Río Cuarto, 27 de mayo de 2012

Sra. Presidente de la Nación Argentina
Dra. Cristina Fernández de Kirchner:

Con mucho pesar he leído la noticia, publicada y destacada en el sitio web de la Presidencia, de su reciente reunión en la Residencia de Olivos junto con los ministros Giorgi, De Vido y Barañao, con el Director General de Operaciones de Microsoft, Brian Turner.

En dicha reunión, el Gerente de Microsoft le presentó a Usted el llamado «Plan de Desarrollo Sustentable» de dicha compañía para la Argentina. El punto clave —según mi opinión— es definir qué se entiende por «desarrollo sustentable» y, particularmente, sobre el «desarrollo» de quién estamos hablando. El que un gerente de una empresa transnacional —que, dicho sea de paso, realiza escasas inversiones en la Argentina— sea recibido nada menos que por la Presidente y tres ministros, sumando a esto el lugar destacado que ocupa la noticia en el sitio web oficial, me dan la pauta de que Usted considera que Microsoft realmente es un actor importante para el desarrollo de nuestro país.

En Internet he encontrado declaraciones públicas suyas que confirman mis conjeturas sobre su valoración respecto del rol de Microsoft en el desarrollo local. Por esta razón he decidido escribir esta carta abierta, con el objetivo de ponerla sobre aviso de algunas cuestiones en las que —considero— está Usted equivocada.

En el Microsoft Research Faculty Summit, realizado el 13 de mayo de 2009 en Buenos Aires, dijo Usted lo siguiente:

[…] Y que también nos une con quien es el fundador de esta empresa —con Bill Gates— que siempre imaginó un mundo donde el conocimiento estuviera siempre al servicio del progreso, de la producción, del trabajo y de mejorar la calidad de vida de la gente; no porque fuera más vivo —para poder realizar una maniobra de especulación— sino porque realmente adquiriera el conocimiento para poder hacer valer ese conocimiento en términos económicos.

Este es, quizás, el origen de su apreciación errónea sobre Microsoft. Por lo dicho, considera Usted a Bill Gates como un filántropo, como alguien interesado en el progreso del mundo y como quien avisoró la importancia del conocimiento en esta nueva era. Humildemente, le sugiero que investigue un poco mejor y sin duda encontrará muchas otras personas —aunque dificilmente alguna de ellas sea multimillonaria— que han sido verdaderas visionarias y que han realizado enormes contribuciones al avance del conocimiento y la informática. Gates, por el contrario, solamente ha sido un gran comerciante y —como le mostraré más adelante— no siempre se ha valido de las prácticas más transparentes ni éticas para lograr su enorme fortuna.

En la inauguración de las instalaciones de Google Argentina, el 6 de junio de 2008, dijo Usted que:

El desafío que nos plantea la Red y todas las empresas vinculadas como Google a esto, es la de una nueva ética, hasta en la generación de la riqueza. ¿Por qué? Porque siempre la generación de la riqueza estuvo ligada —desde los comienzos de la humanidad— a quién tenía algo maś que el otro; el que tenía más oro, más tierras, el que las conquistaba, siempre significaba que alguien que era más rico era porque desapoderaba a otro de algo (de territorio, de riquezas, de posesiones). Por primera vez, a fines [principios] del siglo XXI, un hombre es el más rico del mundo porque tuvo más inteligencia y más conocimiento, que es el caso por ejemplo de Bill Gates.

Esto plantea en términos de ética, de conocimiento, de información, pero fundamentalmente de generación de riqueza —que es lo que nos debe preocupar a nosotros como generadores de puestos de trabajo— una ética diferente. Ya no hace falta desapoderar a alguien, ya no hace falta conquistarlo militarmente o económicamente sacarle sus recursos para generar riqueza. Es a partir de la inteligencia, del conocimiento, de cabezas importantes —como me gusta decirlo a mi— que podemos generar riqueza, trabajo, conocimiento, información y democratización.

Permítame comentarle un poco acerca de la «ética» de Bill Gates y su empresa en los negocios. Para comenzar, creo que olvida Usted las múltiples demandas que han sido presentadas contra Microsoft —y, en general, resueltas en su contra— en distintos países del mundo por prácticas desleales, monopólicas y por abuso de posición dominante. Lamento decirle que Bill Gates ha acumulado su riqueza de un modo similar a las formas que Usted enumera: apropiándose de algo que estaba en poder de otros. Principalmente, Gates se apropió de dos cosas:

• Ideas: No encontrará —sobre todo en los primeros quince años de existencia de Microsoft— ninguna idea «original». Esto es, ningún aporte técnico real al avance de la informática (o del conocimiento, si prefiere) por parte de esta empresa y mucho menos de Bill Gates, cuyo aporte como programador es completamente nulo. Gates fue un excelente apropiador (y vendedor) de ideas de otros. Esto le ha valido varias de las demandas antedichas.
• Libertad: El primer negocio importante de Microsoft fue un trato con IBM para nada conveniente para este último —se sospecha—, influido por la relación entre el por entonces CEO de IBM, John Opel, y la madre de Gates, Mary Maxwell. Sin embargo, la apropiación de la libertad más importante —y más rentable— ha sido la de los usuarios de los programas de Microsoft. Es un hecho ampliamente conocido que esta empresa siempre se ha caracterizado por realizar todo tipo de maniobras para, primero, imponer el uso de sus programas y, luego, dificultar o imposibilitar a sus usuarios el usar herramientas de otros proveedores. Nuevamente, me remito a los múltiples juicios en contra de Microsoft por este tipo de prácticas.

En definitiva, el éxito de Bill Gates y de su empresa puede resumirse de la siguiente manera: inicialmente, tomar conocimiento de otros; construir (o comprar) software de calidad apenas aceptable; a través de políticas agresivas y de maniobras no muy transparentes, lograr la colocación de dicho software en el mercado; finalmente, una vez establecidos sus productos, tratar de dificultar por todos los medios posibles a sus usuarios el migrar a productos de la competencia (o, incluso, atacar a directamente a ésta para eliminarla). No tiene por qué creerme, pero le pido por favor que indague un poco más al respecto con la promesa de que encontrará gran cantidad de evidencia.

En el ya citado Microsoft Research Faculty Summit de 2009, Usted también se pronunció respecto de la «Agenda Digital» argentina:

La Agenda Digital no se construye desde el Estado. La Agenda Digital es impulsada desde el Estado, pero se construye con funcionarios y con las empresas privadas; con el sector privado articulando con el sector público para poder potenciar las inversiones de cada empresa —y también las inversiones que hace el propio Estado— para achicar la brecha digital, en lo que yo denomino —y reitero— como la segunda alfabetización.

Comete Usted —nuevamente, según mi opinión— un grave error. La «Agenda Digital» —esto es, las estrategias a seguir por la Argentina a fin de maximizar el beneficio de las tecnologías informáticas y salvar la llamada «brecha digital»— no puede dejarse siquiera influir por empresas transnacionales. De la misma manera en que —supongo— no se permite que los laboratorios farmacológicos influyan en las políticas de salud, o que las editoriales de libros tengan demasiada injerencia en las políticas educativas; me tomo el atrevimiento de recomendarle que no preste demasiada atención a las aparentemente beneficiosas propuestas de empresas como Microsoft. Nuevamente, en referencia a la reunión que motivó esta carta, lo que ellos llaman «desarrollo sustentable» se refiere exclusivamente al desarrollo y la sustentabilidad de su negocio, no de nuestro país y, menos que menos, de nosotros sus pobladores. A Microsoft —como a tantos otros— no le interesa la «alfabetización digital» de los argentinos, sino solamente que utilicemos sus productos.

Le pido nuevamente que por favor se asesore sobre este tema. Se que entre los militantes de su partido hay varias personas que comparten las ideas que he expresado en este texto. Varios de ellos, reunidos bajo el eslogan «Software Libre con CFK», también le han escrito una carta abierta, con la cual coincido en términos generales.

Como referencias puntuales y particularmente relevantes, le sugiero indague sobre el incidente ocurrido en Venezuela cuando Microsoft entregó a la embajada de los EE.UU. documentos de la empresa PDVSA. También puede consultar al Dr. Hugo Scolnik (creador del Departamento de Computación de la UBA) sobre la relación entre Microsoft y la Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. (NSA). Y luego, por favor, ponga estos hechos a la par de la decisión del Ministerio de Defensa, en el año 2010, de utilizar productos de Microsoft en toda la plataforma de comunicaciones de las Fuerzas Armadas.

También me permito sugerirle la lectura de un artículo de mi autoría —escrito hace ya nueve años— en el que podrá encontrar más información sobre Bill Gates, los comienzos de Microsoft y la construcción de su fortuna. (Las referencias citadas son mucho más valiosas que el texto propiamente dicho).

Es mi deseo que esta modesta carta contribuya a que revea su opinión sobre el rol de Bill Gates en el desarrollo de la informática y el conocimiento, pero fundamentalmente con respecto a la participación que Microsoft deba tener en la definición de la agenda digital y otras decisiones estratégicas de nuestro país.

Quedando a su disposición, me despido de Usted agradeciéndole el tiempo dedicado a la lectura de esta carta y saludándole muy atentamente.

Javier Smaldone

Adenda (20 de febrero de 2013)

Hoy, con mucho pesar, he recibido la siguiente noticia:

La empresa internacional Microsoft, que provee el software a las computadoras de este plan [Conectar Igualdad], estima un crecimiento por encima del 20% en la Argentina durante 2013.

Microsoft sigue avanzando en la Argentina, estimando un crecimiento de nada menos que un 20% en un solo año. Y esto es anunciado por una agencia de noticias gubernamental como un gran avance.

De lo que parecen no enterarse quienes exponen una y otra vez los mismos argumentos contra este tipo de iniciativas, es que ya han sido refutados hace mucho tiempo. Por esto, me pareció buena idea rescatar del recuerdo la excelente respuesta que en abril de 2002 enviara al Gerente de Microsoft Perú, el congresista peruano Edgar Villanueva Nuñez (haciendo gala de una simpleza y una lógica exquisitas) quien impulsaba un proyecto de ley de este tipo en su país.

Aclaración: Al final del artículo se incluye la carta original como referencia, pero la respuesta cita cada uno de los puntos expuestos, por lo que no es necesaria su lectura previa.

Respuesta del congresista Villanueva Nuñez a Microsoft Perú

Lima, 08 de Abril del 2002.

Señor Juan Alberto González
Gerente General de Microsoft del Perú
Presente

Estimado Señor.

Ante todo, agradezco su carta del 25 de Marzo del 2002 donde manifiesta la posición oficial de Microsoft respecto al Proyecto de Ley Nº 1609, Software Libre en la Administración Pública, que sin duda se halla inspirada en el deseo de que el Perú logre situarse adecuadamente en el contexto tecnológico global. Animado de ese mismo espíritu y convencido de que a través del intercambio de ideas claras y abiertas hemos de encontrar las mejores soluciones, me permito contestar mediante la presente los comentarios incluidos en su carta.

Sin dejar de reconocer que opiniones como la suya constituyen un aporte significativo, me hubiese resultado aun mas valioso si, además de formular objeciones de índole general (que luego analizaremos en detalle) hubiera agregado argumentos sólidos sobre las ventajas que el software propietario puede reportar al Estado Peruano y a sus ciudadanos en general, pues ello habría permitido un intercambio a todas luces más esclarecedor respecto de cada una nuestras posiciones.

Con el objetivo de ordenar el debate, asumiremos que lo que Ud. llama «software de código abierto» es lo que el Proyecto define como «software libre», puesto que existe software cuyo código es distribuido junto con los programas, pero no encaja en la definición establecida en el Proyecto; y lo que Ud. llama «software comercial» es lo que el Proyecto define como «propietario» o «no libre», puesto que existe software libre que se comercializa en el mercado por un precio como cualquier otro bien o servicio.

También es preciso dejar en claro que el propósito del Proyecto al que nos referimos no está directamente relacionado con la cantidad de ahorro directo que pueda obtenerse por el empleo de software libre en las instituciones estatales. Este es en todo caso, un valor agregado marginal, pero de ninguna manera el foco del objetivo del Proyecto. Los principios elementales que animan al Proyecto se vinculan a las garantías básicas de un Estado democrático de derecho, como:

• Libre acceso del ciudadano a la información pública.
• Perennidad de los datos públicos.
• Seguridad del Estado y de los ciudadanos.

Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la creación de software libre compatible.

Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las condiciones monopólicas impuestas por éstos. Por ello el Estado necesita sistemas cuya evolución pueda ser garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente.

Para garantizar la seguridad del Estado o seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros. Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos, y un gran número de expertos independientes en el mundo. Nuestra propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el creciente número de programas con código espía.

Asimismo, nuestra propuesta refuerza la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición de titulares legítimos de la información manejada por el estado, cuanto en su condición de consumidores. En este ultimo caso, al permitir el surgimiento de una oferta extensa de software libre desprovisto de potencial código espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades individuales.

En este sentido, el Proyecto de Ley se limita a establecer las condiciones en que los organismos estatales adquirirán software en el futuro, es decir, de un modo compatible con la garantía de esos principios básicos.

De la lectura del Proyecto quedará claro que una vez aprobada:

• la ley no prohibe la producción de software propietario
• la ley no prohibe el comercio de software propietario
• la ley no dicta cuál software concreto usar
• la ley no dicta a que proveedor se compra el software
• la ley no limita los términos en que se puede licenciar un producto de software.

Lo que el proyecto expresa claramente es que, el software para ser aceptable para el Estado, no basta con que sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea, sino que además las condiciones de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, porque son aspectos muy críticos para su normal desempeño.

Estamos de acuerdo Sr. González, en el hecho de que la tecnología de información y comunicaciones tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos significativo (sin que por ello sea siempre positivo o de efecto neutro). También coincidiremos seguramente, en que los valores básicos que he señalado arriba son fundamentales en una nación democrática como el Perú. Desde luego estamos muy interesados en conocer cualquier forma alternativa de garantizar estos principios, que no sea la de recurrir al empleo de software libre en los términos definidos en el Proyecto de Ley.

En cuanto a las observaciones que Ud. formula, pasaremos ahora a analizarlas en detalle:

En primer lugar, señala que:

«1. El proyecto establece la obligatoriedad de que todo organismo público debe emplear exclusivamente software libre, es decir de código abierto, lo cual transgrede los principios de la igualdad ante la ley, el de no discriminación y los derechos a la libre iniciativa privada, libertad de industria y contratación protegidos en la constitución.».

Esta apreciación constituye un error. De ningún modo el proyecto afecta los derechos que Ud. enumera; sólo se limita a establecer condiciones para el empleo del software por parte de las instituciones estatales, sin inmiscuirse en modo alguno en las transacciones del sector privado. Es un principio bien establecido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del sector privado, pues precisamente esta limitado en su accionar por el deber de transparencia de los actos públicos; y en ese sentido, la preservación del mejor interés común debe prevalecer cuando se legisla sobre la materia.

El Proyecto protege la igualdad ante la Ley, pues ninguna persona natural o jurídica esta excluida del derecho de ofrecer estos bienes al Estado en las condiciones fijadas en el Proyecto y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (T.U.O. por Decreto Supremo No. 012-2001-PCM).

El Proyecto no introduce discriminación alguna, pues sólo establece cómo han de proveerse estos bienes (lo cual es una potestad estatal) y no quién ha de proveerlos (lo que en efecto resultaría discriminatorio si se impusieran restricciones basadas en origen nacional, raza, religión, ideología, preferencia sexual, etc.) Por el contrario, el Proyecto es decididamente antidiscriminatorio. Es así porque al determinar sin lugar a dudas las condiciones de provisión del software, impide a los organismos estatales el uso de programas cuyo licenciamiento incluya condiciones discriminatorias.

Resulta obvio por lo expuesto en los dos párrafos previos, que el Proyecto no atenta contra la libre iniciativa privada, pues esta puede elegir siempre bajo que condiciones producirá el software; algunas de estas serán aceptables para el Estado, y otras no lo serán porque contrarían la garantía de los principios básicos enumerados arriba. Esta libre iniciativa es desde luego, compatible con la libertad de industria y con la libertad de contratación (en los términos acotados en que el Estado puede ejercer esta última). Cualquier sujeto privado puede producir software en las condiciones que el Estado lo requiere, o puede abstenerse de hacerlo. Nadie esta forzado a adoptar un modelo de producción, pero si desea proveer software al Estado, deberá proporcionar los mecanismos que garantizan los principios básicos, y que son los manifestados en el Proyecto.

A manera de ejemplo: nada en el texto del Proyecto impediría a su empresa ofrecer a los organismos del Estado su «suite» de oficina, en las condiciones definidas en el Proyecto y fijando el precio que ustedes consideren conveniente. Si no lo hiciera, no se deberá a restricciones impuestas por la ley, sino a decisiones empresariales respecto al modo de comercializar sus productos, decisiones, en que el Estado no tiene participación.

A continuación señala Ud. que:

«2. El proyecto, al hacer obligatorio el uso de software de código abierto, establecería un tratamiento discriminatorio y no competitivo en la contratación y adquisición de los organismos públicos…»

Esta afirmación no es sino una reiteración de la anterior, y por ende se encuentra contestada lineas arriba. Pero detengámonos un instante en su apreciación sobre el «tratamiento … no competitivo».

Por cierto, al definir cualquier tipo de adquisición, el comprador fija condiciones que se relacionan con el uso propuesto del bien o servicio. Desde luego ello excluye a ciertos fabricantes de la posibilidad de competir, pero no los excluye «a priori», sino en base a una serie de principios decididos por la voluntad autónoma del comprador, en tanto el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. Y en el Proyecto se estable que nadie esta excluido de competir en tanto garantice el cumplimiento de los principios básicos.

Además el Proyecto estimula la competencia, pues alienta a generar oferta de software con mejores condiciones de usabilidad, y a optimizar trabajos ya establecidos, en un modelo de mejora constante.

De otro lado, el aspecto central de la competitividad es la oportunidad de proporcionar al consumidor mejores opciones. Ahora bien, es imposible desconocer que el marketing no juega un papel neutral a la hora de presentar la oferta al mercado (pues admitir lo contrario habilitaría a suponer que las inversiones que las empresas realizan en marketing carecen de sentido), y por consiguiente un gasto significativo en este rubro puede influir las decisiones del comprador. Esta influencia del marketing queda en buena medida mitigada por el proyecto que propulsamos, pues la elección dentro del marco propuesto recae en el mérito técnico del producto y no en el esfuerzo de comercialización del productor; en este sentido, la competitividad se acentúa, pues el más pequeño productor de software puede competir en un pie de igualdad con la más poderosa de las corporaciones.

Es necesario recalcar que no hay posición más anti-competitiva que la de los grandes productores de software propietario, que frecuentemente abusan de su posición dominante, porque en innumerables casos proponen como soluciones a problemas planteados por los usuarios: «actualice su software a la nueva versión» (con cargo para el usuario, por supuesto); además, son comunes las interrupciones arbitrarias de asistencia técnica para productos que al sólo juicio del proveedor, son «antiguos»; luego para recibir algún grado de asistencia técnica, el usuario se ve obligado a migrar (con costo no trivial, especialmente porque suele involucrar cambios de la plataforma de hardware) a nuevas versiones. Y como toda la infraestructura esta consolidada en formatos de datos propietarios, el usuario queda «atrapado» en la necesidad de continuar empleando los productos del mismo proveedor, o realizar el enorme esfuerzo de cambiar a otro ambiente (también probablemente propietario).

Agrega Ud.:

«3. Así, al obligar al Estado a favorecer un modelo de negocios que apoyaría exclusivamente el software de código abierto, el proyecto sólo estaría desalentando a las compañías fabricantes locales e internacionales que son las que verdaderamente realizan importantes inversiones, crean un significativo número de puestos de empleos directos e indirectos, además de contribuir al PBI vs. Un modelo de software de código abierto que tiende a tener un impacto económico cada vez menor debido a que crea principalmente empleos en servicio.»

No estoy de acuerdo con lo que Ud. afirma. En parte por lo que Ud. mismo señala en el párrafo 6 de su carta, respecto del peso relativo de los servicios en el contexto del uso de software. Esta contradicción, de por sí, invalidaría su postura. El modelo de servicios, adoptado por gran número de corporaciones en la industria informática, es mucho más significativo, en términos económicos y con tendencia creciente, que el licenciamiento de programas.

Por otra parte, el sector privado de la economía tiene la más amplia libertad para elegir el modelo económico que mas convenga a sus intereses, aunque esta libertad de elección quede muchas veces oscurecida de manera subliminal por las desproporcionadas inversiones en marketing de los productores de software propietario.

Adicionalmente, de la lectura de su opinión se desprendería que el mercado Estatal es crucial e imprescindible para la industria del software propietario, a tal punto que la
opción que el Estado establece en este proyecto, eliminaría completamente del mercado a estas empresas. Si es así, deducimos que el Estado estaría subsidiando a la industria del software propietario. En el supuesto negado que esto fuese cierto, entonces el Estado tendría el derecho en aplicar los subsidios al área que considere de mayor valor social; resultaría innegable, en esta improbable hipótesis, que si el Estado decide subsidiar software debería hacerlo escogiendo el libre por encima del propietario, atendiendo a su efecto social y al uso racional de los dineros de los contribuyentes.

Respecto de los puestos de trabajo generados por el software propietario en países como el nuestro, estos tratan mayoritariamente tareas técnicas de poco valor agregado; a nivel local, los técnicos que prestan soporte a software propietario producido por empresas transnacionales no están en condiciones de solucionar un bug, no necesariamente por falta capacidad técnica o talento, sino porque no disponen del código fuente a reparar. Con software libre se crea empleo técnicamente más calificado y se genera un marco de libre competencia donde el éxito esta sólo vinculado a la capacidad de brindar buen soporte técnico y calidad de servicio, se estimula el mercado y se incrementa el patrimonio común del conocimiento, abriendo alternativas para generar servicios de mayor valor agregado y mejor perfil de calidad beneficiando a todos los actores: productores, prestadores de servicios y consumidores.

Es un fenómeno común en los países en vías de desarrollo que las industrias locales de software obtienen la mayoría de sus ingresos en el área de servicios, o en la construcción de software «ad hoc». Por lo tanto, cualquier impacto negativo que la aplicación del Proyecto pueda tener en este sector se verá compensado con creces por un aumento de la demanda de servicios (a condición de que estos sean prestados conforme a altos estándares de calidad). Desde luego, es probable que las empresas transnacionales de software si deciden no competir conforme a estas reglas de juego, sufran alguna disminución de ingresos en términos de facturación por licenciamiento; pero considerando, que estas empresas alegan sostenidamente que mucho del software empleado por el Estado fueron copiados ilegalmente, se verá que el impacto no ha de ser extremadamente serio. Ciertamente, en todo caso su fortuna estará determinada por leyes del mercado, cuyos cambios no es posible evitar; muchas empresas tradicionalmente asociadas con el software propietario ya han emprendido un camino firme (apoyado por cuantiosas inversiones) para prestar servicios asociados con el software libre, lo cual demuestra que los modelos no son mutuamente excluyentes.

Con este Proyecto el Estado está decidiendo que requiere preservar ciertos valores fundamentales. Y lo decide en base a sus potestades soberanas, sin afectar con ello ninguna de las garantías constitucionales. Si estos valores pueden ser garantizados sin tener que escoger un modelo económico dado, los efectos de la ley serían aun más beneficiosos. En todo caso debe quedar claro que el Estado no elige un modelo económico; si sucediera que existe un sólo modelo económico capaz de proveer software tal que satisfaga la garantía básicas de estos principios, se trataría de una circunstancia histórica y no de una decisión arbitraria en favor de un modelo dado.

Prosigue su carta:

«4. El proyecto de ley impone el uso de software de código abierto sin considerar los peligros que esto pueda conllevar desde el punto de vista de seguridad, garantía y posible violación de los derechos de propiedad intelectual de terceros.»

Aludir de forma abstracta «los peligros que pueda conllevar», sin especificar siquiera una sola instancia de esos supuestos peligros, denota cuando menos un desconocimiento del tema. Así, pues, permítame ilustrarlo sobre estos puntos.

Sobre seguridad:

En términos generales respecto la seguridad nacional, ya se mencionó inicialmente en los principios básicos del Proyecto. En términos más puntuales respecto de la seguridad del software en sí, es bien sabido que el software (propietario o libre) contiene errores de programación o «bugs» (en la jerga informática) en sus lineas de código. Pero también es público y notorio que los bugs en el software libre son menos, y se reparan mucho mas rápidamente, que en el software propietario. No en vano numerosas organismos públicos responsables por la seguridad informática de los sistemas estatales en países desarrollados prescriben el uso de software libre a iguales condiciones de seguridad y eficiencia.

Lo que resulta imposible probar es que el software propietario sea más seguro que el libre, salvo mediante el escrutinio publico y abierto de la comunidad científica y los usuarios en general. Esta demostración es imposible porque el propio modelo del software propietario impide este análisis, con lo que la garantía de seguridad se basa en la palabra bienintencionada (pero a todas luces parcial) del propio productor o sus contratistas.

Corresponde recordar que, en numerosos casos, las condiciones de licenciamiento incluyen cláusulas de Non-Disclosure que impiden a los usuarios revelar abiertamente las fallas de seguridad halladas en el producto propietario licenciado.

Respecto a garantía:

Como Ud. sabe perfectamente, o podrá determinar leyendo el «End User License Agreement» de los productos que licencia, en la amplísima mayoría de los casos, las garantías están limitadas a la reposición del medio de almacenamiento si este fuera defectuoso, pero en ningún caso se prevén compensaciones por daños directos o indirectos, lucro cesante, etc.. Si como consecuencia de un bug de seguridad en alguno de sus productos, no oportunamente reparado por Uds., un atacante comprometiera sistemas cruciales para el Estado: ¿que garantías, reparaciones y compensaciones proporcionaría su empresa de acuerdo con sus condiciones de licenciamiento? Las garantías del software propietario, en tanto los programas se entregan «AS IS», es decir, en el estado en que se encuentran, sin ninguna responsabilidad adicional para el proveedor respecto a su funcionalidad, no difieren en modo alguno de las habituales en el software libre.

Sobre la propiedad intelectual:

Las cuestiones de propiedad intelectual están fuera del ámbito en este proyecto, pues se encuentran amparadas por otras leyes específicas. El modelo de software libre no implica en modo alguno desconocer estas leyes y de hecho, la amplísima mayoría del software libre está amparado por el copyright. En realidad, la sola inclusión de esta cuestión en sus observaciones demuestra su confusión respecto del marco legal en que se desenvuelve el software libre. La incorporación de propiedad intelectual ajena en obras que luego se atribuyen como propias no es una práctica de la que se tenga registro en la comunidad del software libre; si lo es, lamentablemente, en el terreno del software propietario. Valga a titulo de ejemplo la condena de la Corte Comercial de Nanterre, Francia, del pasado 27 de septiembre de 2001 a Microsoft Corp., por 3 millones de francos en concepto de daños e intereses, por violación de la propiedad intelectual (piratería, según el desafortunado término que su empresa suele usar en su publicidad).

Prosigue diciendo que:

«5. El proyecto maneja de manera errónea los conceptos de software de código abierto, que no necesariamente implica que sea software libre o de costo cero, llegando a realizar conclusiones equívocas sobre ahorros para el Estado, sin ningún sustento costo beneficio que valide la posición.»

Esta observación no es así, en principio la gratuidad y la libertad son conceptos ortogonales: hay software propietario y oneroso (por ejemplo, MS Office), software propietario y gratuito (MS Internet Explorer), software libre y oneroso (distribuciones RedHat, SuSE, etc. del sistema GNU/Linux), software libre y gratuito (Apache, OpenOffice, Mozilla), y aun software que se licencia bajo diferentes modalidades (MySQL).

Ciertamente que el software libre no es necesariamente gratuito. Y tampoco se desprende del texto del Proyecto que deba serlo como bien habrá notado después de leer la norma propuesta. Las definiciones incluidas en el Proyecto determinan claramente qué debe considerarse software libre, en ningún momento se refieren a la gratuidad. Si bien se mencionan las posibilidades de ahorro en términos de lo pagado por licencias de software propietario, los fundamentos del proyecto hacen clara mención a las garantías fundamentales que se pretende preservar y al estimulo del desarrollo tecnológico local. Puesto que un Estado democrático debe sostener estos principios, no le queda otra solución que emplear software cuyo código fuente está públicamente disponible e intercambiar información sólo en formatos standares.

Si el Estado no empleara software con esas características, estaría vulnerando principios republicanos básicos. Por fortuna, además, el software libre implica menores costos totales; pero aun en la hipótesis (fácilmente negada) de que costara más que el propietario, la sola existencia de una herramienta de software libre eficaz para una determinada función informática obligaría al Estado a usarla; no por imperio de este Proyecto de Ley, sino por los principios elementales que enumeramos al comienzo y que surgen de la esencia misma del Estado democrático de derecho.

Sigue Ud.:

«6. Es equivocado pensar que el Software de Código Abierto es gratuito. Investigaciones realizadas por Gartner Group (importante investigadora del mercado tecnológico reconocida a nivel mundial) han señalado que el costo de adquisición del software (sistema operativo y aplicaciones) se reduce a sólo 8% del total de costos que las empresas e instituciones deben asumir como consecuencia del uso racional y realmente provechoso de la tecnología. El otro 92% lo constituyen: costos de implantación, capacitación, soporte, mantenimiento, administración e inoperatividad.»

Este argumento repite lo ya señalado en el párrafo 5 y en parte se contradice con el párrafo 3. Por lo tanto nos remitiremos a lo allí dicho en homenaje a la brevedad. No obstante, permítame señalarle que incurre en una conclusión falsa en el plano lógico: que el costo de software según Gartner Group sea sólo el 8% en promedio del costo total de utilización, no invalida en forma alguna la existencia de software gratuito, esto es, aquel cuyo costo de licenciamiento es cero.

Además en este párrafo Ud. indica acertadamente que los componentes de servicio y las pérdidas por indisponibilidad conforman la parte sustancial del costo total de utilización de software; lo que, advertirá, entra en contradicción con su afirmación del valor mínimo de los servicios sugerido en el párrafo 3. Ahora bien, el empleo de software libre contribuye significativamente a disminuir los restantes costos del ciclo de vida. Esta reducción del impacto económico de despliegue, soporte, etc. se registra en varios campos; por un lado, el modelo competitivo de servicios del software libre, cuyo soporte y mantenimiento es posible contratar libremente entre una oferta variada que compite en función de la calidad y el menor costo. Esto es válido para la implantación, la capacitación y el soporte, y en buena medida para el mantenimiento. En segundo lugar, por la característica reproductiva del modelo, hace que el mantenimiento que se realizó en una aplicación sea replicable muy fácilmente, sin incurrir en mayores costos (es decir, sin pagar más de una vez por lo mismo) pues las modificaciones, si así se desea, quedan incorporadas al patrimonio común del conocimiento. En tercero, porque el enorme costo causado por la inoperatividad («pantallas azules de la muerte», código malicioso como virus, worms y troyanos, excepciones, fallas generales de protección y otros tantos males conocidos) se reduce significativamente al emplear software mas estable; y es bien sabido que una de las virtudes mas destacables del software libre es su estabilidad.

Afirma luego que:

«7. Uno de los argumentos que sustentan el proyecto de ley es la supuesta gratuidad del software de código abierto, comparado con los costos del software comercial, sin tener en cuenta que existen modalidades de licenciamiento por volumen que pueden ser sumamente ventajosas para el Estado, tal como se ha logrado en otros países.»

He puntualizado ya que lo que está en cuestión no es el costo del software, sino los principios de libertad de información, accesibilidad y seguridad. Estos argumentos se han tratado de manera extensa en párrafos anteriores, por lo que estimaré remitirse a ellos.

Por otra parte, ciertamente existen modalidades de licenciamiento por volumen (aunque infortunadamente, el software propietario no satisface los principios básicos). Pero, como Ud. acaba de señalarlo acertadamente en el párrafo inmediatamente anterior de su carta, sólo apuntan a reducir el impacto de un componente que importa no más del 8% del costo total.

Prosigue:

«8. Adicionalmente, la alternativa adoptada por el proyecto (i) es claramente más costosa por los altos costos que supone una migración y (ii) pone en riesgo la compatibilidad y posibilidad de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado, dada la centena de versiones que existen de software de código abierto en el mercado.»

Analicemos su afirmación en dos partes. Su primer argumento, el de que la migración supone altos costos es en realidad un argumento en favor del Proyecto. Porque cuanto más tiempo transcurra la migración a otra tecnología esta se tornará mas onerosa; y al mismo tiempo se irán incrementando los riesgos de seguridad asociados con el software propietario. De esta manera, el uso de sistemas y formatos propietarios va haciendo que el Estado se vuelva cada vez más dependiente de proveedores determinados. Por el contrario, una vez implantada la política de uso de software libre (implantación que, es cierto, implica un costo), la migración de un sistema a otro se hace muy sencilla, ya que todos los datos están almacenados en formatos abiertos. Por otra parte, la migración a un entorno de software abierto no implica más costos que la misma entre entornos distintos de software propietario, con lo que su argumento se invalida totalmente.

El segundo argumento refiere a «dificultades de interoperabilidad de las plataformas informáticas dentro del Estado, y entre el Estado y el sector privado». Esta afirmación implica un cierto desconocimiento de los mecanismos de construcción de software libre, en el que no se maximiza la dependencia del usuario respecto de una plataforma determinada, como sucede habitualmente en el campo del software propietario. Aun cuando existen múltiples distribuciones de software libre, y numerosos programas susceptibles de ser empleados para una misma función, la interoperabilidad queda garantizada tanto por el empleo de formatos estándar, exigido en el proyecto, como por la posibilidad de construir software interoperable a partir de la disponibilidad del código fuente.

Dice luego que:

«9. El software de código abierto en su mayoría no ofrece los niveles de servicio adecuados ni la garantía de fabricantes reconocidos para lograr mayor productividad por parte de los usuarios, lo cual ha motivado que diferentes entidades públicas hayan retrocedido en su decisión de ir por una solución de software de código abierto y se encuentren utilizando software comercial en su lugar.»

Esta observación es infundada. Respecto de la garantía su argumento ha sido rebatido respondiendo el párrafo 4. Respecto de los servicios de soporte, es posible usar software libre sin ellos (así como sucede también con el software propietario) pero quienes los requieran pueden adquirir soporte por separado, tanto de empresas locales cuanto de corporaciones internacionales, también como en el caso de software propietario.

Por otra parte, contribuiría en mucho a nuestro análisis que nos informase acerca de proyectos de software libre implantados en entidades públicas, que a la fecha hayan sido abandonados en favor del software propietario. Conocemos un buen número de casos en el sentido inverso, pero carecemos de información respecto de casos en el sentido que Ud. expone.

Continua observando que:

«10. El proyecto desincentiva la creatividad de la industria peruana de software, que factura US$ 40 millones/año, exporta US$ 4 millones (10mo. en ranking productos de exportación no tradicional, más que artesanías) y es una fuente de empleo altamente calificado. Con una Ley que incentive el uso de software de código abierto, los programadores de software pierden sus derechos de propiedad intelectual y su principal fuente de retribución.»

Esta claro por demás que nadie esta obligado a comercializar su código como software libre. Tan sólo deberá tener en cuenta que, si no lo hace, no podrá venderle al sector público. Este, por otra parte, no constituye el principal mercado para la industria nacional de software. Lineas arriba hemos abordado algunas cuestiones referidas a la influencia del Proyecto en la generación de empleo técnico altamente calificado y en mejores condiciones de competitividad, por lo que parece innecesario insistir aquí en el punto.

Lo que sigue en su afirmación es erróneo. Por un lado, ningún autor de software libre pierde sus derechos de propiedad intelectual, a menos que por su expresa voluntad desee colocar su obra en el dominio público. El movimiento del software libre siempre ha sido extremadamente respetuoso de la propiedad intelectual, y ha generado reconocimiento público extenso a los autores. Nombres como el de Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum, Larry Wall, Miguel de Icaza, Andrew Tridgell, Theo de Raadt, Andrea Arcangeli, Bruce Perens, Darren Reed, Alan Cox, Eric Raymond, y muchos otros, son mundialmente reconocidos por sus contribuciones en el desarrollo de software que hoy es utilizado por millones de personas en todo el mundo, en tanto los nombres de los autores materiales de excelentes piezas de software propietario, permanecen en el anonimato. Por otra parte, afirmar que las regalías por derechos de autor constituyen la principal fuente de retribución de los programadores Peruanos es en todo caso aventurado, en particular porque no se ha aportado ninguna prueba al efecto ni una demostración de como el empleo de software libre por el Estado influiría en esta retribuciones.

Prosigue Ud. diciendo que:

«11. El software de código abierto, al poder ser distribuido gratuitamente, tampoco permite generar ingresos para sus desarrolladores por medio de la exportación. De esta forma, se debilita el efecto multiplicador de la venta de software a otros países y por lo tanto el crecimiento de esta industria, cuando contrariamente las normas de un Gobierno deben estimular la industria local.»

Esta afirmación demuestra nuevamente un desconocimiento total de los mecanismos y el mercado del software libre. Intenta aseverar que el mercado de cesión de derechos no exclusivos de uso a titulo oneroso (venta de licencias) es el único posible para la industria informática cuando, como Ud. mismo lo ha señalado párrafos arriba, ni siquiera es el más importante. El incentivo que el proyecto presenta al surgimiento de una oferta de profesionales más calificados, en conjunto con el incremento de experiencia que resultará para los técnicos nacionales el trabajar a gran escala con software libre en el Estado, los colocan en una posición altamente competitiva para brindar sus servicios al extranjero.

Señala luego que:

«12. En el Foro se discutió sobre la importancia del uso de software de código abierto en la educación, sin comentar el rotundo fracaso de esta iniciativa en un país como México, en donde precisamente los funcionarios del Estado que fundamentaron el proyecto, hoy expresan que el software de código abierto no permitió brindar una experiencia de aprendizaje a alumnos en la escuela, no se contó con los niveles de capacitación a nivel nacional para dar soporte adecuado a la plataforma, y el software no contó y no cuenta con los niveles de integración para la plataforma que existen en las escuelas.»

Efectivamente, en México se dio marcha atrás con el proyecto Red Escolar. Eso se debió, precisamente a que los impulsores del proyecto mexicano tuvieron al costo de las licencias como principal argumento, en vez de las otras razones estipuladas en nuestro proyecto y que son mucho más esenciales. Debido a este error conceptual, y como consecuencia de la falta de apoyo efectivo por parte de la SEP (Secretaria de Educación Publica) se asumió que para implementar software libre en las escuelas, bastaba con quitarle a éstas el presupuesto para software y en cambio enviarles un CD ROM con GNU/Linux. Por cierto, esto falló y no podía ser de otro modo, tal como fallan los laboratorios escolares en los que se usa software propietario si no hay presupuesto para implementación y mantenimiento. Es precisamente por eso que nuestro proyecto de ley no se limita a indicar la mandatoriedad del uso de software libre, sino que reconoce la necesidad y ordena la creación de un plan de migración viable, en el que el Estado encamine ordenadamente la transición técnica para lograr disfrutar de las ventajas del software libre.

Finaliza Ud. con una pregunta retórica:

«13. Si el software de código abierto satisface todos lo requerimientos de las entidades del Estado ¿por que se requiere de una Ley para adoptarlo? ¿No debería ser el mercado el que decida libremente cuáles son los productos que le dan más beneficios o valor?»

Estamos de acuerdo que en el sector privado de la economía, es el mercado quien debe decidir que productos usar y allí no sería admisible ninguna intromisión estatal. Pero en el caso del sector público, el razonamiento no es el mismo: Como ya establecimos el Estado almacena, manipula y transforma información que no le pertenece, sino que la ha sido confiada por los ciudadanos que, por imperio de la ley, no tienen más alternativa que hacerlo. Como contraparte a esa imposición legal, el Estado debe extremar las medidas para salvaguardar la integridad, confidencialidad y accesibilidad de esa informaciones. El empleo de software propietario arroja serias dudas sobre el cumplimiento de estos atributos, a falta de evidencia concluyente al respecto y por lo tanto no es apto para ser usado en el sector público.

La necesidad de una ley estriba, por un lado, en la materialización de los principios fundamentales antes enunciados en el campo específico del software. Por otro, en el hecho de que el Estado no es una entidad ideal homogénea, sino que esta compuesto de múltiples organismos con diversos grados de autonomía de decisiones. Dado que el software propietario es inapropiado para ser empleado, el hecho de establecer estas reglas en la ley impediría que la decisión discrecional de cualquier funcionario ponga en riesgo la información que pertenece a los ciudadanos. Y, sobre todo, porque constituye una reafirmación actualizada en relación con los medios de tratamiento y comunicación de información empleados hoy en día, sobre el principio republicano de publicidad.

Conforme a este principio universalmente aceptado, el ciudadano tiene derecho a conocer toda información en poder del Estado que no esté amparada en una declaración fundada de secreto conforme a la ley. Ahora bien, el software trata información y es en sí mismo información. Información en formato especial, susceptible de ser interpretada por una máquina para ejecutar acciones, pero sin duda información crucial porque el ciudadano tiene legítimo derecho a saber, por ejemplo, como se computa su voto o se calculan sus impuestos. Y para ello, debe poder acceder libremente al código fuente y probar a su satisfacción los programas que se utilizan para el cómputo electoral o para el cálculo de sus impuestos.

Saludo a Ud. con las expresiones de mi mayor consideración, reiterando que mi despacho siempre estará abierto a que expongan sus puntos de vista al detalle que Ud. crea conveniente.

Atentamente,

Dr. Edgar David Villanueva Nuñez
Congresista de la República del Perú.

Fuentes

• http://www.gnu.org.pe/rescon.html
• http://pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_a_ms.html

Referencias

• Proyecto de ley 1609/2001 (Villanueva Nuñez). Ref.: Congreso de la República del Perú
• Facsímil de la carta de Microsoft Peru con objeciones al proyecto de ley 1609/2001 (Copia del proyecto Proposición). Versión de texto (Copia del proyecto Proposición)
• Discusión en Barrapunto: «Proyecto de ley para software libre en Perú»
• Entrevistas con el Dr. Villanueva Nuñez: El Informante (CORPECE) – Linux Journal (en inglés)

En el marco de su disertación, Stallman criticó duramente el proyecto insignia del gobierno: «Conectar Igualdad». A raíz de las opiniones vertidas por él, se generó un revuelo que involucró tanto a funcionarios públicos como a integrantes del movimiento del Software Libre.

¿Qué es «Conectar Igualdad»?

«Conectar Igualdad» tiene como principal objetivo la distribución de 3 millones de netbooks entre alumnos y docentes de las escuelas secundarias públicas. Los equipos cuentan con dos sistemas operativos: Microsoft Windows 7 y Ubuntu (una variante del sistema operativo GNU/Linux), como así también con una considerable cantidad de software libre y el paquete de ofimática Microsoft Office, entre otros productos de la empresa Microsoft.

El sistema operativo Ubuntu es provisto de forma gratuita. El mismo, así como el resto de los programas libres incluidos en las netbooks, pueden ser descargados sin costo de Internet. Cabe aclarar aquí que en el caso de los programas libres se tiene acceso no solamente al código binario necesario para ser ejecutado en una computadora, sino también al código fuente, con el permiso para examinarlo, adaptarlo y redistribuirlo libremente.

Los programas provistos por la empresa Microsoft no son libres. Esta solamente provee el código binario, bajo la expresa prohibición de utilizarlo más que para ejecutarlo en una determinada cantidad de computadoras, según la cantidad de «licencias» de uso que se hayan adquirido. En el caso de «Conectar Igualdad», las licencias de los productos de Microsoft fueron adquiridas previamente a través de un convenio entre el Gobierno Nacional y la misma. Posiblemente se trate del acuerdo suscripto por el entonces Ministro de Educación Daniel Filmus que incluye cláusulas de «no divulgación», por lo cual el texto completo y las condiciones del mismo revisten el caracter de secreto.

Stallman y sus críticas a «Conectar Igualdad»

Richard Stallman es quien inició el llamado «movimiento del Software Libre», a través de la creación de la Free Software Foundation y del proyecto GNU. Durante casi 30 años ha sido el pilar ideológico de dicho movimiento, contribuyendo no solamente en lo técnico sino también dando forma a la filosofía del mismo (sin ir más lejos, es el autor de la licencia libre más utilizada: la Licencia Pública General de GNU, más conocida como GPL). Los propios organizadores de las CISL 2011 reconocían su importancia en una página de su sitio (que en este momento no puede accederse, pero que puede recuperarse gracias a archive.org) diciendo:

Como fundador del movimiento por el Software Libre e impulsor del GNU y el copyleft, Richard Stallman es un referente obligado de la CISL y por esa razón, estará también presente en la edición 2011.

Lamentablemente, hasta este momento no he podido encontrar ninguna grabación en audio o vídeo sobre la participación de Stallman en la CISL 2011, pero sus opiniones fueron reproducidas en una entrevista publicada por el diario La Nación. En la misma, al ser interrogado sobre sus críticas a «Conectar Igualdad», dice:

Todos los políticos honestos deberían condenar este trabajo con Microsoft. Me parece que no hay total conciencia de eso. Hablo de los efectos del plan «Condenar a maldad», porque hablo de los efectos que tienen en los chicos hablar de Windows. No hablo de los motivos, hablo del efecto y no debemos ignorar el efecto enfocándonos únicamente en los motivos. Algunos tienen buenos motivos pero no basta. Hay que corregir el mal efecto. Hoy en día cuando una escuela pública piensa enseñar con software libre no tiene la opción porque entran las netbooks con Windows.

Una maestra me dijo que al llegar netbooks con Windows, se les complica usar la otra opción. Los chicos a los que les gusta el software libre se ven exigidos por los maestros a usar Windows en la clase. Si alguien borra Windows de la máquina lo reprimen.

Luego, al ser interrogado por el periodista sobre si su crítica se mantiene aún cuando las netbooks incluyen Ubuntu, Stallman responde:

Sí, porque aunque lo tengan no es una opción real. Tienen una opción injusta pero conocida, con presión de los maestros de usarla y otra más o menos ética porque Ubuntu no es totalmente software libre aunque es mucho mejor que Windows. Decir que es imparcial sería una mentira. No es imparcial.

Por un lado, la postura de Stallman -y del grueso de los integrantes del movimiento de Software Libre- siempre ha sido clara en el sentido de que «un poco libre» es equivalente a «no libre». Por otro, desde el propio Gobierno Nacional (a través de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner) se ha hecho hincapié en la ventaja que representa una posición monopólica -como la que ostenta Microsoft en el campo de las computadoras personales- y la necesidad de inclinar la balanza decididamente hacia el otro lado, si se quiere salir de su influencia. Es claro que entregar las netbooks con programas no libres (provistos por una empresa monopólica) en supuesta «igualdad» con productos libres no hace más que consolidar la posición existente (máxime si dicha empresa recibe además varios millones en concepto de licencias de uso).

La posición de Stallman al respecto y, por ejemplo, su comparación entre la dependencia que produce el uso de software privativo y la del cigarrillo, y su conveniencia de distribuirlos libremente entre los niños -cosa que aunque parezca ridícula ha sido hecha por las tabacaleras en varias oportunidades- es conocida desde siempre. Incluso cuando los organizadores de la CISL 2011 consideraron a Stallman como un «referente obligado» y lo invitaron a participar del evento.

La respuesta de los organizadores de la CISL 2011

La respuesta oficial (copia en archive.org, por si no está disponible), firmada por Roberto Sahakian (Coordinador de Gestión de Políticas contra la Discriminación del INADI) y Jorge Cabezas (funcionario de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) dice que los organizadores no comparten las expresiones vertidas por Stallman, aclarando que:

«… hemos invitado al Sr. Stallman aún conociendo su posición, cuyo fundamentalismo lo coloca en nuestras antípodas, precisamente porque formamos parte de esta Argentina en la que rige la plena libertad de expresión, donde los consensos surgen de la discusión democrática y no de la imposición autoritaria de los pareceres minoritarios.»

Así es que, luego de la crítica a «Conectar Igualdad», Stallman pasó de ser un «referente obligado» a un fundamentalista que, pese a ser el principal referente mundial del Software Libre, se encuentra en las antípodas de las políticas de Software Libre del Gobierno Argentino. En la misma nota de prensa aclaran cómo es que sucedió esto, diciendo que no es enteramente culpa de Stallman, sino que:

«… parece estar siendo asesorado por las mismas personas que en una visita anterior a la Argentina le aconsejaron no dar una charla en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, por tratarse un un lugar supuestamente ‘polémico’.»

Seguramente, se refieren a los integrantes de la Fundación Vía Libre, ya que la misma acusación les fue lanzada hace un par de años; referida a un hecho supuestamente acaecido en 2004. El artículo en cuestión fue desmentido en su oportunidad por uno de los integrantes de la fundación, que denunció varias inexactitudes en el mismo. Aún en la hipótesis de que esto fuese cierto, sería sólo un error de Stallman al haber escuchado a las personas equivocadas en aquella oportunidad.

Es cuando menos arriesgado afirmar que un personaje de la talla, la trayectoria y el reconocimiento de Richard Stallman habla por boca de una organización local como la Fundación Vía Libre. Lo que roza el ridículo es que pretendan que algún militante vernáculo le haya dictado el discurso que repite hasta el hartazgo desde hace casi tres décadas.

La situación es exactamente la inversa: Federico Heinz, como presidente de la Fundación Vía Libre, es reconocido oficialmente como orador del proyecto GNU, liderado por Stallman.

Conclusión

Muchos adherentes al movimiento del Software Libre, su filosofía y su política -y no precisamente un grupo minoritario- sostenemos que es dañino ayudar a la distribución de software privativo. El peor ámbito para hacerlo es el de la educación. Y el distribuir conjuntamente software libre poco ayuda a cambiar el resultado.

Una situación de monopolio no se revierte incrementando en 3 millones la cantidad de usuarios cautivos, aumentando las ya abultadas arcas de la empresa privilegiada, por más que a la par se ofrezca una alternativa. Pretender esto es simplemente intentar negar la influencia del «efecto de red».

El despropósito se hace aún más evidente, cuando se enuncia como principal objetivo del proyecto «reducir las brechas digitales«, a la vez que el mismo se sustenta sobre un convenio confidencial y secreto con una de las empresas cuyo control monopólico no ha hecho más que acrecentarla.

Finalmente, la oposición a este tipo de iniciativas «mixtas» (gatopardistas, para muchos de nosotros) es una constante en las declaraciones públicas de Richard Stallman. Esta visión puede ser compartida o no, pero llamar a alguien primero «referente obligado«, para luego de recibir la crítica descalificarlo como «fundamentalista» es un recurso de una bajeza que sólo puede ser superada haciéndolo, como resalta la declaración oficial, en nombre de «la libertad, la diversidad y la pluralidad de opiniones» (ni qué decir de la alusión a las Madres de Plaza de Mayo).

Actualización (19/Sep/2011)

Stallman permanece aún en la Argentina. Y según parece, Jorge Cabezas (quien lo descalificara duramente en el comunicado oficial de la CISL), ahora se ufana de que se encuentra alojado en casa de uno de los organizadores.

Actualización (4/Mar/2016)

Así contrataba empleados el proyecto Conectar Igualdad:

Fuente 1: Lista de correo PyAr (copia en archive.org).

Fuente 2: Lista de correo PyAr (copia en archive.org).

Así rechazaban en Conectar Igualdad («un proyecto peronista») el apoyo de quienes no apoyaran al Gobierno kirchnerista:

Fuente: Lista de correo anillo-lst (copia en archive.is).

Referencias

Aún haciendo caso omiso del pobre nivel de seguridad que ofrecen los productos de Microsoft (ya insuficiente para el uso que puede darles mi tía, ni que hablar de sistemas militares), es increible que las fuerzas armadas de un país decidan adoptar como plataforma para sus comunicaciones, sistemas privativos (de código cerradísimo), producidos por una empresa extranjera y sobre los cuales recaen varias sospechas respecto de la intromisión de los servicios de inteligencia de los EE.UU.

Y no sólo eso. El asunto parece ser tan notable, que hasta ha sido publicado por Microsoft como «caso de éxito». (Es hasta gracioso ver el detalle completo de programas y versiones utilizados, algo que cualquier especialista en seguridad tendría reparos en publicar, tratándose de sistemas militares).

Cuando empecé a leer el artículo, tuve la tentación de extraer y comentar algunas afirmaciones (por lo general de integrantes de las Fuerzas Armadas) que reflejan un avanzado grado de estupidez. Desistí de ello, ya que hubiera terminado copiando casi textualmente el boletín de Microsoft. [Actualización: El artículo original ha sido eliminado del sitio web de Microsoft. Puede consultar la versión almacenada en archive.org. ]

Por lo tanto, me limitaré a reproducir aquí el copete del artículo:

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, está implementando una plataforma de comunicaciones y colaboración en tiempo real, que lo coloca a la vanguardia, en la región. Sobre un ambiente nativo Microsoft Windows Server 2008 R2 y con la integración de Microsoft Exchange Server 2007, Office Communications Server 2007 y Office system 2007, el Centro de Operaciones Conjunto, materializado en la Sala de Mando y Control y el estándar de Escritorio Operacional definido para determinadas Autoridades-Usuarios; provee una infraestructura versátil, segura, confiable, fiable y de múltiples prestaciones en tiempo real, que mejoran cualitativamente el desempeño de sus funciones y potencian las facilidades disponibles tanto en el territorio nacional como en los lugares donde nuestro país tiene Organizaciones Militares de Paz en el exterior.

Las más recientes implementaciones resultan innovadoras en grado sumo, ya que logran identificación unívoca de usuarios, presencia enriquecida, modalidades de conexión y vías de comunicación unificadas, disponibilidad contextual y universal. Se dispone de mensajería instantánea encriptada y propietaria, de un servicio de conferencia entre varios interlocutores, que permite compartir aplicaciones entre muchas otras prestaciones que reducen muy considerablemente (en el orden del 80%) el tiempo de gestión operacional, enriqueciendo verdaderamente las comunicaciones y obteniendo una importantísima reducción de los costos operativos (más de 75%).

Que nuestros los militares son imbéciles (eso de «inteligencia militar» desde siempre fue una contradicción en términos) ya lo sabemos de hace rato. Que el Estado Mayor Conjunto argentino gusta acomodarse bajo las suelas de los EE.UU también es una perogrullada. Pero… entregar así el control de la información y de los sistemas de comunicaciones con anuncios, bombos y platillos incluidos, es realmente paralizante..

Me viene a la mente el eslogan utilizado en las publicidades del actual gobierno argentino, con la Dra. Cristina Fernandez de Kirchner a la cabeza: «Esto también lo hiciste vos«. Me paraliza todavía más pensar que pueda ser cierto.

Traducción (con algún comentario que no pude evitar):

«1 de cada 8 americanos (estadounidenses, querrán decir) lucha para tener suficiente para comer. Acelere el fin del hambre (en EEUU, claro está). Descargue Windows Internet Explorer gratis y donaremos 8 porciones de comida a Feeding America.«

Realmente, Microsoft debe estar desesperado por la constante caída en la utilización de Internet Explorer, además de haber perdido totalmente la línea.

Imagino a Philip Morris regalando cigarrillos bajo el slogan «Fúmese un cigarrillo y le regalamos una vianda a un pobre«.

Por lo pronto… ¿qué hacer? Yo descargaré IE8 desde tantas direcciones IP distintas como pueda. (Eso si, usarlo… ni con 5 whiskys encima.)

Ah, ¿qué? ¿todavía parece un chiste? Bueno… pase y véalo en el sitio de Microsoft.

Actualización: Como bien apunta Abel Chiola (¡Gracias por el dato, Abel!) la donación tiene un límite de u$s 1.000.000 (lo cual, según el importe de cada porción de comida, se logra con sólo 869.566 descargas. Ni vale la pena entonces ponerse a descargarlo. (Las cosas del marketing, vió?…)

«El código abierto es interesante. Apple ha adoptado Webkit y puede que nosotros le echemos un vistazo, pero seguiremos construyendo extensiones para IE 8.»

O el «monkey boy» se ha vuelto loco, o realmente algo ha cambiado en la visión (y la realidad de Microsoft). WebKit es un motor para navegadores, derivado de KHTML (usado por el navegador Konqueror) y utilizado por el navegador Safari de Apple. Sus componentes se encuentran bajo las licencias LGPL y BSD, por lo cual es software libre.

Así es que, según el máximo directivo de Microsoft, el software libre es interesante. Claro que Ballmer no utilizaría el término «software libre», sino que habla de «código abierto» (open source); de paso, una razón más para no utilizar este término.

Recordando la frase de Ghandi, «Primero te ignoran, después se ríen de ti, después te atacan, luego ganas«, Microsoft claramente ya pasó por las primeras tres etapas. ¿Le habrá llegado el agua a las rodillas?

Finalmente la entrevista salió bastante bien. Pude darme el gusto de hablar de varios temas que me apasionan, en un lenguaje no técnico, ya que dicho sitio es visitado por personas que están fuera del ámbito informático.

Desde aquí, mi agradecimiento a Salvador López Arnal y a todo el equipo de Rebelión.

Recientemente, el diario estadounidense Washington Post ha publicado una noticia en donde se ha reconocido la participación de la NSA en el desarrollo de Windows Vista.

Ambas partes han reconocido que la principal agencia de espionaje de los EE.UU. ha participado en el desarrollo de los mecanismos de seguridad de Vista (que será lanzado al público a fin del corriente mes), aunque ninguno ha brindado detalles de dicha participación.

Debemos recordar que la principal misión de la NSA es realizar tareas de espionaje sobre gobiernos extranjeros y, últimamente, también sobre ciudadanos estadounidenses (debido a las políticas de la administración Bush). En este sentido, resulta al menos cómico cuando uno de sus altos funcionarios afirma que «Nuestra intención es ayudar a todos con la seguridad«.

Recordemos, del artículo anterior, las declaraciones del Dr. Hugo Scolnik sobre su experiencia laboral en Microsoft:

Cuando trabajamos con Microsoft, con cada cambio teníamos que enviar el código fuente a la NSA, donde lo compilan y le agregan lo que quieren y luego vuelve como producto que nosotros distribuimos. No sé qué es lo que le pusieron.

Ya a esta altura debería ser claro que cualquiera que utilice productos de Microsoft está en un claro peligro de ser espiado por la NSA y el gobierno de los EE.UU. Esto quizá pueda no interesarle a algún particular, pero es realmente inaceptable en organizaciones gubernamentales.

Aunque los indicios son mucho más fuertes, esta situación no se limita al software producido por Microsoft. Otros productores de software privativo (como Apple y Novell) también han reconocido que la NSA tiene algún tipo de injerencia en sus productos (y, al igual que Microsoft, tampoco han dado detalles del nivel de participación).

Nótese, por ejemplo, la diferencia en el caso del software libre. La NSA participa del desarrollo del kernel Linux a través de un proyecto denominado «Security-Enhanced Linux» (SELinux). La gran diferencia en este caso es que cualquiera puede revisar el código de este programa, por lo cual resulta imposible (en realidad, ridículo) que se intente introducir algún tipo de vulnerabilidad o función de espionaje (lo cual es totalmente factible en el caso del software privativo y cerrado).

Más allá de los (discutibles) análisis de «costo total de propiedad» y «retorno de inversión» producidos por Microsoft o sus asociados de negocios, es indudable que no se puede confiar en la seguridad de estos productos, estando detrás de ellos la principal agencia de espionaje del mundo.

Nuevamente, habrán quienes no se interesen, habrán quienes sí lo hagan…

Así como lo lee, Microsoft ha publicado el día 5 de diciembre una advertencia de seguridad en donde recomiendan lo siguiente:

No abra ni guarde archivos de Word que reciba de fuentes no confiables o que reciba inesperadamente de fuentes confiables.

Es que acaba de ser descubierta una grave vulnerabilidad en varias versiones de Word, que hasta el momento no ha sido corregida por ningún «patch» y está siendo explotada activamente. Tampoco se disponen de las firmas («signatures«) para que los antivirus puedan detectar este tipo de ataques.

¿Qué les queda entonces por hacer a los desprotegidos usuarios de Word? Lo que Microsoft propone está bien, de momento. Una mejor solución sería dejar de utilizar por completo cualquier programa del paquete Microsoft Office, y pasarse definitivamente a OpenOffice.org, como lo han hecho millones de personas y organizaciones que ya no se preocupan por los archivos adjuntos que reciben a través del correo electrónico.

En Slashdot se ha publicado la noticia y se han abierto varias discusiones muy interesantes.

¡No, nada de eso! ¡Pero cómo se me ocure! Esto es publicidad (pu-bli-ci-dad) y cualquier tonto sabe que las publicidades sólo dicen que el producto «xxx» te soluciona la vida, te hace ver más sexy, dormir más tranquilo, ser feliz, etc…

Bueno, teniendo esto en cuenta, aquí va la presentación de novedosí(sí-sí-sí)simo Windows Vista:

La pregunta obligada es: Si tardaron todo 1 año para diseñar y desarrollar el «menú inicio«, ¿cuánto les habrá llevado la producción de esta publicidad? No, no, no es para tanto. Seguramente Microsoft sí tiene buenos publicistas…