El Gobierno argentino ha enviado al Congreso una propuesta de reforma electoral con el objetivo de implantar el sistema de voto electrónico denominado «boleta única electrónica«. Amén de los numerosos errores, inexactitudes y requisitos imposibles de cumplir (pero que de algún modo se ignorarán a la hora de las elecciones), la propuesta prevé penas de cárcel (de 1 a 6 años) para los que realicen actividades que resultan imprescindibles en cualquier auditoría o revisión independiente del sistema.

De esta forma, se pretende imponer el uso de sistema informático en la emisión y el conteo de los votos, y como si no fuera ya extremadamente difícil para cualquier ciudadano asegurarse de cómo funciona (y si es seguro), se penaliza con prisión a quien intente descubrirlo.
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