupo de personas en una cuestión médica, privada, íntima y urgente en la que no tienen absolutamente nada que ver.
¿Volvés a pasear por el tuiter, culiáu? ¿Cómo/dónde te seguimos leyendo?
Donar es un acto muy valiente y muy admirable!!