Dicen que la “profesión informática” (entendiéndose por esto el conjunto de profesiones ligadas a la informatica) está desvalorizada y desprestigiada. Dicen que la sociedad no reconoce al “informático” como profesional de la misma manera que lo hace con el médico, el abogado, el ingeniero y el contador. Dicen que al “informático” se le paga poco y se lo trata mal, que se le piden cosas que a ningún otro profesional (de una profesión “reconocida”) siquiera se le sugiere. Y dicen, también, que todo esto se debe a que “está lleno de truchos”, personas no calificadas (y cuando no, faltas de escrúpulos) que entregan soluciones de baja calidad y cobran menos de lo razonable; en definitiva, que bastardean la “profesión informática“.

Dicen que hay que exigir la tenencia de un título. Y luego formar un organismo regulador (en realidad, autorregulador) que decida quienes pueden o no “ser informáticos”. Que de esta manera, los usuarios tendrán mejores sistemas informáticos y, de paso, los profesionales serán mejor reconocidos (incluso en lo económico). Dicen que así se soluciona este asunto.

Nota del autor: Este es un artículo de opinión personal, basado solamente en mi experiencia e ideas. Para un análisis más completo (y muy probablemente, más objetivo), recomiendo leer este artículo.

Declamaciones

Pero… ¿quiénes dicen?

Los propios informáticos (por un momento, vamos a agrupar bajo este término a programadores de distinto tipo, analistas de sistemas y profesionales de otras tareas afines). Bueno, en rigor, no todos los informáticos. De hecho, parece ser un grupo bastante bien diferenciado el que levanta la voz para pedir la regulación por parte del Estado, de las tareas profesionales que desempeñan. Más adelante volveremos sobre este punto, tratando de indentificar las características comunes entre ellos.

Y… ¿qué es lo que dicen?

Dicen que la razón del desprestigio de la profesión (por la cual no son considerados por la sociedad de la misma manera que los médicos, arquitectos, abogados, etc.) es que hay mucho improvisado ejerciéndola. Que hay gente sin los conocimientos técnicos necesarios (y, más de una vez, sin la menor noción de la ética) que anda por ahí haciendo las cosas bastante mal (o sea, que no ofrecen soluciones de acuerdo al “estado del arte” y las “mejores prácticas” de la profesión).

Dicen también que no sólo es injusto para la sociedad, sino también para “ellos”. Ellos (que poseen algún título relacionado con la informática) se “quemaron las pestañas” y se “rompieron la cabeza” leyendo libros, asistiendo a clases, resolviendo ejercicios. En tanto que “los otros” entran por la ventana, provienen de otras disciplinas (cual invasores), poseen estudios incompletos (no hicieron el esfuerzo) o son directamente autodidactas.

¿Y qué proponen?

La solución propuesta es simple: que el Estado regule o limite el ejercicio de la informática (que, como ya dijimos, engloba a cosas bastante diferentes). La forma de implementar esta restricción sería mediante la creación de Consejos Profesionales (uno por cada provincia, en el caso de la Argentina) en los cuales deban matricularse obligatoriamente todos aquellos que deseen desempeñar profesionalmente alguna tarea relacionada con la informática. Por supuesto, la condición principal para poder pertenecer a tal entidad, sería la tenencia de un “título habilitante”.

En definitiva, proponen que la informática sólo pueda ser “ejercida” por los informáticos titulados. (De la misma manera que la medicina es ejercida por médicos, la arquitectura por arquitectos, el derecho por abogados, etc.)

Del dicho al hecho

¿Es necesario regular?

Todos sabemos que en el mundo de la informática se mueven muchas personas de dudosa calidad profesional, por lo cual los argumentos precedentes parecen tener cierto sustento. Cualquiera con experiencia previa, sabe que a la hora de contratar un desarrollo de software puede estar iniciando un camino más que tortuoso y de resultado incierto. La mayoría de los clientes de informáticos no están nada conformes con su proveedor. De manera que parece buena idea hacer algo al respecto, ¿no?

Un buen ejemplo

En la Provincia de Córdoba (Argentina) existe desde hace 23 años una ley que restringe el ejercicio profesional de la informática, mediante la creación del Consejo Provincial de Ciencias Informáticas. Sin embargo, nadie podrá decir que en esta provincia el nivel de los profesionales o la satisfacción de los clientes sea mayor que en otros lugares, en donde no se ha ensayado esta solución.

Claro que un único ejemplo no basta para sacar demasiadas conclusiones (el consejo cordobés bien podría ser un desastre de implementación o haber estado muy mal manejado durante todo este tiempo). Pero que la segunda provincia de la Argentina, contando con un marco regulatorio desde hace más de dos décadas, no haya logrado ni siquiera una mínima mejora cualitativa de la disciplina es, cuando menos, sugestivo.

¿Y en el resto del mundo?

En casi todos los países del mundo (excepto, por ejemplo, algunas comunas españolas) el ejercicio profesional de actividades relacionadas con la informática no tiene ningún tipo de restricción o regulación por parte del estado. Ejemplos notables de esto son países con un altísimo ingreso por exportación de software y servicios informáticos, como Irlanda y la India.

Hay de todo, como en botica

Muchos de los grandes gurús de la informática no han tenido título alguno, en tanto que muchos otros lo han tenido pero de disciplinas en algunos casos bastante lejanas a la computación (lingüística, física, etc.). Como bien sabemos, la informática es una actividad transversal a muchas áreas del conocimiento. Es ridículo, entonces, pensar en limitar la posibilidad de ejercerla exclusivamente a quienes tienen un título específico.

Esta situación se ha presentado desde el preciso instante del nacimiento de la informática y se ha acrecentado aún más con el tiempo, en tanto la programación de computadoras se ha simplificado y masificado (quien diseña una planilla de cálculo, de alguna manera está programando).

Nadie niega la utilidad y el valor de un título (aunque, como siempre, hay algunos que son casi una garantía de conocimiento, otros que nada dicen de las aptitudes de su poseedor y una amplia y variada escala de grises). Muy probablemente entre los “titulados” se encuentre la mayoría de los buenos profesionales, pero los hay muchos y de gran calidad fuera de esta categoría, así como también hay improvisados e ignorantes en ambos lados.

Claramente, establecer el punto de corte en la simple condición de poseer un “título habilitante” nada aporta a la hora de separar la paja del trigo.

Que poseer un título formal en informática no haya logrado hasta la fecha establecer una diferencia marcada y notoria respecto de quienes no lo tienen, no es más que una muestra evidente del estado actual de la disciplina. (Quienes se comparan con médicos, arquitectos y abogados bien podrían analizar este ejemplo.)

¿Y la libertad de elección?

El exigir condiciones (como la tenencia de determinado título) para el ejercicio de la informática tiene una consecuencia no siempre analizada por quienes impulsan este tipo de iniciativa: limita la capacidad de elección de las personas.

Esto significa que alguien que quiera contratar, por ejemplo, a un programador, sólo podrá escoger entre los “habilitados” por la ley (normalmente, los matriculados en el Consejo Profesional). Esta situación es aceptable cuando está en juego la vida humana pero, ¿por qué no puede elegir un empresario a quién contratar para que diriga la informática en su empresa o a quién encargar el desarollo de un programa que necesita? En tanto el informático no se atribuya títulos o afiliaciones que no tiene, no hay motivo (razonable) para impedir tal trato entre particulares.

En la Argentina tenemos la costumbre a ver este tipo de limitaciones como naturales, pero debemos tener en cuenta que aún regulaciones como la exigencia del título de Abogado o Contador Público Nacional para la realización de ciertas tareas, no son universales. En algunos estados de los EE.UU, por ejemplo, basta con ser “ciudadano estadounidense” para firmar un balance, y en muchas jurisdicciones se permite a una persona actuar en un proceso judicial sin requerir de un abogado. (Será el ciudadano quien libremente opte por recurrir al profesional titulado si es que realmente encuentra valor en él.)

¿Por qué no son reconocidos?

La gran mayoría de quienes se quejan de no contar con el reconocimiento de otros (abogados, médicos, arquitectos, etc.) parecen no darse cuenta de que tales profesiones están bien establecidas en la sociedad por varios motivos.

Quizás el primero de ellos sea que se trata en general de disciplinas bastante bien definidas y delimitadas. Como contraejemplo, basta ver la definición que intentan de la informática las leyes (o proyectos) de regulación, por ejemplo la ley 7642/87 de la Provincia de Córdoba (la misma contiene solo una enumeración, a modo de ejemplo, de lo que se consideran “profesiones en Ciencias Informáticas“).

Habría que preguntar a quienes reclaman el reconocimiento social si ellos ofrecen el mismo nivel de garantía a sus clientes que los profesionales con los que se comparan. En la informática no sólo no hay métricas bien establecidas (y confiables) para evaluar costos, riesgos ni calidad; sino que ni siquiera se dispone de un método serio para evaluar la productividad de un programador. (Si usted es un lego en la materia seguramente se sorprenderá al saber que la principal métrica utilizada es la “cantidad de líneas de código” producidas, sin poder decir demasiado de la calidad de las mismas.)

Profesionales e improvisados

Si observamos el perfil de quienes demandan regulaciones y la expulsión de los (según ellos dicen) usurpadores, en la mayoría de los casos podemos observar ciertas características comunes:

• Título mediocre. Salvo pocas excepciones, el profesional posee un título mediocre u otorgado por una institución mediocre (es casi imposible encontrarse con un título de Doctor de una universidad reconocida). Muchas veces puede observarse la asistencia a cursos de dudosa necesidad, denotando la incapacidad de aprender por si mismo.
• Conocimientos limitados de lenguajes de programación. Conocimiento de, a lo sumo, un par de lenguajes, por lo general obsoletos o en vías de obsolescencia.
• Ignorancia de conceptos. Pobre entendimiento, si acaso, de cuestiones relacionadas con el software de base (sistemas operativos, compiladores, etc.), fundamentos de las ciencias de la computación (matemática discreta, teoría de autómatas, complejidad y computabilidad, etc.), entre otras.
• Desconocimiento del idioma inglés, lingua franca de la informática.
• Aportes nulos o ínfimos a la disciplina, como la producción de textos técnicos, aportes en investigación, participación de desarrollos comunitarios, etc.

La experiencia del autor es que la mayoría de quienes reclaman “sacar a los improvisados” del campo profesional, generalmente reúnen al menos tres de las condiciones anteriores (sin duda, hay excepciones). La pregunta es, ¿qué es un “improvisado”, sino alguien con conocimientos endebles (más allá de un título que los refrende) y desactualizados, que ni siquiera posee los medios técnicos (formación de base y conocimiento del idioma) para mantenerse a sí mismo al corriente de la evolución tecnológica?

Aclarando, que hace falta…

Algunas aclaraciones que a esta hora suelen, por lo general, ser necesarias:

• Un título en informática es una característica deseable pero no necesaria en un informático.
• Atribuirse un título o una condición que no se posee, sí es una actitud censurable (como también lo es, por ejemplo, no pagar impuestos).
• No tener un título no implica no haber estudiado. Por otra parte, el sí tenerlo no es garantía de conocimientos (ni, mucho menos, de la vigencia de los mismos).
• Las asociaciones profesionales (como ACM a nivel internacional, o SADIO en la Argentina), de afiliación voluntaria (y que, a su vez, no tienen la obligación de aceptar a cualquier persona, en contraste con los Consejos de matriculación obligatoria) son altamente positivas. Es notable que dichas organizaciones en general son contrarias a la regulación de la profesión.
• No debe confundirse “matriculación obligatoria” con “certificación”. Muchas empresas (en ejercicio de su derecho) exigen determinadas certificaciones profesionales a sus proveedores. Es notable que en casi todos los casos, la certificación es provista por otra empresa.

Conclusiones

Una profesión no se “jerarquiza” mediante el simple dispositivo de una ley que obligue a la creación de un Consejo Profesional de matriculación obligatoria. La informática es suficientemente amplia y dinámica como para creer que la conditio sine qua non para ejercer una actividad relacionada con ella (con el debido nivel profesional) es poseer un título de tres años otorgado por una institución de nivel terciario.

Quienes intentan negar a otros derecho a ejercer actividades informáticas por creer que esto les quita oportunidades deberían mirarse introspectivamente y reconocer la amplitud de la disciplina, y que la diversidad de habilidades y conocimientos requeridos en cada una de sus áreas, no pueden ser englobados bajo el título de “informático”. Tampoco es exigible el reconocimiento de la comunidad a practicantes de una disciplina que ni siquiera dominan el cuerpo de conocimientos básicos de la misma (que, además, lejos está de establecerse por completo).

Tampoco debemos olvidar que muchos aspectos de la informática se han extendido a diversas disciplinas, de forma similar a lo ocurrido con la matemática. Esta expansión (que es una especie de democratización) es altamente deseable y beneficiosa, y las iniciativas de regulación conspiran en su contra.

La informática es una disciplina joven y endeble. Es el deber de los que nos dedicamos a ella lograr posicionarla como una disciplina confiable y reconocida. ¿La forma de lograrlo? No soy quién para conocerla, pero seguramente se basa en esfuerzo, dedicación y honestidad. La discriminación arbitraria lejos está de aportar a la solución.

Por lo pronto, la “profesión informática” tiene exactamente el reconocimiento que se ha sabido ganar. No se pondrá los “pantalones largos” por ley.