Río Cuarto, 27 de mayo de 2012

Sra. Presidente de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernández de Kirchner:

Con mucho pesar he leído la noticia, publicada y destacada en el sitio web de la Presidencia, de su reciente reunión en la Residencia de Olivos junto con los ministros Giorgi, De Vido y Barañao, con el Director General de Operaciones de Microsoft, Brian Turner.

En dicha reunión, el Gerente de Microsoft le presentó a Usted el llamado «Plan de Desarrollo Sustentable» de dicha compañía para la Argentina. El punto clave —según mi opinión— es definir qué se entiende por «desarrollo sustentable» y, particularmente, sobre el «desarrollo» de quién estamos hablando. El que un gerente de una empresa transnacional —que, dicho sea de paso, realiza escasas inversiones en la Argentina— sea recibido nada menos que por la Presidente y tres ministros, sumando a esto el lugar destacado que ocupa la noticia en el sitio web oficial, me dan la pauta de que Usted considera que Microsoft realmente es un actor importante para el desarrollo de nuestro país.

En Internet he encontrado declaraciones públicas suyas que confirman mis conjeturas sobre su valoración respecto del rol de Microsoft en el desarrollo local. Por esta razón he decidido escribir esta carta abierta, con el objetivo de ponerla sobre aviso de algunas cuestiones en las que —considero— está Usted equivocada.

En el Microsoft Research Faculty Summit, realizado el 13 de mayo de 2009 en Buenos Aires, dijo Usted lo siguiente:

[…] Y que también nos une con quien es el fundador de esta empresa —con Bill Gates— que siempre imaginó un mundo donde el conocimiento estuviera siempre al servicio del progreso, de la producción, del trabajo y de mejorar la calidad de vida de la gente; no porque fuera más vivo —para poder realizar una maniobra de especulación— sino porque realmente adquiriera el conocimiento para poder hacer valer ese conocimiento en términos económicos.

Este es, quizás, el origen de su apreciación errónea sobre Microsoft. Por lo dicho, considera Usted a Bill Gates como un filántropo, como alguien interesado en el progreso del mundo y como quien avisoró la importancia del conocimiento en esta nueva era. Humildemente, le sugiero que investigue un poco mejor y sin duda encontrará muchas otras personas —aunque dificilmente alguna de ellas sea multimillonaria— que han sido verdaderas visionarias y que han realizado enormes contribuciones al avance del conocimiento y la informática. Gates, por el contrario, solamente ha sido un gran comerciante y —como le mostraré más adelante— no siempre se ha valido de las prácticas más transparentes ni éticas para lograr su enorme fortuna.

En la inauguración de las instalaciones de Google Argentina, el 6 de junio de 2008, dijo Usted que:

El desafío que nos plantea la Red y todas las empresas vinculadas como Google a esto, es la de una nueva ética, hasta en la generación de la riqueza. ¿Por qué? Porque siempre la generación de la riqueza estuvo ligada —desde los comienzos de la humanidad— a quién tenía algo maś que el otro; el que tenía más oro, más tierras, el que las conquistaba, siempre significaba que alguien que era más rico era porque desapoderaba a otro de algo (de territorio, de riquezas, de posesiones). Por primera vez, a fines [principios] del siglo XXI, un hombre es el más rico del mundo porque tuvo más inteligencia y más conocimiento, que es el caso por ejemplo de Bill Gates.

Esto plantea en términos de ética, de conocimiento, de información, pero fundamentalmente de generación de riqueza —que es lo que nos debe preocupar a nosotros como generadores de puestos de trabajo— una ética diferente. Ya no hace falta desapoderar a alguien, ya no hace falta conquistarlo militarmente o económicamente sacarle sus recursos para generar riqueza. Es a partir de la inteligencia, del conocimiento, de cabezas importantes —como me gusta decirlo a mi— que podemos generar riqueza, trabajo, conocimiento, información y democratización.

Permítame comentarle un poco acerca de la «ética» de Bill Gates y su empresa en los negocios. Para comenzar, creo que olvida Usted las múltiples demandas que han sido presentadas contra Microsoft —y, en general, resueltas en su contra— en distintos países del mundo por prácticas desleales, monopólicas y por abuso de posición dominante. Lamento decirle que Bill Gates ha acumulado su riqueza de un modo similar a las formas que Usted enumera: apropiándose de algo que estaba en poder de otros. Principalmente, Gates se apropió de dos cosas:

• Ideas: No encontrará —sobre todo en los primeros quince años de existencia de Microsoft— ninguna idea «original». Esto es, ningún aporte técnico real al avance de la informática (o del conocimiento, si prefiere) por parte de esta empresa y mucho menos de Bill Gates, cuyo aporte como programador es completamente nulo. Gates fue un excelente apropiador (y vendedor) de ideas de otros. Esto le ha valido varias de las demandas antedichas.
• Libertad: El primer negocio importante de Microsoft fue un trato con IBM para nada conveniente para este último —se sospecha—, influido por la relación entre el por entonces CEO de IBM, John Opel, y la madre de Gates, Mary Maxwell. Sin embargo, la apropiación de la libertad más importante —y más rentable— ha sido la de los usuarios de los programas de Microsoft. Es un hecho ampliamente conocido que esta empresa siempre se ha caracterizado por realizar todo tipo de maniobras para, primero, imponer el uso de sus programas y, luego, dificultar o imposibilitar a sus usuarios el usar herramientas de otros proveedores. Nuevamente, me remito a los múltiples juicios en contra de Microsoft por este tipo de prácticas.

En definitiva, el éxito de Bill Gates y de su empresa puede resumirse de la siguiente manera: inicialmente, tomar conocimiento de otros; construir (o comprar) software de calidad apenas aceptable; a través de políticas agresivas y de maniobras no muy transparentes, lograr la colocación de dicho software en el mercado; finalmente, una vez establecidos sus productos, tratar de dificultar por todos los medios posibles a sus usuarios el migrar a productos de la competencia (o, incluso, atacar a directamente a ésta para eliminarla). No tiene por qué creerme, pero le pido por favor que indague un poco más al respecto con la promesa de que encontrará gran cantidad de evidencia.

En el ya citado Microsoft Research Faculty Summit de 2009, Usted también se pronunció respecto de la «Agenda Digital» argentina:

La Agenda Digital no se construye desde el Estado. La Agenda Digital es impulsada desde el Estado, pero se construye con funcionarios y con las empresas privadas; con el sector privado articulando con el sector público para poder potenciar las inversiones de cada empresa —y también las inversiones que hace el propio Estado— para achicar la brecha digital, en lo que yo denomino —y reitero— como la segunda alfabetización.

Comete Usted —nuevamente, según mi opinión— un grave error. La «Agenda Digital» —esto es, las estrategias a seguir por la Argentina a fin de maximizar el beneficio de las tecnologías informáticas y salvar la llamada «brecha digital»— no puede dejarse siquiera influir por empresas transnacionales. De la misma manera en que —supongo— no se permite que los laboratorios farmacológicos influyan en las políticas de salud, o que las editoriales de libros tengan demasiada injerencia en las políticas educativas; me tomo el atrevimiento de recomendarle que no preste demasiada atención a las aparentemente beneficiosas propuestas de empresas como Microsoft. Nuevamente, en referencia a la reunión que motivó esta carta, lo que ellos llaman «desarrollo sustentable» se refiere exclusivamente al desarrollo y la sustentabilidad de su negocio, no de nuestro país y, menos que menos, de nosotros sus pobladores. A Microsoft —como a tantos otros— no le interesa la «alfabetización digital» de los argentinos, sino solamente que utilicemos sus productos.

Le pido nuevamente que por favor se asesore sobre este tema. Se que entre los militantes de su partido hay varias personas que comparten las ideas que he expresado en este texto. Varios de ellos, reunidos bajo el eslogan «Software Libre con CFK», también le han escrito una carta abierta, con la cual coincido en términos generales.

Como referencias puntuales y particularmente relevantes, le sugiero indague sobre el incidente ocurrido en Venezuela cuando Microsoft entregó a la embajada de los EE.UU. documentos de la empresa PDVSA. También puede consultar al Dr. Hugo Scolnik (creador del Departamento de Computación de la UBA) sobre la relación entre Microsoft y la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA). Y luego, por favor, ponga estos hechos a la par de la decisión del Ministerio de Defensa, en el año 2010, de utilizar productos de Microsoft en toda la plataforma de comunicaciones de las Fuerzas Armadas.

También me permito sugerirle la lectura de un artículo de mi autoría —escrito hace ya nueve años— en el que podrá encontrar más información sobre Bill Gates, los comienzos de Microsoft y la construcción de su fortuna. (Las referencias citadas son mucho más valiosas que el texto propiamente dicho).

Es mi deseo que esta modesta carta contribuya a que revea su opinión sobre el rol de Bill Gates en el desarrollo de la informática y el conocimiento, pero fundamentalmente con respecto a la participación que Microsoft deba tener en la definición de la agenda digital y otras decisiones estratégicas de nuestro país.

Quedando a su disposición, me despido de Usted agradeciéndole el tiempo dedicado a la lectura de esta carta y saludándole muy atentamente.

Javier Smaldone

Adenda (20 de febrero de 2013)

Hoy, con mucho pesar, he recibido la siguiente noticia:

La empresa internacional Microsoft, que provee el software a las computadoras de este plan [Conectar Igualdad], estima un crecimiento por encima del 20% en la Argentina durante 2013.

Microsoft sigue avanzando en la Argentina, estimando un crecimiento de nada menos que un 20% en un solo año. Y esto es anunciado por una agencia de noticias gubernamental como un gran avance.

El uso de software bajo condiciones de licenciamiento restrictivas (como las del llamado software privativo) es inaceptable en un estado democrático y republicano. A continuación, el por qué.

Razones por las que el Estado debe usar software libre

Resumen

Existen dos modos predominantes de licenciamiento de software: el libre y el privativo. El libre es aquel que respeta el derecho del usuario de usar, distribuir y modificar los programas. El privativo es aquel que restringe los derechos del usuario al mero uso de la funcionalidad del programa, bajo condiciones determinadas al solo criterio del dueño de los derechos de autor. Los derechos otorgados al usuario bajo una licencia privativa son insuficientes para las necesidades operativas del Estado. El software libre ofrece ventajas de índole económica, social, operativa y de seguridad nacional que hacen imperativo su uso en forma exclusiva en todas las áreas de la administración pública.

Software libre y software privativo

El software, como mercadería, por lo general no está a la venta. Lo que el usuario adquiere, a través de una erogación monetaria o sin ella, es una licencia respecto de los usos que puede dar a los programas en cuestión. Nótese que esto es a diferencia de, por ejemplo, un libro o un disco, mercaderías en las que el cliente adquiere título real sobre algo que puede prestar, regalar, revender, citar, alquilar, resumir, etc.: al «comprar un programa», el usuario por regla general no adquiere derecho de propiedad alguno, en muchos casos ni siquiera pasa a ser propietario del medio magnético u óptico en el que el sofware es entregado, que continúa siendo propiedad del autor original.

La licencia de uso de un programa en particular regula las maneras en las que el usuario puede utilizarlo. Si bien la variedad de tipos de licencia abarca todo el rango de posibilidades, desde las condiciones más leoninas hasta las más liberales, se las puede clasificar en dos grandes categorías: por un lado están las licencias conocidas como «libres», y por otro las «privativas». La gran diferencia entre estos tipos de licencia consiste en que un software licenciado de modo privativo por lo general otorga al usuario solamente el derecho de ejecutar el programa «tal como es» (es decir, con errores incluídos) en determinada computadora, prohibiendo expresamente todo otro uso, mientras que el software gobernado por una licencia libre permite al usuario no solo ejecutar el programa en tantas computadoras como desee, sino también copiarlo, inspeccionarlo, modificarlo, mejorarlo, corregir errores y distribuirlo, o contratar a alguien para que lo haga por él.

Estos derechos adicionales son herramientas clave e indispensables de todo software que vaya a ser usado en el entorno de la administración pública.

El software y la Seguridad Nacional

Para cumplir con sus funciones, el Estado debe almacenar y procesar información relativa a los ciudadanos. La relación entre el individuo y el Estado depende de la privacidad e integridad de estos datos, que por consiguiente deben ser adecuadamente resguardados contra tres riesgos específicos:

• Riesgo de filtración: los datos confidenciales deben ser tratados de tal manera que el acceso a ellos sea posible exclusivamente para las personas e instituciones autorizadas.
• Riesgo de imposibilidad de Acceso: los datos deben ser almacenados de tal forma que el acceso a ellos por parte de las personas e instituciones autorizadas esté garantizado durante toda la vida útil de la información.
• Riesgo de manipulación: la modificación de los datos debe estar restringida, nuevamente, a las personas e instituciones autorizadas.

La concreción de cualquiera de estas tres amenazas puede tener consecuencias graves tanto para el Estado como para el individuo. Cuando los datos son procesados electrónicamente, su vulnerabilidad a estos riesgos está dada por el software que lo procesa.

El software libre atiende las necesidades de la Seguridad Nacional

El software libre permite al usuario la inspección completa y exhaustiva del mecanismo mediante el cual procesa los datos. El interés en el mecanismo de procesamiento es mucho más que académico. Sin la posibilidad de la inspección, es imposible saber si el programa cumple meramente con su función, o si además incluye vulnerabilidades intencionales o accidentales que permitan a terceros acceder indebidamente a los datos, o impedir que los usuarios legítimos de la información puedan usarlo. Este peligro puede parecer exótico, sin embargo es muy concreto, y hay antecedentes documentados.

El hecho de permitir la inspección del programa es una excelente medida de seguridad, ya que al estar expuestos los mecanismos, estos están constantemente a la vista de profesionales capacitados, con lo que se vuelve inmensamente más difícil ocultar funciones maliciosas, aún si el usuario final no se toma el trabajo de buscarlas él mismo.

Al adquirir una licencia de uso de software privativo, en cambio, el usuario obtiene el derecho a ejecutar el programa en una computadora, pero no a conocer el mecanismo mediante el que el programa opera. Un elemento esencial de toda licencia privativa es la prohibición expresa al usuario de acaso intentar descubrir la manera en la que el programa funciona. Esta limitación puede ser razonable para un programa de juego, pero es inaceptable en todos aquellos casos en los que el programa maneja información útil, ya que al estar impedido de inspeccionarlo, al usuario sólo le queda la posibilidad de confiar en que sus proveedores, y también todos y cada uno de los empleados de sus proveedores, e incluso las entidades gubernamentales bajo las que su proveedores operan, se comporten de manera impecable y priorizando la seguridad del cliente aún por encima de sus propios intereses comerciales, nacionales o estratégicos. Esta confianza ya ha sido rota repetidas veces. Valgan dos ejemplos de la larguísima lista, ambos ampliamente documentados:

La «puerta trasera» de Interbase

El sistema de base de datos conocido como «Interbase» fue comercializado por muchos años por la firma Borland bajo una licencia privativa, en la cual se prohibía al usuario la inspección del programa. Durante el año 2000, sin embargo, Borland decidió publicar el programa bajo una licencia libre, gracias a la cual el programa está hoy a disposición del público en general, y está siendo sometido a escrutinio por programadores de todo el mundo. Recientemente, este escrutinio arrojó como resultado que durante al menos seis años, Borland había entregado a sus clientes (clientes que habían pagado por el privilegio de usar su software) un programa que contenía una «puerta trasera», es decir un mecanismo oculto mediante el cual los conocedores del secreto podían forzar la entrada al sistema y manipular los datos del cliente a su antojo.

Nunca quedó claro si la puerta trasera había sido instalada con conocimiento de la dirección de la empresa o no. El hecho de haber hecho público el programa sin haber eliminado previamente esas funciones (en cuanto evidencia incriminatoria) sugiere que éstas fueron incorporadas al producto por algún programador anónimo, sin autorización de la empresa. De lo que no caben dudas es de que la intención fue maliciosa, y los usuarios de este producto estuvieron, sin saberlo, varios años a merced de los iniciados en el secreto. Hoy, gracias a que el programa está disponible bajo una licencia libre, la puerta trasera pudo ser cerrada.

[Fuente: http://www.kb.cert.org/vuls/id/247371]

Windows NT incluye una clave criptográfica atribuible a la NSA

La National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional, más conocida como NSA) de los EEUU es una poderosa entidad de contraespionaje, cuyas atribuciones incluyen, por ejemplo, la de dejar temporariamente sin efecto las garantías constitucionales de los ciudadanos, y que restringe fuertemente la comercialización de dispositivos de seguridad, en
particular de encripción de datos. Es gracias a la NSA que es ilegal exportar tecnología de encripción «fuerte» de datos desde de los EEUU, salvo algunas excepciones. Una de estas excepciones es el software de seguridad incluído con Microsoft Windows NT, que se comercializa bajo una licencia de tipo privativa.

El mecanismo de seguridad de NT permite agregar mecanismos de encripción al sistema, pero sólo si esos mecanismos han sido previamente «firmados» digitalmente por Microsoft Corp., lo que puede ser interpretado como una medida razonable para asegurar al usuario que el mecanismo está intacto y no ha sido alterado antes de la instalación.

El hecho de que esté prohibido analizar el funcionamiento de un programa no quiere decir que nadie lo haga, y menos cuando de seguridad se trata. Especialistas en seguridad inspeccionaron, con gran esfuerzo y probablemente en violación de la ley, el mecanismo de seguridad de Windows NT, y descubrieron el lugar donde está almacenada la «clave pública» mediante la cual el programa puede determinar si la «firma digital» es auténtica o no. Lo curioso es que descubrieron que, junto a esta clave pública, había almacenada una segunda, de origen y función desconocidos. Esto llamó la atención de alguna gente, pero siendo imposible determinar para qué servía la segunda clave, la cosa pasó relativamente inadvertida.

Un tiempo después, Microsoft liberó el fatídico «Service Pack 5», una actualización del sistema operativo, y lo puso a disposición del público a través de Internet. Lo particular del caso es que, durante el proceso de producción de esta actualización, algún empleado de Microsoft se olvidó de llevar a cabo un paso de «limpieza previa» de los programas. El objetivo de esta limpieza es eliminar del programa todo rastro de los nombres con los que el programa se refiere a cada elemento de datos. La omisión del paso de limpieza permitió a los especialistas originales corroborar que lo que habían encontrado era la clave pública de Microsoft, ya que el sistema se refería a ese item de datos bajo el nombre «MS_KEY» (abreviatra de «Microsoft Key», o «Clave de Microsoft»). La sorpresa fue grande, sin ambargo, cuando vieron que el nombre de la segunda clave era «NSA_KEY» («Clave de la NSA»).

Microsoft salió por cierto al cruce de la acusación de haber incluído una clave de la NSA en Windows NT, alegando que esa segunda clave era también de Microsoft, pero nunca ofreció una explicación satisfactoria para el nombre de la clave, ni indicación alguna de su función. Concretamente, no sabemos si la NSA tiene o no una puerta trasera a todas las computadoras que operan con Windows NT (y subsiguientes) del planeta, pero existe suficiente evidencia circunstancial como para preocuparse, sobre todo para entidades que manejan datos confidenciales, ya que la única suposición que puede hacerse sin comprometer su seguridad es que la NSA tiene completo acceso a ella.

[Fuente: http://www.f-secure.com/news/1999/19990906.htm]

El software y la dependencia tecnológica

Son muchas y conocidas las ventajas aportadas por la adopción de herramientas de procesamiento de datos. Pero una vez comenzada la informatización de una tarea, la computadora se vuelve imprescindible, y la tarea pasa a depender de su disponibilidad. Si la institución que usa la aplicación no tiene libertad de contratación en lo que se refiere a ampliaciones y correcciones del sistema, se produce una dependecia tecnológica en la que el proveedor está en condiciones de dictar unilateralmente términos, plazos y precios.

Una forma particularmente insidiosa de esta dependencia tecnológica se produce a través de la manera en que se almacenan los datos. Si el programa usa un formato de almacenamiento estándard, entonces el usuario puede estar seguro de que en el futuro podrá seguir descifrando la información. Si, por el contrario, los datos se almacenan en un formato secreto, el usuario queda atrapado en un determinado proveedor, que es el unico que puede ofrecer alguna garantía de acceso a ellos.

El software libre permite al usuario el control de su destino

Las licencias libres no sólo habilitan al usuario para la ejecución del software, sino que le permiten utilizarlo de muchas otras maneras. Entre ellas, el usuario tiene derecho a inspeccionar el programa a su antojo, y por ese sencillo mecanismo (si no por otros más poderosos, como la adhesión a standards), transparenta los formatos de almacenamiento de datos, de modo que el usuario tiene la tranquilidad de que siempre podrá acceder a ellos, y de que los desarrolladores de programas que interactúan con los suyos siempre dispondrán de documentación completa y correcta para asegurar una comunicación sin problemas.

Además, el software libre permite al usuario corregir y modificar el programa para adecuarlo a sus necesidades. Esta libertad no está destinada solamente a los programadores. Si bien son éstos los que pueden capitalizarla en primera mano, los usuarios también se benefician enormemente, porque de esta manera pueden contratar a cualquier programador (no necesariamente al autor original) para que corrija errores o añada funcionalidad. Las personas que puede contratar no sólo no tienen exclusividad alguna sobre la posibilidad de contratación, sino que tampoco la adquieren a partir de sus modificaciones. De esta manera, el usuario puede asignar sus recursos a resolver sus necesidades de acuerdo a sus propias prioridades, pidiendo varias cotizaciones y quedándose con aquella que le ofrezca mejor relación precio/prestación, sin exponerse a chantajes y extorsiones.

El efecto de red + formatos secretos = monopolio

Todo programa de computadora, y en especial aquellos que se utilizan para comunicar información (procesadores de texto, planillas de cálculo, administradores de correo electrónico, navegadores de Internet, gestores de bases de datos, etc.), exhiben lo que técnicamente se conoce como «network effect» o «efecto de red». Esto es: su utilidad aumenta con la cantidad de personas que lo usa, es decir con el tamaño de la «red de usuarios» del programa. Los proveedores de software privativo conocen esto muy bien, y todos ellos utilizan el mismo mecanismo para aprovecharlo: en cuanto alcanzan una porción significativa del mercado, comienzan a almacenar los datos en un formato secreto.

Detengámonos un momento en este punto, para saborear lo que esto implica: los datos del usuario, datos en los que el autor del software no tuvo ninguna participación, son codificados y almacenados en un formato secreto, propiedad del autor del programa, y que el usuario no tiene derecho a investigar.

Lo que ocurre aquí es que los datos del usuario están siendo tomados como rehén por el productor de software: dado que el formato es secreto, la única manera que el usuario tiene de asegurarse que aún en el futuro podrá acceder a esos datos, es a través de continuar usando programas de ese autor, y no de otro. Es cierto: muchos programas ofrecen la posibilidad de leer documentos codificados en formatos foráneos (por ejemplo, WordPerfect y Word pueden cada uno leer archivos creados por el otro), esta función es por lo general incompleta (es común la pérdida de imágenes, fuentes, etc.) y poco confiable, perdiendo a menudo información que estaba presente bajo la aplicación original, pero que no aparece en la nueva.

El objetivo que el autor de software privativo persigue con esta estrategia es que la comunicación más perfecta y sencilla se produzca exclusivamente entre usuarios del mismo programa. Lo peor es que la estrategia funciona. La razón más citada para usar Microsoft Word es que «es la única manera de intercambiar datos cómodamente con el resto del mundo», independientemente de la calidad o el precio del producto. Si Word almacenara los datos siempre en un formato público (lo que sería perfectamente factible), el usuario podría elegir cuál programa es el que mejor satisface sus necesidades, independientemente de cuánta gente lo usa. Por cierto, Word es solo un ejemplo. Si no fuera Word el programa dominante de la categoría, habría otro que estaría en su lugar, y el argumento seguiría valiendo con la misma fuerza, dado que el software privativo, como mecanismo, conduce inevitablemente al monopolio.

La licencia limitada de uso deja inerme al usuario

Es conocido que los programas de computadora a menudo contienen errores, y que no siempre se adecúan perfectamente a las necesidades del usuario. El cliente de software privativo, que ha adquirido meramente una licencia limitada de uso, no tiene otro remedio que recurrir al autor del programa, en la esperanza de que éste se sienta inclinado a corregir la situación en tiempo y forma (recordemos que la licencia de uso del software es «tal como está», de modo que el autor no tiene obligación de corregir eventuales errores). A veces, el usuario está en condiciones de incentivar al autor a corregir un error o agregar una función que necesita, pagándole por que lo haga, pero hay obstáculos:

• casi siempre, el usuario es una organización mucho más chica y menos poderosa que el autor, de modo que su capacidad de incentivarlo es muy limitada
• el autor es la única organización que tiene derecho a corregir y modificar el programa, por lo que puede dictar precio, condiciones y plazos a su antojo
• aún cuando el usuario pague por el desarrollo del arreglo o de la nueva función, la propiedad intelectual sigue siendo exclusivamente del autor, que seguirá lucrando con la nueva funcionalidad adquirida con el dinero del cliente

En otras palabras, el usuario está a merced del autor del software, que puede atender sus necesidades o no de acuerdo a su sola discreción.

Peor aún, al estar los datos codificados en un formato secreto, el usuario depende absolutamente de que el propietario del software continúe permitiéndole el uso de los programas, porque de otra manera no puede acceder a su propia información. El propietario del software tiene, a todos los efectos prácticos, la potestad de decidir si
un usuario determinado puede acceder o no a los datos que él mismo elaboró.

El software privativo fuerza decisiones que deberían ser del usuario

El software privativo se licencia de tal modo que sólo puede ejecutarse en un determinado tipo de computadora, o sistema operativo. La elección de qué combinación de computadora y sistema operativo queda enteramente a discreción del propietario del programa: nadie puede obligarlo a hacer que su programa esté disponible para tal o cual plataforma, y como la licencia es meramente de uso, y no de modificación, tampoco es posible llevarlo uno mismo a la plataforma de elección. Este hecho, combinado con el monopolio inevitable al que conduce el efecto de red, hace que la elección del usuario esté dictada por las decisiones del propietario del software dominante, en vez de ser hecha en base a sus propias necesidades. Esto es claramente visible en el mercado de computadoras de escritorio, en el que la predominancia de Windows ha convertido a las computadoras basadas en procesadores de la familia Intel aparezcan al ojo no entrenado como la única alternativa viable.

De la misma manera, valiéndose del mismo mecanismo de almacenar datos en formatos secretos que pueden cambiar a discreción, sin necesidad de autorización, los productores de software privativo periódicamente obligan a sus clientes a adquirir actualizaciones innecesarias de sus programas. El recurso es simple: comercializan una versión nueva del producto, y retiran la vieja del mercado. La nueva versión usa un nuevo formato, incompatible con el anterior. El resultado es que el usuario, aún si está conforme con las prestaciones de la versión con la que cuenta, no tiene más remedio que adquirir la versión más «moderna», porque es la única forma que tiene de leer los archivos que le envían sus conocidos y colegas que tienen la versión nueva.

Por cierto, a menudo estas actualizaciones forzadas traen aparejadas otras, porque el nuevo software tiene requerimientos de hardware más ambiciosos, y consume más memoria, o necesita un procesador más rápido, causando gastos innecesarios, etc.

El ciudadano argentino debe pagar una licencia a Microsoft para poder cumplir con sus deberes impositivos

Uno de los ejemplos más patéticos de esta dependencia tecnológica puede verse en la misma legislación argentina. Desde hace un tiempo, la AFIP exige a los contribuyentes la presentación de diversas declaraciones en formato digital. La idea, por cierto, es razonable, pero la manera en la que la AFIP la implementó es tal que exige que la presentación sea hecha exclusivamente a través de la ejecución de programas específicos provistos por esa organización. Estos programas, es cierto, son gratuitos, pero entre sus requerimientos de ejecución se incluyen, como sistemas operativos, exclusivamente «Windows 95, 98 o superior». Es decir que el Estado está exigiendo a los ciudadanos que compren un determinado producto de un determinado proveedor al sólo fin de poder cumplir sus obligaciones impositivas. Esto es equivalente a dictar que los formularios no digitales sólo pueden ser completados usando lapiceras fuente marca «Mont Blanc».

El software y el desarrollo local

Si el usuario está habilitado para ejecutar un programa, pero no para inspeccionarlo ni modificarlo, entonces no puede aprender de él, se vuelve dependiente de una tecnología que no sólo no comprende sino que le está expresamente vedada. Los profesionales de su entorno, que podrían ayudarlo a alcanzar sus metas, están igualmente limitados: como el funcionamiento del programa es secreto, y su inspección está prohibida, no es posible arreglarlo. De esa manera, los profesionales locales ven sus posibilidades de ofrecer valor agregado cada vez más limitadas, y sus horizontes laborales se estrechan junto con sus chances de aprender más.

Está roto, y no se puede arreglar

Probablemente toda persona que usa una computadora con software privativo conoce la situación: está trabajando, cuando de repente el programa que opera se «cuelga» sin razón aparente. Aquellos lo suficientemente afortunados como para contar con personal de soporte técnico, o con amigos enterados, suelen acudir a ellos en busca de ayuda, al menos las primeras veces. Pero ante esta situación el técnico apenas alcanza a diagnosticar «se colgó» (gracias, no nos habíamos dado cuenta) y a oprimir el botón de «reset». Los datos que el usuario había compilado laboriosamente a lo largo de las últimas cuatro horas están irremediablemente perdidos. La frustración es mucha. ¿Para qué estudian tanto y se dan aires de sabihondos, si no saben arreglar una cosa cotidiana como esta? La máquina ahora anda (rengueando), pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que se descomponga de nuevo?

Lamentablemente, los profesionales locales no pueden dar respuesta a estos problemas, porque el conocimiento necesario para darla está restringido a los empleados del propietario de los programas en juego. Es cierto: los propietarios ofrecen onerosos cursos en los que capacitan profesionales para resolver problemas, pero ellos dictan la profundidad de esos cursos, nunca revelan todos los detalles, y no proveen ninguna manera de corroborar que lo que enseñan es realmente correcto. En suma, nadie sabe exactamente qué pasa, solamente sospecha. Y aún si una de estas sospechas fuera correcta, aún en el improbable caso de que alguien, fortuitamente, descubriera la causa de un determinado error y pudiera eliminarlo para siempre… ¡Tendría prohibido hacerlo!

El software privativo reduce a los profesionales locales al papel de «monos de apretar reset».

El software libre fomenta el desarrollo local y se nutre del global

El cliente que exige a un profesional local que le dé soporte sobre un programa privativo está pidiendo lo imposible. Si lo que necesita es un campo fértil de profesionales competentes, que conozcan a fondo los productos que soportan, y que estén en condiciones de ofrecer soluciones definitivas a los problemas que surjan, y no meros parches, estará en mucho mejores manos adoptando software libre para su operación.

Al usar software libre, que los profesionales pueden analizar a fondo, comprender y mejorar, el usuario queda en posición de poder exigirle al personal de soporte que los sistemas cumplan su tarea a la perfección. Ya no cabe la excusa «lo que pasa es que se cae el XXX», donde XXX es cada día una nueva y oscura componente sobre la que el profesional no tiene control, y por ende responsabilidad. Aquí está todo abierto, todo el que quiere puede aprender, todo el que quiere puede colaborar, y si alguien no sabe es porque no quiso aprender, no porque alguien le ocultó la información necesaria para cumplir con su tarea.

Es cierto que no existen aún soluciones libres para todas la necesidades de los usuarios. Si vamos al caso, tampoco existen soluciones privativas para todas las necesidades. En aquellos casos en que la solución libre no existe, hay que desarrollarla, lo que significa esperar a que alguien más tropiece con la necesidad y lo desarrolle, o desarrollarlo uno mismo (o lo que es igual, pagar para que alguien lo desarrolle). La diferencia está en que en aquellos casos en que sí hay una solución libre disponible, el usuario puede utilizarla inmediatamente y sin reparos de ningún tipo, mientras que con las soluciones privativas siempre tiene que pagar, y lo que obtiene a cambio es una «solución» cerrada y secreta, en vez de una herramienta que le permita crecer y operar con seguridad y libertad.

El software libre sienta las bases para un desarrollo sólido y autónomo de los profesionales locales que ofrecen soluciones.

El software y la capacidad operativa

Una vez que se introduce la informática en una tarea, comienza a hacerse imprescindible. Esto se debe en gran parte a que los datos almacenados en medios digitales son, a diferencia de aquellos registrados en papel, imposibles de descifrar cuando la computadora no está funcionando. Por ello, es esencial que los medios técnicos de procesamiento de datos estén a disposición del usuario, de lo contrario éste se ve imposibilitado de cumplir con su tarea.

«Se cayó el sistema»

Nadie se asombra ya de perder horas de trabajo porque debió reiniciar su sistema, ni de que sus datos desaparezcan (junto con los de varios colegas) debido a la acción de un virus, ni de las colas detenidas porque la computadora no responde. El usuario está resignado, y acepta estos problemas como parte del precio a pagar por el uso de la herramienta. Sin embargo, ninguna de estas fallas es inherente a las computadoras: son tan solo la expresión tangible de la impotencia del usuario final ante las fallas de un mecanismo sobre el que no tiene ningún control, y del que depende para poder llevar a cabo su tarea.

Esta falta de control alcanza niveles grotescos. Tomemos como ejemplo el sistema de emisión de pasaportes de la Policía Federal. Cuando argentinos que viven en el exterior tienen un hijo en un país que se rige por el Jus Sanguinis, digamos Alemania, el niño no es argentino ni alemán, es apátrida. Alemania se rehúsa a emitir un pasaporte para el niño. Argentina sí lo emite, pero a la hora de ingresar la nacionalidad del niño, el programa carece de la opción «apátrida», por lo cual se lo anota como alemán, decisión tan arbitraria como designarlo hindú. En síntesis, tenemos aquí un caso en el que el defecto de un programa de software modifica de hecho la legislación.

El software libre permite operar correcta y eficientemente

La clave de la operatividad está en el control. El software libre es en general mucho más robusto que sus contrapartes privativas sencillamente porque cuando los usuarios encuentran un defecto lo pueden arreglar (o hacer arreglar) de acuerdo a sus propios intereses. Y al ser la corrección libre, al igual que el programa original, basta con que algún usuario en el planeta encuentre méritos para resolver el problema para que esté solucionado para todos los demás. El usuario puede adaptar el programa a sus necesidades sin pedirle permiso a nadie, eligiendo plazos, presupuestos y proveedores de acuerdo a sus posibilidades y prioridades, y resolviendo sus problemas de una vez por
todas, en vez de continuar luchando contra ellos cotidianamente.

El costo del software

El software no sólo cuesta un precio de adquisición de licencia. También cuesta mantenerlo, operarlo, ajustarlo. Es importante para el usuario el poder mantener estos costos bajo control, pues de lo contrario puede llegar a verse impedido de llevar a cabo sus metas, a fuerza de erogaciones no planificadas.

El software libre es del usuario

Un detalle simpático del software libre, consecuencia directa de las características que ya hemos discutido, es que su uso es libre: todo aquel que lo tiene en su poder puede usarlo cuantas veces quiera, en cuantas máquinas quiera, a los fines que quiera. De esta manera, utilizando software libre, el usuario se libera de toda dependencia de un proveedor único, y puede administrar su crecimiento y operación con total autonomía, sin temor de costos ocultos ni extorsiones.

El dueño de la pelota

Todas las desventajas comparativas del software privativo respecto del software libre que hemos mencionado se traducen materialmente en perjuicios económicos para el usuario, en términos de horas de trabajo perdidas, falta de capacidad de reacción, decisiones forzadas, dependencia tecnológica, inseguridad de datos, actualizaciones innecesarias, etc. A esto se suman los costos de licencia, tanto los ostensibles como los ocultos.

La licencia limitada de uso bajo la que se comercializa el software privativo no solo es onerosa, sino que además coloca al usuario en multitud de problemas. Por ejemplo, la obligación de pagar nuevamente al proveedor del sistema cada vez que expande su operación, pese a que éste no aporta nada nuevo. Peor aún, el proveedor obliga al cliente a hacer su propia auditoría respecto de la correcta aplicación de las licencias. Este problema se agrava debido a la falta de provisión, por parte del titular de los derechos de autor, de herramientas efectivas para controlar el uso de software, de modo que, a medida que aumenta la cantidad de máquinas y usuarios, este mismo control se va haciendo cada vez más caro, hasta superar los costos de la misma licencia.

El software y el Estado

La argumentación citada es por cierto aplicable a todo tipo de organizaciones grandes y pequeñas. Pero lo que en el emprendimiento privado es mera conveniencia, para el Estado se vuelve crucial. El Estado administra información pública y privada acerca de los ciudadanos, y simultáneamente propiedad de los ciudadanos. La inseguridad intrínseca en la operación «secreta» del software privativo implica exponer estos datos a un riesgo injustificable de sustracción y alteración.

También desde los puntos de vista social y estratégico es imperativo el uso de software libre. Es la única manera de garantizar no sólo la democratización del acceso a la información y los sistemas del Estado, sino también la competitividad de la industria local de software, potencial fuente de trabajo de altísimo valor agregado. Creemos importante destacar que no es esta una medida proteccionista: independientemente de su origen, se trata de privilegiar aquel software cuya licencia alienta la participación y colaboración de profesionales del medio en vez de discriminarlos, a la vez que estimula la competencia.

La dependencia tecnológica emergente de la naturaleza del software privativo es claramente inaceptable para el Estado. Ya hay instituciones torciendo las leyes para adaptarlas al software que les vendieron. Los contribuyentes nos vemos forzados a adquirir software de una determinada marca y modelo al solo efecto de cumplir nuestras obligaciones tributarias. El Estado está expuesto al chantaje a través de la información que tiene almacenada en formatos privativos secretos, al sabotaje a través de vulnerabilidades deliberadas, y todo esto a pesar de estar disponibles las herramientas y los conocimientos necesarios para no estar expuestos a estos problemas.

El Estado, por su envergadura y por su papel de administrador de los bienes comunes, es particularmente vulnerable a los riesgos del software privativo, a la vez que está en una posición particularmente estratégica para beneficiarse con las ventajas del software libre, y también para contribuir a su desarrollo. Pongamos por ejemplo a las provincias, todas embarcadas en costosísimos programas de informatización, que podrían formar un conglomerado para financiar el desarrollo de una solución libre a su problemática, y compartirla entre todas. El Estado Nacional está en una situación similar, si contamos con el hecho de que las distintas reparticiones regionales de un mismo ente requieren licencias de uso de software adicionales.

Estado de desarrollo del software libre

Actualmente, existen soluciones de software libre listas para instalar y usar en las siguientes funciones, entre muchas otras:

• Estación de trabajo
• Infraestructura de red (para máquinas Linux, Windows, Macintosh, Unix, etc.)
  • Servidor de archivos
  • Servidor de impresoras
  • Servidor de correo electrónico
  • Servidor de WWW
  • Servidor de acceso a Internet
• Gestión de bases de datos
• Desarrollo de software
• Gestión de oficina (procesador de la palabra, hoja de cálculo, etc.)
• Correo electrónico y comunicaciones en general
• Navegación de Internet

Por cierto, no existen aún soluciones libres para todos y cada uno de las necesidades que podamos imaginar, pero eso también es cierto del software privativo. En estos casos, la respuesta es, claramente, desarrollarlo, creando una solución duradera, que nos permita crecer y administrar nuestros datos con seguridad y libertad.

Copyright

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Una copia de la licencia está incluida en la sección titulada «GNU Free Documentation License».

GNU Free Documentation License:http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html

De lo que parecen no enterarse quienes exponen una y otra vez los mismos argumentos contra este tipo de iniciativas, es que ya han sido refutados hace mucho tiempo. Por esto, me pareció buena idea rescatar del recuerdo la excelente respuesta que en abril de 2002 enviara al Gerente de Microsoft Perú, el congresista peruano Edgar Villanueva Nuñez (haciendo gala de una simpleza y una lógica exquisitas) quien impulsaba un proyecto de ley de este tipo en su país.

Aclaración: Al final del artículo se incluye la carta original como referencia, pero la respuesta cita cada uno de los puntos expuestos, por lo que no es necesaria su lectura previa.

Respuesta del congresista Villanueva Nuñez a Microsoft Perú

Lima, 08 de Abril del 2002.

Señor Juan Alberto González
Gerente General de Microsoft del Perú
Presente

Estimado Señor.

Ante todo, agradezco su carta del 25 de Marzo del 2002 donde manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al Proyecto de Ley Nº 1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se halla inspirada en el deseo de que el Perú logre situarse adecuadamente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me permito contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta.

Sin dejar de reconocer que opiniones como la suya constituyen un aporte significativo, me hubiese resultado aun mas valioso si, además de formular objeciones de índole general (que luego analizaremos en detalle) hubiera agregado argumentos sólidos sobre las ventajas que el software propietario puede reportar al Estado Peruano y a sus ciudadanos en general, pues ello habría permitido un intercambio a todas luces más esclarecedor respecto de cada una nuestras posiciones.

Con el objetivo de ordenar el debate, asumiremos que lo que Ud. llama «software de código abierto» es lo que el Proyecto define como «software libre», puesto que existe software cuyo código es distribuido junto con los programas, pero no encaja en la definición establecida en el Proyecto; y lo que Ud. llama «software comercial» es lo que el Proyecto define como «propietario» o «no libre», puesto que existe software libre que se comercializa en el mercado por un precio como cualquier otro bien o servicio.

También es preciso dejar en claro que el propósito del Proyecto al que nos referimos no está directamente relacionado con la cantidad de ahorro directo que pueda obtenerse por el empleo de software libre en las instituciones estatales. Este es en todo caso, un valor agregado marginal, pero de ninguna manera el foco del objetivo del Proyecto. Los principios elementales que animan al Proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho, como:

• Libre acceso del ciudadano a la información pública.
• Perennidad de los datos públicos.
• Seguridad del Estado y de los ciudadanos.

Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la creación de software libre compatible.

Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente.

Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con código espía.

Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el estado, cuanto en su condición de consumidores. En este ultimo caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa de software libre desprovisto de potencial código espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales.

En este sentido, el Proyecto de Ley se limita a establecer las condiciones en que los organismos estatales adquirirán software en el futuro, es decir, de un modo compatible con la garantía de esos principios básicos.

De la lectura del Proyecto quedará claro que una vez aprobada:

• la ley no prohibe la producción de software propietario
• la ley no prohibe el comercio de software propietario
• la ley no dicta cuál software concreto usar
• la ley no dicta a que proveedor se compra el software
• la ley no limita los términos en que se puede licenciar un producto de software.

Lo que el proyecto expresa claramente es que, el software para ser aceptable para el Estado, no basta con que sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea, sino que además las condiciones de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos para su normal desempeño.

Estamos de acuerdo Sr. González, en el hecho de que la tecnología de información y comunicaciones tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos significativo (sin que por ello sea siempre positivo o de efecto neutro). También coincidiremos seguramente, en que los valores básicos que he señalado arriba son fundamentales en una nación democrática como el Perú. Desde luego estamos muy interesados en conocer cualquier forma alternativa de garantizar estos principios, que no sea la de recurrir al empleo de software libre en los términos definidos en el Proyecto de Ley.

En cuanto a las observaciones que Ud. formula, pasaremos ahora a analizarlas en detalle:

En primer lugar, señala que:

«1. El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la constitución.».

Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el proyecto afecta los derechos que Ud. enumera; sólo se limita a establecer condiciones para el empleo del software por parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado, pues precisamente esta limitado en su accionar por el deber de transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la materia.

El Proyecto protege la igualdad ante la Ley, pues ninguna persona natural o jurídica esta excluida del derecho de ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en el Proyecto y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).

El Proyecto no introduce discriminación alguna, pues sólo establece cómo han de proveerse estos bienes (lo cual es una potestad estatal) y no quién ha de proveerlos (lo que en efecto resultaría discriminatorio si se impusieran restricciones basadas en origen nacional, raza, religión, ideología, preferencia sexual, etc.) Por el contrario, el Proyecto es decididamente antidiscriminatorio. Es así porque al determinar sin lugar a dudas las condiciones de provisión del software, impide a los organismos estatales el uso de programas cuyo licenciamiento incluya condiciones discriminatorias.

Resulta obvio por lo expuesto en los dos párrafos previos, que el Proyecto no atenta contra la libre iniciativa privada, pues esta puede elegir siempre bajo que condiciones producirá el software; algunas de estas serán aceptables para el Estado, y otras no lo serán porque contrarían la garantía de los principios básicos enumerados arriba. Esta libre iniciativa es desde luego, compatible con la libertad de industria y con la libertad de contratación (en los términos acotados en que el Estado puede ejercer esta última). Cualquier sujeto privado puede producir software en las condiciones que el Estado lo requiere, o puede abstenerse de hacerlo. Nadie esta forzado a adoptar un modelo de producción, pero si desea proveer software al Estado, deberá proporcionar los mecanismos que garantizan los principios básicos, y que son los manifestados en el Proyecto.

A manera de ejemplo: nada en el texto del Proyecto impediría a su empresa ofrecer a los organismos del Estado su «suite» de oficina, en las condiciones definidas en el Proyecto y fijando el precio que ustedes consideren conveniente. Si no lo hiciera, no se deberá a restricciones impuestas por la ley, sino a decisiones empresariales respecto al modo de comercializar sus productos, decisiones, en que el Estado no tiene participación.

A continuación señala Ud. que:

«2. El proyecto, al hacer obligatorio el uso de software de código abierto, establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo en la contratación y adquisición de los organismos públicos…»

Esta afirmación no es sino una reiteración de la anterior, y por ende se encuentra contestada lineas arriba. Pero detengámonos un instante en su apreciación sobre el «tratamiento … no competitivo».

Por cierto, al definir cualquier tipo de adquisición, el comprador fija condiciones que se relacionan con el uso propuesto del bien o servicio. Desde luego ello excluye a ciertos fabricantes de la posibilidad de competir, pero no los excluye «a priori», sino en base a una serie de principios decididos por la voluntad autónoma del comprador, en tanto el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. Y en el Proyecto se estable que nadie esta excluido de competir en tanto garantice el cumplimiento de los principios básicos.

Además el Proyecto estimula la competencia, pues alienta a generar oferta de software con mejores condiciones de usabilidad, y a optimizar trabajos ya establecidos, en un modelo de mejora constante.

De otro lado, el aspecto central de la competitividad es la oportunidad de proporcionar al consumidor mejores opciones. Ahora bien, es imposible desconocer que el marketing no juega un papel neutral a la hora de presentar la oferta al mercado (pues admitir lo contrario habilitaría a suponer que las inversiones que las empresas realizan en marketing carecen de sentido), y por consiguiente un gasto significativo en este rubro puede influir las decisiones del comprador. Esta influencia del marketing queda en buena medida mitigada por el proyecto que propulsamos, pues la elección dentro del marco propuesto recae en el mérito técnico del producto y no en el esfuerzo de comercialización del productor; en este sentido, la competitividad se acentúa, pues el más pequeño productor de software puede competir en un pie de igualdad con la más poderosa de las corporaciones.

Es necesario recalcar que no hay posición más anti-competitiva que la de los grandes productores de software propietario, que frecuentemente abusan de su posición dominante, porque en innumerables casos proponen como soluciones a problemas planteados por los usuarios: «actualice su software a la nueva versión» (con cargo para el usuario, por supuesto); además, son comunes las interrupciones arbitrarias de asistencia técnica para productos que al sólo juicio del proveedor, son «antiguos»; luego para recibir algún grado de asistencia técnica, el usuario se ve obligado a migrar (con costo no trivial, especialmente porque suele involucrar cambios de la plataforma de hardware) a nuevas versiones. Y como toda la infraestructura esta consolidada en formatos de datos propietarios, el usuario queda «atrapado» en la necesidad de continuar empleando los productos del mismo proveedor, o realizar el enorme esfuerzo de cambiar a otro ambiente (también probablemente propietario).

Agrega Ud.:

«3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto sólo estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e internacionales que son las que verdaderamente realizan importantes inversiones, crean un significativo número de puestos de empleos directos e indirectos, además de contribuir al PBI vs. Un modelo de software de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez menor debido a que crea principalmente empleos en servicio.»

No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo que Ud. mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción, de por sí, invalidaría su postura. El modelo de servicios, adoptado por gran número de corporaciones en la industria informática, es mucho más significativo, en términos económicos y con tendencia creciente, que el licenciamiento de programas.

Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia libertad para elegir el modelo económico que mas convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversiones en marketing de los productores de software propietario.

Adicionalmente, de la lectura de su opinión se desprendería que el mercado Estatal es crucial e imprescindible para la industria del software propietario, a tal punto que la
opción que el Estado establece en este proyecto, eliminaría completamente del mercado a estas empresas. Si es así, deducimos que el Estado estaría subsidiando a la industria del software propietario. En el supuesto negado que esto fuese cierto, entonces el Estado tendría el derecho en aplicar los subsidios al área que considere de mayor valor social; resultaría innegable, en esta improbable hipótesis, que si el Estado decide subsidiar software debería hacerlo escogiendo el libre por encima del propietario, atendiendo a su efecto social y al uso racional de los dineros de los contribuyentes.

Respecto de los puestos de trabajo generados por el software propietario en países como el nuestro, estos tratan mayoritariamente tareas técnicas de poco valor agregado; a nivel local, los técnicos que prestan soporte a software propietario producido por empresas transnacionales no están en condiciones de solucionar un bug, no necesariamente por falta capacidad técnica o talento, sino porque no disponen del código fuente a reparar. Con software libre se crea empleo técnicamente más calificado y se genera un marco de libre competencia donde el éxito esta sólo vinculado a la capacidad de brindar buen soporte técnico y calidad de servicio, se estimula el mercado y se incrementa el patrimonio común del conocimiento, abriendo alternativas para generar servicios de mayor valor agregado y mejor perfil de calidad beneficiando a todos los actores: productores, prestadores de servicios y consumidores.

Es un fenómeno común en los países en vías de desarrollo que las industrias locales de software obtienen la mayoría de sus ingresos en el área de servicios, o en la construcción de software «ad hoc». Por lo tanto, cualquier impacto negativo que la aplicación del Proyecto pueda tener en este sector se verá compensado con creces por un aumento de la demanda de servicios (a condición de que estos sean prestados conforme a altos estándares de calidad). Desde luego, es probable que las empresas transnacionales de software si deciden no competir conforme a estas reglas de juego, sufran alguna disminución de ingresos en términos de facturación por licenciamiento; pero considerando, que estas empresas alegan sostenidamente que mucho del software empleado por el Estado fueron copiados ilegalmente, se verá que el impacto no ha de ser extremadamente serio. Ciertamente, en todo caso su fortuna estará determinada por leyes del mercado, cuyos cambios no es posible evitar; muchas empresas tradicionalmente asociadas con el software propietario ya han emprendido un camino firme (apoyado por cuantiosas inversiones) para prestar servicios asociados con el software libre, lo cual demuestra que los modelos no son mutuamente excluyentes.

Con este Proyecto el Estado está decidiendo que requiere preservar ciertos valores fundamentales. Y lo decide en base a sus potestades soberanas, sin afectar con ello ninguna de las garantías constitucionales. Si estos valores pueden ser garantizados sin tener que escoger un modelo económico dado, los efectos de la ley serían aun más beneficiosos. En todo caso debe quedar claro que el Estado no elige un modelo económico; si sucediera que existe un sólo modelo económico capaz de proveer software tal que satisfaga la garantía básicas de estos principios, se trataría de una circunstancia histórica y no de una decisión arbitraria en favor de un modelo dado.

Prosigue su carta:

«4. El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros.»

Aludir de forma abstracta «los peligros que pueda conllevar», sin especificar siquiera una sola instancia de esos supuestos peligros, denota cuando menos un desconocimiento del tema. Así, pues, permítame ilustrarlo sobre estos puntos.

Sobre seguridad:

En términos generales respecto la seguridad nacional, ya se mencionó inicialmente en los principios básicos del Proyecto. En términos más puntuales respecto de la seguridad del software en sí, es bien sabido que el software (propietario o libre) contiene errores de programación o «bugs» (en la jerga informática) en sus lineas de código. Pero también es público y notorio que los bugs en el software libre son menos, y se reparan mucho mas rápidamente, que en el software propietario. No en vano numerosas organismos públicos responsables por la seguridad informática de los sistemas estatales en países desarrollados prescriben el uso de software libre a iguales condiciones de seguridad y eficiencia.

Lo que resulta imposible probar es que el software propietario sea más seguro que el libre, salvo mediante el escrutinio publico y abierto de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demostración es imposible porque el propio modelo del software propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial) del propio productor o sus contratistas.

Corresponde recordar que, en numerosos casos, las condiciones de licenciamiento incluyen cláusulas de Non-Disclosure que impiden a los usuarios revelar abiertamente las fallas de seguridad halladas en el producto propietario licenciado.

Respecto a garantía:

Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el «End User License Agreement» de los productos que licencia, en la amplísima mayoría de los casos, las garantías están limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirectos, lucro cesante, etc.. Si como consecuencia de un bug de seguridad en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por Uds., un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado: ¿que garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento? Las garantías del software propietario, en tanto los programas se entregan «AS IS», es decir, en el estado en que se encuentran, sin ninguna responsabilidad adicional para el proveedor respecto a su funcionalidad, no difieren en modo alguno de las habituales en el software libre.

Sobre la propiedad intelectual:

Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes específicas. El modelo de software libre no implica en modo alguno desconocer estas leyes y de hecho, la amplísima mayoría del software libre está amparado por el copyright. En realidad, la sola inclusión de esta cuestión en sus observaciones demuestra su confusión respecto del marco legal en que se desenvuelve el software libre. La incorporación de propiedad intelectual ajena en obras que luego se atribuyen como propias no es una práctica de la que se tenga registro en la comunidad del software libre; si lo es, lamentablemente, en el terreno del software propietario. Valga a titulo de ejemplo la condena de la Corte Comercial de Nanterre, Francia, del pasado 27 de septiembre de 2001 a Microsoft Corp., por 3 millones de francos en concepto de daños e intereses, por violación de la propiedad intelectual (piratería, según el desafortunado término que su empresa suele usar en su publicidad).

Prosigue diciendo que:

«5. El proyecto maneja de manera errónea los conceptos de software de código abierto, que no necesariamente implica que sea software libre o de costo cero, llegando a realizar conclusiones equívocas sobre ahorros para el Estado, sin ningún sustento costo beneficio que valide la posición.»

Esta observación no es así, en principio la gratuidad y la libertad son conceptos ortogonales: hay software propietario y oneroso (por ejemplo, MS Office), software propietario y gratuito (MS Internet Explorer), software libre y oneroso (distribuciones RedHat, SuSE, etc. del sistema GNU/Linux), software libre y gratuito (Apache, OpenOffice, Mozilla), y aun software que se licencia bajo diferentes modalidades (MySQL).

Ciertamente que el software libre no es necesariamente gratuito. Y tampoco se desprende del texto del Proyecto que deba serlo como bien habrá notado después de leer la norma propuesta. Las definiciones incluidas en el Proyecto determinan claramente qué debe considerarse software libre, en ningún momento se refieren a la gratuidad. Si bien se mencionan las posibilidades de ahorro en términos de lo pagado por licencias de software propietario, los fundamentos del proyecto hacen clara mención a las garantías fundamentales que se pretende preservar y al estimulo del desarrollo tecnológico local. Puesto que un Estado democrático debe sostener estos principios, no le queda otra solución que emplear software cuyo código fuente está públicamente disponible e intercambiar información sólo en formatos standares.

Si el Estado no empleara software con esas características, estaría vulnerando principios republicanos básicos. Por fortuna, además, el software libre implica menores costos totales; pero aun en la hipótesis (fácilmente negada) de que costara más que el propietario, la sola existencia de una herramienta de software libre eficaz para una determinada función informática obligaría al Estado a usarla; no por imperio de este Proyecto de Ley, sino por los principios elementales que enumeramos al comienzo y que surgen de la esencia misma del Estado democrático de derecho.

Sigue Ud.:

«6. Es equivocado pensar que el Software de Código Abierto es gratuito. Investigaciones realizadas por Gartner Group (importante investigadora del mercado tecnológico reconocida a nivel mundial) han señalado que el costo de adquisición del software (sistema operativo y aplicaciones) se reduce a sólo 8% del total de costos que las empresas e instituciones deben asumir como consecuencia del uso racional y realmente provechoso de la tecnología. El otro 92% lo constituyen: costos de implantación, capacitación, soporte, mantenimiento, administración e inoperatividad.»

Este argumento repite lo ya señalado en el párrafo 5 y en parte se contradice con el párrafo 3. Por lo tanto nos remitiremos a lo allí dicho en homenaje a la brevedad. No obstante, permítame señalarle que incurre en una conclusión falsa en el plano lógico: que el costo de software según Gartner Group sea sólo el 8% en promedio del costo total de utilización, no invalida en forma alguna la existencia de software gratuito, esto es, aquel cuyo costo de licenciamiento es cero.

Además en este párrafo Ud. indica acertadamente que los componentes de servicio y las pérdidas por indisponibilidad conforman la parte sustancial del costo total de utilización de software; lo que, advertirá, entra en contradicción con su afirmación del valor mínimo de los servicios sugerido en el párrafo 3. Ahora bien, el empleo de software libre contribuye significativamente a disminuir los restantes costos del ciclo de vida. Esta reducción del impacto económico de despliegue, soporte, etc. se registra en varios campos; por un lado, el modelo competitivo de servicios del software libre, cuyo soporte y mantenimiento es posible contratar libremente entre una oferta variada que compite en función de la calidad y el menor costo. Esto es válido para la implantación, la capacitación y el soporte, y en buena medida para el mantenimiento. En segundo lugar, por la característica reproductiva del modelo, hace que el mantenimiento que se realizó en una aplicación sea replicable muy fácilmente, sin incurrir en mayores costos (es decir, sin pagar más de una vez por lo mismo) pues las modificaciones, si así se desea, quedan incorporadas al patrimonio común del conocimiento. En tercero, porque el enorme costo causado por la inoperatividad («pantallas azules de la muerte», código malicioso como virus, worms y troyanos, excepciones, fallas generales de protección y otros tantos males conocidos) se reduce significativamente al emplear software mas estable; y es bien sabido que una de las virtudes mas destacables del software libre es su estabilidad.

Afirma luego que:

«7. Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto, comparado con los costos del software comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros países.»

He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el costo del software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos.

Por otra parte, ciertamente existen modalidades de licenciamiento por volumen (aunque infortunadamente, el software propietario no satisface los principios básicos). Pero, como Ud. acaba de señalarlo acertadamente en el párrafo inmediatamente anterior de su carta, sólo apuntan a reducir el impacto de un componente que importa no más del 8% del costo total.

Prosigue:

«8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto (i) es claramente más costosa por los altos costos que supone una migración y (ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de software de código abierto en el mercado.»

Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento, el de que la migración supone altos costos es en realidad un argumento en favor del Proyecto. Porque cuanto más tiempo transcurra la migración a otra tecnología esta se tornará mas onerosa; y al mismo tiempo se irán incrementando los riesgos de seguridad asociados con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios va haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario, una vez implantada la política de uso de software libre (implantación que, es cierto, implica un costo), la migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software abierto no implica más costos que la misma entre entornos distintos de software propietario, con lo que su argumento se invalida totalmente.

El segundo argumento refiere a «dificultades de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado». Esta afirmación implica un cierto desconocimiento de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se maximiza la dependencia del usuario respecto de una plataforma determinada, como sucede habitualmente en el campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software libre, y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la posibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibilidad del código fuente.

Dice luego que:

«9. El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su decisión de ir por una solución de software de código abierto y se encuentren utilizando software comercial en su lugar.»

Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su argumento ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servicios de soporte, es posible usar software libre sin ellos (así como sucede también con el software propietario) pero quienes los requieran pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales cuanto de corporaciones internacionales, también como en el caso de software propietario.

Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos informase acerca de proyectos de software libre implantados en entidades públicas, que a la fecha hayan sido abandonados en favor del software propietario. Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en el sentido que Ud. expone.

Continua observando que:

«10. El proyecto desincentiva la creatividad de la industria peruana de software, que factura US$ 40 millones/año, exporta US$ 4 millones (10mo. en ranking productos de exportación no tradicional, más que artesanías) y es una fuente de empleo altamente calificado. Con una Ley que incentive el uso de software de código abierto, los programadores de software pierden sus derechos de propiedad intelectual y su principal fuente de retribución.»

Esta claro por demás que nadie esta obligado a comercializar su código como software libre. Tan sólo deberá tener en cuenta que, si no lo hace, no podrá venderle al sector público. Este, por otra parte, no constituye el principal mercado para la industria nacional de software. Lineas arriba hemos abordado algunas cuestiones referidas a la influencia del Proyecto en la generación de empleo técnico altamente calificado y en mejores condiciones de competitividad, por lo que parece innecesario insistir aquí en el punto.

Lo que sigue en su afirmación es erróneo. Por un lado, ningún autor de software libre pierde sus derechos de propiedad intelectual, a menos que por su expresa voluntad desee colocar su obra en el dominio público. El movimiento del software libre siempre ha sido extremadamente respetuoso de la propiedad intelectual, y ha generado reconocimiento público extenso a los autores. Nombres como el de Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum, Larry Wall, Miguel de Icaza, Andrew Tridgell, Theo de Raadt, Andrea Arcangeli, Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond, y muchos otros, son mundialmente reconocidos por sus contribuciones en el desarrollo de software que hoy es utilizado por millones de personas en todo el mundo, en tanto los nombres de los autores materiales de excelentes piezas de software propietario, permanecen en el anonimato. Por otra parte, afirmar que las regalías por derechos de autor constituyen la principal fuente de retribución de los programadores Peruanos es en todo caso aventurado, en particular porque no se ha aportado ninguna prueba al efecto ni una demostración de como el empleo de software libre por el Estado influiría en esta retribuciones.

Prosigue Ud. diciendo que:

«11. El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de software a otros países y por lo tanto el crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de un Gobierno deben estimular la industria local.»

Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a titulo oneroso (venta de licencias) es el único posible para la industria informática cuando, como Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con software libre en el Estado, los colocan en una posición altamente competitiva para brindar sus servicios al extranjero.

Señala luego que:

«12. En el Foro se discutió sobre la importancia del uso de software de código abierto en la educación, sin comentar el rotundo fracaso de esta iniciativa en un país como México, en donde precisamente los funcionarios del Estado que fundamentaron el proyecto, hoy expresan que el software de código abierto no permitió brindar una experiencia de aprendizaje a alumnos en la escuela, no se contó con los niveles de capacitación a nivel nacional para dar soporte adecuado a la plataforma, y el software no contó y no cuenta con los niveles de integración para la plataforma que existen en las escuelas.»

Efectivamente, en México se dio marcha atrás con el proyecto Red Escolar. Eso se debió, precisamente a que los impulsores del proyecto mexicano tuvieron al costo de las licencias como principal argumento, en vez de las otras razones estipuladas en nuestro proyecto y que son mucho más esenciales. Debido a este error conceptual, y como consecuencia de la falta de apoyo efectivo por parte de la SEP (Secretaria de Educación Publica) se asumió que para implementar software libre en las escuelas, bastaba con quitarle a éstas el presupuesto para software y en cambio enviarles un CD ROM con GNU/Linux. Por cierto, esto falló y no podía ser de otro modo, tal como fallan los laboratorios escolares en los que se usa software propietario si no hay presupuesto para implementación y mantenimiento. Es precisamente por eso que nuestro proyecto de ley no se limita a indicar la mandatoriedad del uso de software libre, sino que reconoce la necesidad y ordena la creación de un plan de migración viable, en el que el Estado encamine ordenadamente la transición técnica para lograr disfrutar de las ventajas del software libre.

Finaliza Ud. con una pregunta retórica:

«13. Si el software de código abierto satisface todos lo requerimientos de las entidades del Estado ¿por que se requiere de una Ley para adoptarlo? ¿No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios o valor?»

Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía, es el mercado quien debe decidir que productos usar y allí no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector público, el razonamiento no es el mismo: Como ya establecimos el Estado almacena, manipula y transforma información que no le pertenece, sino que la ha sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de la ley, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esa informaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia concluyente al respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector público.

La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materialización de los principios fundamentales antes enunciados en el campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que esta compuesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía de decisiones. Dado que el software propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos. Y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada en relación con los medios de tratamiento y comunicación de información empleados hoy en día, sobre el principio republicano de publicidad.

Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado que no esté amparada en una declaración fundada de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es en sí mismo información. Información en formato especial, susceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber, por ejemplo, como se computa su voto o se calculan sus impuestos. Y para ello, debe poder acceder libremente al código fuente y probar a su satisfacción los programas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de sus impuestos.

Saludo a Ud. con las expresiones de mi mayor consideración, reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que expongan sus puntos de vista al detalle que Ud. crea conveniente.

Atentamente,

Dr. Edgar David Villanueva Nuñez
Congresista de la República del Perú.

Fuentes

• http://www.gnu.org.pe/rescon.html
• http://pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_a_ms.html

Referencias

• Proyecto de ley 1609/2001 (Villanueva Nuñez). Ref.: Congreso de la República del Perú
• Facsímil de la carta de Microsoft Peru con objeciones al proyecto de ley 1609/2001 (Copia del proyecto Proposición). Versión de texto (Copia del proyecto Proposición)
• Discusión en Barrapunto: «Proyecto de ley para software libre en Perú»
• Entrevistas con el Dr. Villanueva Nuñez: El Informante (CORPECE) – Linux Journal (en inglés)

Sorpresivamente, también se ha sumado a las mismas el Abogado cordobés Martín Carranza Torres. Se trata del representante local de la Business Software Alliance, quien publica una nota en su blog basada en los argumentos que expone el Doctor Mario Bunge cuando critica la convalidación de las pseudociencias en los ámbitos universitarios (en particular, el de la Universidad Nacional de Córdoba).

Quién es Martín Carranza Torres

Se trata, según puede verse en el sitio de su estudio jurídico de un abogado graduado en la Universidad Nacional de Córdoba que se desempeña como consultor de empresas y agrupaciones relacionadas con el software y los servicios informáticos. En particular, es representante local de la Business Software Alliance (organización que agrupa a las principales empresas productoras y distribuidoras de software privativo).

Martín Carranza Torres se presenta como un especialista en temas de propiedad intelectual, aunque su obra se limita a tres libros (uno de los cuales está dedicado a plantear una supuesta problemática jurídica del Software Libre) y una gran cantidad de notas en diarios y publicaciones no especializadas.

Un punto que es relevante, es que Martín Carranza Torres posee el título de «Abogado». Es una costumbre muy difundida (y aceptada, aunque ya hace tiempo ha comenzado a cuestionarse) en algunas partes del mundo llamar a médicos y abogados como «Doctores» (incluso esto es frecuente en el trato entre ellos mismos). En realidad, «Abogado» es un título de grado universitario (equivalente a una «licenciatura»), en tanto que el de «Doctor» es un título de postgrado. De esta manera, existen abogados y verdaderos doctores en leyes (quienes han realizado aportes originales a las Ciencias Jurídicas). Martín Carranza Torres está, por lo tanto, cuestionando el otorgamiento de un grado académico que él mismo no posee. Comparemos esto con el hecho de que quien presentó el otorgamiento de la distinción fue un reconocido científico, el Doctor en Ciencias de la Computación Javier Blanco y que el pedido de otorgamiento del título fue realizado por cinco Profesores Titulares, que tienen el grado académico de Doctor.

Qué critica Martín Carranza Torres

En el artículo de su blog, Martín Carranza Torres critica el otorgamiento del título de «Doctor Honoris Causa» a Richard Stallman, por parte de la Universidad Nacional de Córdoba. Para ello se basa en una entrevista realizada al conocido filósofo argentino Mario Bunge (quien más que haber escrito un libro de escasas 70 páginas, tal como lo presenta Carranza Torres, ha escrito un tratado de filosofía de 8 tomos). Sin embargo, incurre en varios errores y falacias, algunos de los cuales analizaremos a continuación.

En primer lugar, la referida entrevista trata sobre la iniciativa de crear en la Universidad Nacional de Córdoba una carrera de postgrado en «medicinas complementarias» (incluyendo, entre otras, a la homeopatía). En ella, Bunge abunda en explicaciones sobre por qué no debería permitirse que en una Universidad se otorguen títulos sobre disciplinas «pseudo científicas«. Cabe aclarar aquí que Bunge tiene una postura bastante estricta y rigurosa al respecto: también considera como pseudociencia -y no con pocos argumentos- al psicoanálisis freudiano.

Carranza Torres traslada el planteo de Bunge (referido a las medicinas alternativas) al caso de Richard Stallman, sin establecer ni mucho menos el punto de comparación. Se limita a decir que Stallman es «conocido por sus excentricidades, su aspecto desprolijo y desaliñado, su discurso repetido hasta el cansancio como un mantra y, sobre todo, por sus ‘dogmas’ que pretende erigir como principios de fe mesiánica para fundar una nueva sociedad«. Vamos a suponer que el abogado no llama «macaneador» (tal el término que suele utilizar Bunge) a Stallman por su comportamiento excéntrico, su aspecto personal o su discurso tal vez repetitivo. Analicemos entonces lo único relevante para tal acusación: sus ideas.

¿Cuáles son los «dogmas» que según este abogado hacen de Stallman un charlatán?

Porque para Stallman las empresas de software que ganan mucho debieran ser prohibidas, los programadores de software, caso que no les alcance con su trabajo, debieran trabajar de camareros y todo el software publicado debiera ser liberado para uso de cualquiera sin necesidad de pedir permiso o pagar regalías…

Stallman nunca ha dicho que ninguna empresa deba ser «prohibida» por ganar mucho dinero. De hecho, es difícil pensar cómo tal afirmación podría ser hecha seriamente sin quedar expuesto al ridículo en el acto.

Con respecto a lo de los programadores trabajando como camareros, Carranza Torres parece malinterpretar un chiste que suele hacer Stallman en sus conferencias, cuando recuerda el momento en que sus principios entraron en conflicto con los requerimientos de su empleador y evaluó la posibilidad de dejar la programación y buscar otro medio de sustento. En tal oportunidad, Stallman decidió renunciar a su trabajo, nada menos que en el renombrado Departamento de Inteligencia Artificial del MIT. (¿Se habrá enfrentado alguna vez este abogado a un caso en el que entraran en conflicto sus valores morales y sus intereses económicos?)

Lo que si plantea Stallman es que todo el software publicado debería poder ser usado por cualquier persona u organización, entendiendo por «uso» no sólo la ejecución del programa sino también su análisis, modificación, reutilización y redistribución.

Este último punto, que es la única parte de la acusación de Carranza Torres que resulta algo verosímil, no es afirmado como un «dogma» ni mucho menos como una cuestión de «fe mesiánica». A lo largo más de 20 años Stallman ha producido gran cantidad textos en donde abunda en fundamentos que respaldan su afirmación, principalmente desde el punto de vista ético. Más aún, varios reconocidos juristas (entre los más notables, los Doctores en Leyes Lawrence Lessig y Eben Moglen) han justificado sus afirmaciones y su filosofía desde el punto de vista jurídico y legal.

El currículum vitae de Stallman

Richard Stallman se graduó en física en la Universidad de Harvard en el año 1974. No sólo se trata de una de las universidades más reconocidas del mundo, y dificilmente pueda alguien decir que la «física» no es una disciplina científica bien establecida, sino que obtuvo tu título con la distinción «magna cum laude» (con grandes alabanzas, muy sobresaliente).

A lo largo de su trayectoria como programador y como impulsor de las filosofía del Software Libre, ha obtenido las siguientes distinciones:

• Membresía honoraria de por vida en la Chalmers Computer Society en 1986.
• Membresía en la MacArthur Foundation en 1990.
• Grace Hopper Award de la Association for Computing Machinery en 1991.
• Doctorado Honoris Causa del Royal Institute of Technology, Suecia, en 1996.
• Pioneer Award de la Electronic Frontier Foundation en 1998.
• Yuri Rubinsky Memorial Award en 1999.
• Takeda Award en 2001.
• Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salta, Argentina, en 2004.
• Primer galardonado con el Premio Internacional Extremadura de Conocimiento Libre por Junta de Extremadura en Badajoz, España, en 2007.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, Perú, en 2007.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad de Pavia, Italia, en 2007.
• Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, en 2008.
• Doctorado Honorario en Ciencias en la Universidad de Lakehead, Canadá, en 2009.

Con semejante lista, tal parece que el Abogado Martín Carranza Torres, antes que a la Universidad Nacional de Córdoba, debería primero calificar de poco rigurosas a varias otras instituciones educativas y asociaciones profesionales del mundo.

Conclusión

Dejando de lado su aspecto personal -que puede no ser del agrado de Carranza Torres- no se entiende qué le sorprende tanto a este abogado y, según él dice, también a Bunge (que dificilmente se haya enterado de la nueva aplicación de su entrevista) ante el otorgamiento de esta nueva distinción a Richard Stallman.

La duda que me queda es qué pensará realmente Mario Bunge sobre Richard Stallman, ya que ambos fueron conferencistas en el año 1996 en el marco del 13mo Congreso Mundial de Humanismo «Humanismo Global para la Ciber-Era». Martín Carranza Torres bien podría haber usado Google antes de hacer interpretaciones tan antojadizas.

En el marco de su disertación, Stallman criticó duramente el proyecto insignia del gobierno: «Conectar Igualdad». A raíz de las opiniones vertidas por él, se generó un revuelo que involucró tanto a funcionarios públicos como a integrantes del movimiento del Software Libre.

¿Qué es «Conectar Igualdad»?

«Conectar Igualdad» tiene como principal objetivo la distribución de 3 millones de netbooks entre alumnos y docentes de las escuelas secundarias públicas. Los equipos cuentan con dos sistemas operativos: Microsoft Windows 7 y Ubuntu (una variante del sistema operativo GNU/Linux), como así también con una considerable cantidad de software libre y el paquete de ofimática Microsoft Office, entre otros productos de la empresa Microsoft.

El sistema operativo Ubuntu es provisto de forma gratuita. El mismo, así como el resto de los programas libres incluidos en las netbooks, pueden ser descargados sin costo de Internet. Cabe aclarar aquí que en el caso de los programas libres se tiene acceso no solamente al código binario necesario para ser ejecutado en una computadora, sino también al código fuente, con el permiso para examinarlo, adaptarlo y redistribuirlo libremente.

Los programas provistos por la empresa Microsoft no son libres. Esta solamente provee el código binario, bajo la expresa prohibición de utilizarlo más que para ejecutarlo en una determinada cantidad de computadoras, según la cantidad de «licencias» de uso que se hayan adquirido. En el caso de «Conectar Igualdad», las licencias de los productos de Microsoft fueron adquiridas previamente a través de un convenio entre el Gobierno Nacional y la misma. Posiblemente se trate del acuerdo suscripto por el entonces Ministro de Educación Daniel Filmus que incluye cláusulas de «no divulgación», por lo cual el texto completo y las condiciones del mismo revisten el caracter de secreto.

Stallman y sus críticas a «Conectar Igualdad»

Richard Stallman es quien inició el llamado «movimiento del Software Libre», a través de la creación de la Free Software Foundation y del proyecto GNU. Durante casi 30 años ha sido el pilar ideológico de dicho movimiento, contribuyendo no solamente en lo técnico sino también dando forma a la filosofía del mismo (sin ir más lejos, es el autor de la licencia libre más utilizada: la Licencia Pública General de GNU, más conocida como GPL). Los propios organizadores de las CISL 2011 reconocían su importancia en una página de su sitio (que en este momento no puede accederse, pero que puede recuperarse gracias a archive.org) diciendo:

Como fundador del movimiento por el Software Libre e impulsor del GNU y el copyleft, Richard Stallman es un referente obligado de la CISL y por esa razón, estará también presente en la edición 2011.

Lamentablemente, hasta este momento no he podido encontrar ninguna grabación en audio o vídeo sobre la participación de Stallman en la CISL 2011, pero sus opiniones fueron reproducidas en una entrevista publicada por el diario La Nación. En la misma, al ser interrogado sobre sus críticas a «Conectar Igualdad», dice:

Todos los políticos honestos deberían condenar este trabajo con Microsoft. Me parece que no hay total conciencia de eso. Hablo de los efectos del plan «Condenar a maldad», porque hablo de los efectos que tienen en los chicos hablar de Windows. No hablo de los motivos, hablo del efecto y no debemos ignorar el efecto enfocándonos únicamente en los motivos. Algunos tienen buenos motivos pero no basta. Hay que corregir el mal efecto. Hoy en día cuando una escuela pública piensa enseñar con software libre no tiene la opción porque entran las netbooks con Windows.

Una maestra me dijo que al llegar netbooks con Windows, se les complica usar la otra opción. Los chicos a los que les gusta el software libre se ven exigidos por los maestros a usar Windows en la clase. Si alguien borra Windows de la máquina lo reprimen.

Luego, al ser interrogado por el periodista sobre si su crítica se mantiene aún cuando las netbooks incluyen Ubuntu, Stallman responde:

Sí, porque aunque lo tengan no es una opción real. Tienen una opción injusta pero conocida, con presión de los maestros de usarla y otra más o menos ética porque Ubuntu no es totalmente software libre aunque es mucho mejor que Windows. Decir que es imparcial sería una mentira. No es imparcial.

Por un lado, la postura de Stallman -y del grueso de los integrantes del movimiento de Software Libre- siempre ha sido clara en el sentido de que «un poco libre» es equivalente a «no libre». Por otro, desde el propio Gobierno Nacional (a través de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner) se ha hecho hincapié en la ventaja que representa una posición monopólica -como la que ostenta Microsoft en el campo de las computadoras personales- y la necesidad de inclinar la balanza decididamente hacia el otro lado, si se quiere salir de su influencia. Es claro que entregar las netbooks con programas no libres (provistos por una empresa monopólica) en supuesta «igualdad» con productos libres no hace más que consolidar la posición existente (máxime si dicha empresa recibe además varios millones en concepto de licencias de uso).

La posición de Stallman al respecto y, por ejemplo, su comparación entre la dependencia que produce el uso de software privativo y la del cigarrillo, y su conveniencia de distribuirlos libremente entre los niños -cosa que aunque parezca ridícula ha sido hecha por las tabacaleras en varias oportunidades- es conocida desde siempre. Incluso cuando los organizadores de la CISL 2011 consideraron a Stallman como un «referente obligado» y lo invitaron a participar del evento.

La respuesta de los organizadores de la CISL 2011

La respuesta oficial (copia en archive.org, por si no está disponible), firmada por Roberto Sahakian (Coordinador de Gestión de Políticas contra la Discriminación del INADI) y Jorge Cabezas (funcionario de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) dice que los organizadores no comparten las expresiones vertidas por Stallman, aclarando que:

«… hemos invitado al Sr. Stallman aún conociendo su posición, cuyo fundamentalismo lo coloca en nuestras antípodas, precisamente porque formamos parte de esta Argentina en la que rige la plena libertad de expresión, donde los consensos surgen de la discusión democrática y no de la imposición autoritaria de los pareceres minoritarios.»

Así es que, luego de la crítica a «Conectar Igualdad», Stallman pasó de ser un «referente obligado» a un fundamentalista que, pese a ser el principal referente mundial del Software Libre, se encuentra en las antípodas de las políticas de Software Libre del Gobierno Argentino. En la misma nota de prensa aclaran cómo es que sucedió esto, diciendo que no es enteramente culpa de Stallman, sino que:

«… parece estar siendo asesorado por las mismas personas que en una visita anterior a la Argentina le aconsejaron no dar una charla en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, por tratarse un un lugar supuestamente ‘polémico’.»

Seguramente, se refieren a los integrantes de la Fundación Vía Libre, ya que la misma acusación les fue lanzada hace un par de años; referida a un hecho supuestamente acaecido en 2004. El artículo en cuestión fue desmentido en su oportunidad por uno de los integrantes de la fundación, que denunció varias inexactitudes en el mismo. Aún en la hipótesis de que esto fuese cierto, sería sólo un error de Stallman al haber escuchado a las personas equivocadas en aquella oportunidad.

Es cuando menos arriesgado afirmar que un personaje de la talla, la trayectoria y el reconocimiento de Richard Stallman habla por boca de una organización local como la Fundación Vía Libre. Lo que roza el ridículo es que pretendan que algún militante vernáculo le haya dictado el discurso que repite hasta el hartazgo desde hace casi tres décadas.

La situación es exactamente la inversa: Federico Heinz, como presidente de la Fundación Vía Libre, es reconocido oficialmente como orador del proyecto GNU, liderado por Stallman.

Conclusión

Muchos adherentes al movimiento del Software Libre, su filosofía y su política -y no precisamente un grupo minoritario- sostenemos que es dañino ayudar a la distribución de software privativo. El peor ámbito para hacerlo es el de la educación. Y el distribuir conjuntamente software libre poco ayuda a cambiar el resultado.

Una situación de monopolio no se revierte incrementando en 3 millones la cantidad de usuarios cautivos, aumentando las ya abultadas arcas de la empresa privilegiada, por más que a la par se ofrezca una alternativa. Pretender esto es simplemente intentar negar la influencia del «efecto de red».

El despropósito se hace aún más evidente, cuando se enuncia como principal objetivo del proyecto «reducir las brechas digitales«, a la vez que el mismo se sustenta sobre un convenio confidencial y secreto con una de las empresas cuyo control monopólico no ha hecho más que acrecentarla.

Finalmente, la oposición a este tipo de iniciativas «mixtas» (gatopardistas, para muchos de nosotros) es una constante en las declaraciones públicas de Richard Stallman. Esta visión puede ser compartida o no, pero llamar a alguien primero «referente obligado«, para luego de recibir la crítica descalificarlo como «fundamentalista» es un recurso de una bajeza que sólo puede ser superada haciéndolo, como resalta la declaración oficial, en nombre de «la libertad, la diversidad y la pluralidad de opiniones» (ni qué decir de la alusión a las Madres de Plaza de Mayo).

Actualización (19/Sep/2011)

Stallman permanece aún en la Argentina. Y según parece, Jorge Cabezas (quien lo descalificara duramente en el comunicado oficial de la CISL), ahora se ufana de que se encuentra alojado en casa de uno de los organizadores.

Actualización (4/Mar/2016)

Así contrataba empleados el proyecto Conectar Igualdad:

Fuente 1: Lista de correo PyAr (copia en archive.org).

Fuente 2: Lista de correo PyAr (copia en archive.org).

Así rechazaban en Conectar Igualdad («un proyecto peronista») el apoyo de quienes no apoyaran al Gobierno kirchnerista:

Fuente: Lista de correo anillo-lst (copia en archive.is).

Referencias

Esta visión, lentamente, está cambiando. Por un lado, las historias de aquellos que hicieron una fortuna (o establecieron una posición económica) mediante la venta de licencias de un programa son, a la vez, cada vez más lejanas y menos frecuentes. Pero, si empezamos a vernos a nosotros mismos también como consumidores de software, el razonamiento cambia radicalmente.

Comparemos

Tomemos como ejemplo el desarrollo de un programa que le demande 5 años de trabajo a un programador altamente calificado y que requiera de las siguientes herramientas:

• Sistema Operativo.
• Compilador.
• Entorno de desarrollo: Depurador, editor de textos, etc.
• Herramientas de modelado: Herramientas para hacer diagramas de diseño, documentación, etc.
• Motor de base de datos.

El lapso de 5 años no es arbitrario: es una buena cota superior del tiempo pasado el cual un desarrollador debe renovar las herramientas que utiliza, si es que desea mantenerse actualizado. (Si lo prefiere, puede suponer la suma de varios desarrollos de menor envergadura, hasta llegar a cubrir dicho tiempo).

Comparemos entonces la cantidad de líneas de código «producidas» respecto de las «consumidas». El cociente será seguramente bastante cercano a cero. Desde este punto de vista, aún cuando un programador sigue produciendo software, su rol de consumidor es, por mucho, más relevante.

Alguien dirá que al vender muchas licencias del programa producido, su valor se multiplicará. Esto no es así, teniendo en cuenta que, para poder ejecutarse el programa requerirá, nuevamente, de un sistema operativo y del motor de base de datos. No es poco común ver a un programador cobrar determinada suma de dinero por un desarrollo y a su cliente desembolsar bastante más por licencias del software requerido para que funcione.

Un mal negocio

Entre los programadores independientes (o pequeñas empresas de desarrollo) es práctica común usar software sin pagar por sus licencias, con lo cual parte del análisis anterior no los afecta demasiado. Pero sus clientes (y cada vez más) no tienen opción.

Por ejemplo, un sistema que requiera de un servidor con el sistema operativo Windows 2008 y el motor de bases de datos Microsoft SQL Server 2008 para su utilización en 25 puestos de trabajo, requerirá el pago de más de u$s 10.000 en concepto de licencia de uso de dichos productos (en la Argentina, marzo de 2010). ¿Cuánto deberá trabajar el programador para cobrar una suma de dinero similar?

Claramente, esta forma de ver el negocio no tiene mucho sentido (a no ser para aquellas empresas de desarrollo que además son agente de ventas de quienes proveen el software de base y se llevan una jugosa comisión).

Quizá sea por este motivo que las empresas proveedoras de herramientas de desarrollo y software de base invierten tanto dinero para que los programadores se pongan «su camiseta», recurriendo para esto a discursos motivadores, aportes a instituciones educativas, descuentos, tazas de café, etc.

Asumir que esta es una situación natural es resignarse a ser, ya no un productor, sino un mero promotor de la venta de productos de otro (con un esfuerzo y un riesgo bastante altos).

Una buena alternativa

Debemos reconocernos a nosotros mismos, antes que como productores, como consumidores de software. De esta manera, la salida es clara: debemos reducir los costos de la «materia prima». Debemos, en la medida de lo posible, utilizar software que no requiera el pago de licencias de uso. De esta manera disminuyen sensiblemente los costos para el desarrollador, como así también los costos extra del cliente. (Y cliente que gasta menos en licencias, tiene más dinero para pagarle al programador).

Si el sistema del ejemplo anterior pudiera correr en un servidor con GNU/Linux y el motor de bases de datos PostgreSQL tendría más de u$s 10.000 de «ventaja» en condiciones similares.

Otro punto importante es el ahorro en hardware, al utilizar productos que reduzcan los requerimientos en este aspecto (característica que distingue a muchos programas libres, respecto de sus contrapartes privativas), aunque dicho análisis escapa al objetivo del presente artículo.

¿Por qué no?

Existe una marcada reticencia en ciertos programadores a analizar seriamente esta alternativa. Dejaremos de lado, por supuesto, el caso de aquellos que actúan, además, como agentes de venta de los proveedores de software de base (su caso es más que claro: ellos se benefician por ambos lados). Analizaremos algunas de las objeciones más comunes:

El sistema operativo libre «X» es difícil de usar. No lo entiendo

En casi todos los casos, «X» se refiere al sistema operativo GNU/Linux (el sistema operativo libre más difundido). Quizás el programador en cuestión haya tenido una mala experiencia tratando de usar alguna versión mal configurada u obsoleta. Seguramente tampoco haya dedicado demasiado tiempo ni esfuerzo a aprender los conceptos básicos (que no son, precisamente, como usar los botones del mouse), y se alejó cual la zorra de Esopo murmurando «están verdes».

De esto no se desprende que GNU/Linux sea tán fácil, cómodo o agradable de usar que Windows 7 (o más), pero tratándose de un profesional y habiendo tanto dinero de por medio, bien merece algún pequeño sacrificio.

En la empresa en donde se implanta mi sistema usan Windows

Aquí hay una amplia variedad de casos. ¿Usan Windows en los equipos de escritorio? Asumiendo que ya han pagado las licencias (por el tiempo que reste hasta la actualización de los equipos), de todas maneras podría significar un ahorro importante a nivel de los servidores. ¿Usan Windows en los servidores? Proveer una aplicación que no lo requiera, puede significar un valor agregado interesante.

En la mayoría de los casos en que la empresa «usa Windows» es porque las aplicaciones existentes lo requieren. No es, por lo tanto, una excusa para no proveer una alternativa que posibilite un ahorro importante (si no en lo inmediato, en el mediano plazo).

Estoy acostumbrado a desarrollar en (y para) Windows

Todos sabemos que los programadores disponemos de poco tiempo para mantenernos actualizados y lo costoso que resulta abordar el aprendizaje de una nueva tecnología. Cada quién sabrá si realmente se justifica el esfuerzo, poniendo en la balanza costos y beneficios (o, según el planteo de este artículo, costos y ahorros).

No hay un equivalente libre de la herramienta «Y»

Es cierto que en algunos casos (no tantos como se alegan) no hay equivalentes libres a ciertas herramientas privativas. ¿Y aquí termina el análisis? ¿No merece la pena indagar sobre alguna alternativa? ¿Tan útil es la herramienta «Y» que se hace imprescindible e indiscutible?

Si alguien depende exclusivamente de una determinada herramienta para desarrollar software, entonces se encuentra ante un problema bastante más grave que el gastar dinero en licencias de uso. (Preguntar a desarrolladores en Delphi, Visual Fox, Clarion, entre otros. Pero este tema también excede el alcance del presente artículo.).

No hay un equivalente libre del motor de bases de datos «Z»

Aquí «Z» suele tomar la forma de MS SQL Server, Oracle o DB/2. La afirmación suele hacerse seguida de alguna frase que parece extraída de una publicidad del proveedor correspondiente. La realidad es que existen numerosos motores de bases de datos libres, como por ejemplo MySQL para pequeños volúmenes de información, o PostgreSQL que no tiene ninguna característica importante que envidiarle a ningún otro producto.

En el caso de programas libres, nadie me ofrece el soporte que me da la empresa «W»

¿Enserio? Prácticamente todos los programas libres importantes, cuentan con ofertas de soporte incluso mejores que las que puedan conseguirse respecto de programas privativos. Por un lado, el soporte ofrecido es de mejor nivel, ya que se ofrece a nivel de reparación de errores en el código fuente y, por otro, muchas veces existen múltiples proveedores de soporte, que compiten entre si (en el mundo del software privativo el soporte es un monopolio del fabricante).

Porque no

Es cierto que hay algunos casos en donde no hay alternativa (la utilización de determinada tecnología puede ser impuesta como un requerimiento), pero en la mayoría de los casos la situación es que el programador se encuentra «atado» a sus herramientas.

En algunos casos, porque las han utilizado durante mucho tiempo (y tienen una gran cantidad de código desarrollado ligado a ellas) y en otros porque han «comprado» el discurso de su productor, muchos programadores se resisten a realizar cualquier análisis que tenga que ver con cambiar sus herramientas. El caso más grave (y lamentablemente no poco común) es cuando el programador simplemente no puede usar otra tecnología más que la que domina: es la única que conoce.

De más está decir, las inversiones en marketing dan resultado. Hoy nos encontramos a muchos programadores que han sido formados en un ambiente académico muy similar a un «monocultivo» (que, a pesar de ellos, ni siquiera ofrece los amplios márgenes de ganancia de la soja) o que se han entregado más tarde a determinada combinación de herramientas/tecnología y la han abrazado como dispuestos a envejecer (y quedar obsoletos) junto con ella.

Y así es que el negocio seguirá funcionando muy bien para los «grandes productores de software», en tanto que los pequeños no reconozcan su rol de consumidores. Afortunadamente, la situación ya está cambiando: abundan los ejemplos de quienes, siendo conscientes de esto, están haciendo una diferencia económica significativa.

Adenda

Nótese que en este artículo no se hace alusión a la licencia bajo la cual el programador entrega su programa al cliente final. El término «libre» sólo se aplica a las herramientas utilizadas para el desarrollo y a las requeridas para su posterior ejecución.

El uso de herramientas de desarrollo libre no impone ninguna condición sobre la licencia que acompañará al programa resultante. (Distinta situación puede darse si se incorpora código de un programa libre en uno de producción propia).

Aunque muchas veces los anuncios se encuentran disfrazados por una tupida cobertura marketinera, tanto Nokia, Motorola, Samsung, Sony-Ericsson, entre otros, están apostando a Linux como plataforma preferida (y en muchos casos, única) para sus nuevos dispositivos.

A continuación, un resumen de las tecnologías utilizadas por cada fabricante, a modo de «mapa» para tratar de entender el panorama que se presenta.

Nokia

Nokia fue el principal impulsor del uso del sistema operativo Symbian en sus dispositivos de gama alta. El mismo es utilizado actualmente por otros fabricantes, tales como Sony-Ericsson y Samsung. Ya se ha anunciado que Symbian pronto será distribuido bajo una licencia libre.

Sin embargo, recientemente Nokia ha anunciado que sus nuevos dispositivos de gama alta, se basarán en otro sistema operativo: Maemo, que se encuentra fuertemente basado en Debian GNU/Linux (¡hasta provee apt!).

El por qué es claro: Nokia forma parte de la Linux Foundation (que tiene como empleado, entre otros, al mismísimo creador de Linux, Linus Torvalds).

Motorola

Motorola, hace más de un año, decidió dejar de utilizar tanto su sistema operativo basado en Linux, como así también Symbian, para comenzar a utilizar Windows Mobile y el sistema operativo Android (desarrollado por Google y también basado en Linux).

Hoy, su apuesta por Windows Mobile parece haberse debilitado, para finalmente volcarse al uso de Android en sus últimos equipos (a partir del reciente Motorola Milestone, lanzado al mercado con un precio realmente sorprendente).

Motorola forma parte no solamente de la Linux Foundation, sino también de la Limo Foundation, fundación que promueve el uso de Linux en plataformas móviles y que agrupa, entre sus más de 50 miembros, a los principales operadores de telefonía móvil del mundo.

Sony Ericsson

Esta empresa comenzó a dejar de utilizar Symbian en favor de Windows Mobile. Recientemente, como puede observarse en su línea XPERIA, se ha movido hacia Linux, utilizando Android.

Ericsson también forma parte de la Limo Foundation.

Samsung

Samsung ha anunciado que descartará a Windows Mobile en sus equipos, lanzando una plataforma que intenta competir con Android, llamada «Bada«.

Aunque todavía se encuentra en desarrollo, ya se sabe que Bada también estará basado en Linux. Esto no debería sorprender, ya que Samsung es uno de los fundadores de la Limo Foundation.

Google

Google no sólo ha incursionado en el mercado de la telefonía móvil con su plataforma Android, sino que recientemente ha anunciado que lanzará su propio celular.

Además, hace unos días anunció que se encuentra desarrollando un «nuevo» sistema operativo: Chrome OS, también basado en Linux (y con cierta relación con Ubuntu). También se ha anunciado que en un futuro, Android y Chrome OS convergerán en un único producto.

Esta fuerte apuesta de Google por Linux tampoco debiera llamar la atención, ya que es otro de los miembros de la Linux Foundation.

Los fabricantes de CPUs

Intel

El otrora socio estratégico de Microsoft, también impulsa una plataforma para dispositivos móviles basada en Linux. Se trata de Moblin (Mobile Linux, optimizado para procesadores Atom), que fue inicialment desarrollado por Intel y luego traspasado a la Linux Foundation (de la cual Intel es uno de los principales miembros).

AMD

AMD también se ha sumado a la apuesta por Linux, integrando la Linux Foundation.

ARM y Texas Instrument

ARM (diseñador de las CPUs más utilizadas en celulares) y Texas Instrument (uno de sus principales fabricantes) pertenecen tanto a la Linux Foundation como a la Limo Foundation.

Conclusión

El panorama es claro: Linux se perfila como la principal opción no sólo en el mundo de los teléfonos celulares, sino también en los dispositivos móviles en general (algunos estudios afirman que el 33% de las netbooks vendidas durante el 2009 tienen Linux).

Más allá de las especulaciones sobre el futuro, la realidad nos indica que practicamente todos los fabricantes de dispositivos electrónicos y de software (a excepción de Microsoft), así como también los operadores de telefonía celular más importantes, se encuentran reunidos en la Linux Foundation y la Limo Foundation. Y, claro está, esta presencia no es sólo simbólica.

El listado de fin de este año trae unas cuantas sopresas: No solamente Linux se afianza como el Sistema Operativo más elegido, sino que un equipo con procesadores AMD desplaza del primer lugar a los tan renombrados procesadores Power de IBM.

A continuación, un extracto del Top 500:

En total, casi el 90% de las 500 computadoras más potentes usan Linux (si consideramos la suma de todos los derivados de Unix la cifra supera el 95%):

Nota: Los sistemas operativos que aparecen agrupados bajo la denominación de «Varios» son, en general, también basados en Linux.

Es claro entonces que Linux es el lider indiscutido en computación de alto rendimiento y que los procesadores AMD Opteron son más que una alternativa viable para este tipo de sistemas (aunque todavía haya quienes insistan en pagar fortunas por equipos basados en los Power de IBM).

¡Ah, me olvidaba! Windows logra ubicar un sistema en la posición 20 (pero lamentablemente sólo logra un 1% entre las quinientas computadoras más poderosas de la actualidad).

Para finalizar, les presento a la computadora más potente del mundo: una Cray XT5-HE bautizada «Jaguar«. ¡Quién lo diría hace una década: el tope de la computación logrado por un sistema basado en Linux con procesadores AMD!

Además de la profunda satisfacción personal que siento y sentí durante todo este tiempo, y de los grandes beneficios que obtuve de la libertad del software que utilizo (y de la comunidad a su alrededor), quería compartir con todos aquellos que leen este blog un resumen de mi historia como usuario de GNU/Linux.

Los comienzos

Mi primer contacto con GNU/Linux ocurrió a principios de 1996, de la mano de la meta distribución Infomagic Linux (5 CDs, $50) que incluía, entre otras, a Slackware, que fue la distribución que elegí en ese momento para mi computadora basada en un procesador Pentium de 166Mhz con 16 Mb de RAM. Por supuesto, mantuve en otra partición el sistema operativo que usaba por ese entonces: Microsoft Windows 95.

Voy a resumir esta etapa diciendo que, luego de varias horas de particionar, formatear, instalar y volver a empezar, logré loguearme como «root«, sólo para descubrir que no sabía hacer mucho más que listar las entradas de un directorio y moverme por el sistema de archivos. Leí en la escasa documentación impresa de Infomagic que había un entorno gráfico llamado «X» y que para configurarlo tenía que editar un archivo de texto. En ese momento descubrí que ni siquiera sabía hacer eso en mi nuevo sistema. Así de frustrado estaba. Además, la configuración de X parecía tan peligrosa que un apartado de la documentación se titulaba «Cómo configurar X sin llamar al departamento de bomberos» (no era chiste, existía el riesgo de que el monitor se incendiara).

Luego de aprender lo básico del editor «vi» (toda una complicación en ese momento), pasó casi un año hasta que pude tener un entorno gráfico usable. (El driver de mi placa de video, una SiS 6202, en X funcionaba realmente mal.)

El principio del cambio

Durante un par de años, fui aprendiendo cada vez más sobre el uso de GNU/Linux (por aquellos tiempos instalé mis primeros servidores con él) hasta que, en mayo de 1999 me compré un flamante Pentium II de 400Mhz con 64Mb de RAM. Decidí instalarle solamente GNU/Linux, eligiendo en esa oportunidad la distribución que venía utilizando desde hacía un tiempo: SuSE Linux.

En ese momento, mi viejo Pentium ya había mutado para tener 48Mb de RAM y Windows 98/SuSE Linux coexistiendo en el disco duro. Contaba entonces, con una computadora moderna, con GNU/Linux, y con otra más modesta, con ambos sistemas operativos.

Ya en ese momento había muchas cosas que no podía hacer sino en GNU/Linux (cuestiones relacionadas con programación, redes, etc.), pero todavía algunas tareas me requerían el uso de Windows (o alguna de sus aplicaciones). La situación era ahora más fácil, ya que podía tener una computadora con cada sistema operativo.

Así fue que en ese momento (1 de junio de 1999) decidí plantearme mi próximo objetivo: aprender a hacer en GNU/Linux todo lo que en ese momento me requería usar Windows. Esto implicaba desde aprender cosas «básicas» hasta buscar aplicaciones de reemplazo. El plazo que me fijé para lograrlo fue de 5 meses.

El «día D»

Y llegó el 1 de noviembre de 1999. Ese día, con un inmenso placer por haber alcanzado mi objetivo, eliminé la partición de Windows 98.

No todas fueron rosas. Más de una vez (y hasta el día de hoy) me encuentro con archivos en formatos privativos que no puedo «abrir» sin renegar un poco, con sitios web que no funcionan si no es con algún navegador privativo específico (léase «Microsoft Internet Explorer» versión 6 o superior) y algún otro inconveniente de ese tipo. Pero todos esos contratiempos no se comparan con la tranquilidad, la flexibilidad y la enorme ventaja competitiva de usar programas cuya licencia no limitan mi libertad y, más aún, que están hechos «para funcionar» (e interactuar, facilitar y progresar) y no «para impedir» (y limitar, forzar y detener).

La actualidad

Si bien todavía no he logrado erradicar algunos programas no libres (por ejemplo, el driver de la placa Wifi de mi notebook), o incluso me veo obligado a tener una máquina virtual con Windows XP (para poder asegurar la compatibilidad de mis desarrollos con esta plataforma), no he necesitado nunca más usar para mí mismo un sistema operativo no libre (al punto que ya no se que decir cuando algún amigo o colega me pregunta sobre alguna herramienta de remoción de troyanos y spyware).

Actualmente, utilizo Debian GNU/Linux en mis servidores y Ubuntu Linux en las máquinas de escritorio. Y con total sinceridad, debo decir que no solamente no extraño nada, sino que cada vez que me toca sentarme delante de un Windows «algo» me siento como si tratara de bailar estando adentro de una armadura.

Addendum

Como recién me han hecho notar (¡gracias, Marce!) hoy es el «día de todos los santos». Quienes me conozcan sabrán sobre mis creencias pero, tratándose de semejante coincidencia, no puedo dejar de recordar a San Ignucio.

«GNU es el único sistema, y Linux es uno de sus kernels.»

«El código abierto es interesante. Apple ha adoptado Webkit y puede que nosotros le echemos un vistazo, pero seguiremos construyendo extensiones para IE 8.»

O el «monkey boy» se ha vuelto loco, o realmente algo ha cambiado en la visión (y la realidad de Microsoft). WebKit es un motor para navegadores, derivado de KHTML (usado por el navegador Konqueror) y utilizado por el navegador Safari de Apple. Sus componentes se encuentran bajo las licencias LGPL y BSD, por lo cual es software libre.

Así es que, según el máximo directivo de Microsoft, el software libre es interesante. Claro que Ballmer no utilizaría el término «software libre», sino que habla de «código abierto» (open source); de paso, una razón más para no utilizar este término.

Recordando la frase de Ghandi, «Primero te ignoran, después se ríen de ti, después te atacan, luego ganas«, Microsoft claramente ya pasó por las primeras tres etapas. ¿Le habrá llegado el agua a las rodillas?