Esta propuesta va dirigida a cualquier persona que quiera convertirme en un delincuente. Suena extraño que un tercero, alguien que ni siquiera conozca, sin que yo mueva un dedo ni me entere, pueda hacerme delinquir. Aunque no soy un experto en derecho no creo que tal cosa haya sido posible antes, pero gracias a los avances de la informática e Internet, junto con las resoluciones de la Justicia argentina, ahora es muy simple.

Cómo hacerme delinquir

El procedimiento es muy simple. A continuación voy a poner un enlace. Eso, un simple enlace en HTML (el lenguaje en el que están escritas las páginas de la web, el original invento de Tim Berners Lee hace unos 20 años). Nada novedoso, a estas alturas. Aquí va:

Siga este enlace

Si hizo clic en el enlace y no llegó a ninguna parte, esto es porque el dominio ahorasoydelincuente.com.ar todavía no fue registrado por nadie. O sea, nadie accedió a la invitación que realizo en este artículo… aún.

Pero no se apure. Si el enlace todavía no funciona, esto significa que tiene usted la excelente oportunidad de hacerme delinquir. Simplemente vaya al NIC Argentina, registre el dominio ahorasoydelincuente.com.ar (es gratuito), consiga algún alojamiento web (hosting) y ponga algo de material cubierto por copyright sobre el que no tenga permisos de redistribución (o difusión pública).

Puede estar pensando que si hace tal cosa, usted también cometerá un delito. No se preocupe, es suficiente con que consiga un alojamiento web fuera de la Argentina y quedará exento de cualquier demanda judicial realizada en el país. (Por lo general, el proveedor del alojamiento simplemente dará de baja el contenido en cuestión si recibe una queja del titular del copyright, sin mayores consecuencias para usted.)

Un punto importante es qué material publicar. Para ser especialmente efectivo, me permito hacerle las siguientes sugerencias:

• Algunas obras de Derrida o Heidegger, como las que le valieron al profesor Horacio Potel la denuncia por parte de la Cámara Argentina del Libro.
• Material de las editoriales jurídicas La Ley, Astrea o cualquiera de las que pertenecen a la Cámara Argentina del Libro (Abeledo Perrot, La Ley, Lexis Nexis, Astrea, El Dial, Marcial Pons). No sólo son las que denunciaron a Taringa, sino que una denuncia proveniente de ellas hará pensar un buen rato a más de un Juez, ya que estas son las que editan fallos y los libros del sistema jurídico local en general.

Conclusión

Tal parece que en la Argentina poner un enlace puede constituir un delito. Al menos, como en el caso de Taringa, es suficiente para dictar el procesamiento de los responsables del sitio.

Así es que, si quiere hacerme un gran daño (mejor, quizás, que un buen hechizo o trabajo de magia negra), ya tiene cómo.

Para finalizar, le dejo una breve nota realizada a dos especialistas sobre el tema, Beatriz Busaniche y Nicolás Tato, sobre estas cuestiones.

Se han escrito excelentes artículos sobre el tema, en general resaltando el disparate jurídico/legal que resultaría de aprobarse tal iniciativa. Otros, en cambio, han destacado las consecuencias sociales y culturales de este tipo de avances contra la difusión de la información.

En definitiva, se trata de un tema por demás complejo, en el que confluyen cuestiones que tienen que ver con las leyes, la cultura, la tecnología y la sociedad. No es mi intención hacer un análisis exhaustivo ni mucho menos, sino simplemente dejar aquí un par de referencias para encontrarle la punta al ovillo.

A continuación, una conferencia del reconocido jurista estadounidense Lawrence Lessig, sobre cómo este tipo de leyes tienen exactamente el efecto contrario al que las inspira, matando y no promoviendo la creatividad y la cultura.

Lessig ha escrito un excelente libro sobre este tema, llamado Cultura Libre (no tema descargarlo, está disponible bajo una licencia libre). Su lectura es más que recomendable, ya que además de un brillante y claro análisis legal nos ilustra con varios ejemplos notables de la evolución de las leyes, las costumbres y la cultura a través de los años.

El siguiente vídeo corresponde a un discurso pronunciado por el reconocido director español Álex de la Iglesia, por entonces Presidente de la Academia de Cine española, en ocasión de la entrega de los premios Goya 2011. En aquel momento se había planteado un gran debate con relación a un proyecto de ley de regulación de webs y protección de la propiedad intelectual (conocido como “Ley Sinde“).

Este discurso tiene el enorme valor de ser pronunciado por uno de los supuestos perjudicados por la mal llamada “piratería”.

El mundo cambió. La tecnología posibilita formas de creación y acceso a la cultura dificilmente imaginables hace poco tiempo. Quienes ven derrumbarse sus pingües negocios alzan la voz pidiendo regulaciones y resarcimiento económico. Y, cuándo no, ponen como excusa para limitar lo que todos podemos hacer, los derechos de los artistas, a quienes en general nunca beneficiaron demasiado (excepto por unos pocos a los que hicieron millonarios y hoy son parte de la corporación).

No podemos limitar las posibilidades de las herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición por tratar de mantener un modelo de negocio obsoleto. La cultura es, cada vez más, de todos.

El líder del equipo de investigadores, Hari Prasad (crítico del uso de estos sistemas desde hace tiempo), ha sido detenido el 22 de agosto de 2010.

Debe tenerse en cuenta que los “ataques” y manipulaciones que se muestran en el video corresponden a este modelo específico de máquina (aunque algunos son también aplicables a otras). De cualquier forma, se trata de excelentes ejemplos de como algo aparentemente seguro y confiable es fácilmente violable. Una buena pregunta para hacerse es cuántas veces se habrán explotado estas vulnerabilidades a lo largo de los años en que el sistema ha sido utilizado. Esto es imposible de saber.

Pensar que hay “expertos” que se atreven a afirmar que “la urna electrónica es tan segura como la de papel” sin que se les mueva un pelo.

Dicen que hay que exigir la tenencia de un título. Y luego formar un organismo regulador (en realidad, autorregulador) que decida quienes pueden o no “ser informáticos”. Que de esta manera, los usuarios tendrán mejores sistemas informáticos y, de paso, los profesionales serán mejor reconocidos (incluso en lo económico). Dicen que así se soluciona este asunto.

Nota del autor: Este es un artículo de opinión personal, basado solamente en mi experiencia e ideas. Para un análisis más completo (y muy probablemente, más objetivo), recomiendo leer este artículo.

Declamaciones

Pero… ¿quiénes dicen?

Los propios informáticos (por un momento, vamos a agrupar bajo este término a programadores de distinto tipo, analistas de sistemas y profesionales de otras tareas afines). Bueno, en rigor, no todos los informáticos. De hecho, parece ser un grupo bastante bien diferenciado el que levanta la voz para pedir la regulación por parte del Estado, de las tareas profesionales que desempeñan. Más adelante volveremos sobre este punto, tratando de indentificar las características comunes entre ellos.

Y… ¿qué es lo que dicen?

Dicen que la razón del desprestigio de la profesión (por la cual no son considerados por la sociedad de la misma manera que los médicos, arquitectos, abogados, etc.) es que hay mucho improvisado ejerciéndola. Que hay gente sin los conocimientos técnicos necesarios (y, más de una vez, sin la menor noción de la ética) que anda por ahí haciendo las cosas bastante mal (o sea, que no ofrecen soluciones de acuerdo al “estado del arte” y las “mejores prácticas” de la profesión).

Dicen también que no sólo es injusto para la sociedad, sino también para “ellos”. Ellos (que poseen algún título relacionado con la informática) se “quemaron las pestañas” y se “rompieron la cabeza” leyendo libros, asistiendo a clases, resolviendo ejercicios. En tanto que “los otros” entran por la ventana, provienen de otras disciplinas (cual invasores), poseen estudios incompletos (no hicieron el esfuerzo) o son directamente autodidactas.

¿Y qué proponen?

La solución propuesta es simple: que el Estado regule o limite el ejercicio de la informática (que, como ya dijimos, engloba a cosas bastante diferentes). La forma de implementar esta restricción sería mediante la creación de Consejos Profesionales (uno por cada provincia, en el caso de la Argentina) en los cuales deban matricularse obligatoriamente todos aquellos que deseen desempeñar profesionalmente alguna tarea relacionada con la informática. Por supuesto, la condición principal para poder pertenecer a tal entidad, sería la tenencia de un “título habilitante”.

En definitiva, proponen que la informática sólo pueda ser “ejercida” por los informáticos titulados. (De la misma manera que la medicina es ejercida por médicos, la arquitectura por arquitectos, el derecho por abogados, etc.)

Del dicho al hecho

¿Es necesario regular?

Todos sabemos que en el mundo de la informática se mueven muchas personas de dudosa calidad profesional, por lo cual los argumentos precedentes parecen tener cierto sustento. Cualquiera con experiencia previa, sabe que a la hora de contratar un desarrollo de software puede estar iniciando un camino más que tortuoso y de resultado incierto. La mayoría de los clientes de informáticos no están nada conformes con su proveedor. De manera que parece buena idea hacer algo al respecto, ¿no?

Un buen ejemplo

En la Provincia de Córdoba (Argentina) existe desde hace 23 años una ley que restringe el ejercicio profesional de la informática, mediante la creación del Consejo Provincial de Ciencias Informáticas. Sin embargo, nadie podrá decir que en esta provincia el nivel de los profesionales o la satisfacción de los clientes sea mayor que en otros lugares, en donde no se ha ensayado esta solución.

Claro que un único ejemplo no basta para sacar demasiadas conclusiones (el consejo cordobés bien podría ser un desastre de implementación o haber estado muy mal manejado durante todo este tiempo). Pero que la segunda provincia de la Argentina, contando con un marco regulatorio desde hace más de dos décadas, no haya logrado ni siquiera una mínima mejora cualitativa de la disciplina es, cuando menos, sugestivo.

¿Y en el resto del mundo?

En casi todos los países del mundo (excepto, por ejemplo, algunas comunas españolas) el ejercicio profesional de actividades relacionadas con la informática no tiene ningún tipo de restricción o regulación por parte del estado. Ejemplos notables de esto son países con un altísimo ingreso por exportación de software y servicios informáticos, como Irlanda y la India.

Hay de todo, como en botica

Muchos de los grandes gurús de la informática no han tenido título alguno, en tanto que muchos otros lo han tenido pero de disciplinas en algunos casos bastante lejanas a la computación (lingüística, física, etc.). Como bien sabemos, la informática es una actividad transversal a muchas áreas del conocimiento. Es ridículo, entonces, pensar en limitar la posibilidad de ejercerla exclusivamente a quienes tienen un título específico.

Esta situación se ha presentado desde el preciso instante del nacimiento de la informática y se ha acrecentado aún más con el tiempo, en tanto la programación de computadoras se ha simplificado y masificado (quien diseña una planilla de cálculo, de alguna manera está programando).

Nadie niega la utilidad y el valor de un título (aunque, como siempre, hay algunos que son casi una garantía de conocimiento, otros que nada dicen de las aptitudes de su poseedor y una amplia y variada escala de grises). Muy probablemente entre los “titulados” se encuentre la mayoría de los buenos profesionales, pero los hay muchos y de gran calidad fuera de esta categoría, así como también hay improvisados e ignorantes en ambos lados.

Claramente, establecer el punto de corte en la simple condición de poseer un “título habilitante” nada aporta a la hora de separar la paja del trigo.

Que poseer un título formal en informática no haya logrado hasta la fecha establecer una diferencia marcada y notoria respecto de quienes no lo tienen, no es más que una muestra evidente del estado actual de la disciplina. (Quienes se comparan con médicos, arquitectos y abogados bien podrían analizar este ejemplo.)

¿Y la libertad de elección?

El exigir condiciones (como la tenencia de determinado título) para el ejercicio de la informática tiene una consecuencia no siempre analizada por quienes impulsan este tipo de iniciativa: limita la capacidad de elección de las personas.

Esto significa que alguien que quiera contratar, por ejemplo, a un programador, sólo podrá escoger entre los “habilitados” por la ley (normalmente, los matriculados en el Consejo Profesional). Esta situación es aceptable cuando está en juego la vida humana pero, ¿por qué no puede elegir un empresario a quién contratar para que diriga la informática en su empresa o a quién encargar el desarollo de un programa que necesita? En tanto el informático no se atribuya títulos o afiliaciones que no tiene, no hay motivo (razonable) para impedir tal trato entre particulares.

En la Argentina tenemos la costumbre a ver este tipo de limitaciones como naturales, pero debemos tener en cuenta que aún regulaciones como la exigencia del título de Abogado o Contador Público Nacional para la realización de ciertas tareas, no son universales. En algunos estados de los EE.UU, por ejemplo, basta con ser “ciudadano estadounidense” para firmar un balance, y en muchas jurisdicciones se permite a una persona actuar en un proceso judicial sin requerir de un abogado. (Será el ciudadano quien libremente opte por recurrir al profesional titulado si es que realmente encuentra valor en él.)

¿Por qué no son reconocidos?

La gran mayoría de quienes se quejan de no contar con el reconocimiento de otros (abogados, médicos, arquitectos, etc.) parecen no darse cuenta de que tales profesiones están bien establecidas en la sociedad por varios motivos.

Quizás el primero de ellos sea que se trata en general de disciplinas bastante bien definidas y delimitadas. Como contraejemplo, basta ver la definición que intentan de la informática las leyes (o proyectos) de regulación, por ejemplo la ley 7642/87 de la Provincia de Córdoba (la misma contiene solo una enumeración, a modo de ejemplo, de lo que se consideran “profesiones en Ciencias Informáticas“).

Habría que preguntar a quienes reclaman el reconocimiento social si ellos ofrecen el mismo nivel de garantía a sus clientes que los profesionales con los que se comparan. En la informática no sólo no hay métricas bien establecidas (y confiables) para evaluar costos, riesgos ni calidad; sino que ni siquiera se dispone de un método serio para evaluar la productividad de un programador. (Si usted es un lego en la materia seguramente se sorprenderá al saber que la principal métrica utilizada es la “cantidad de líneas de código” producidas, sin poder decir demasiado de la calidad de las mismas.)

Profesionales e improvisados

Si observamos el perfil de quienes demandan regulaciones y la expulsión de los (según ellos dicen) usurpadores, en la mayoría de los casos podemos observar ciertas características comunes:

• Título mediocre. Salvo pocas excepciones, el profesional posee un título mediocre u otorgado por una institución mediocre (es casi imposible encontrarse con un título de Doctor de una universidad reconocida). Muchas veces puede observarse la asistencia a cursos de dudosa necesidad, denotando la incapacidad de aprender por si mismo.
• Conocimientos limitados de lenguajes de programación. Conocimiento de, a lo sumo, un par de lenguajes, por lo general obsoletos o en vías de obsolescencia.
• Ignorancia de conceptos. Pobre entendimiento, si acaso, de cuestiones relacionadas con el software de base (sistemas operativos, compiladores, etc.), fundamentos de las ciencias de la computación (matemática discreta, teoría de autómatas, complejidad y computabilidad, etc.), entre otras.
• Desconocimiento del idioma inglés, lingua franca de la informática.
• Aportes nulos o ínfimos a la disciplina, como la producción de textos técnicos, aportes en investigación, participación de desarrollos comunitarios, etc.

La experiencia del autor es que la mayoría de quienes reclaman “sacar a los improvisados” del campo profesional, generalmente reúnen al menos tres de las condiciones anteriores (sin duda, hay excepciones). La pregunta es, ¿qué es un “improvisado”, sino alguien con conocimientos endebles (más allá de un título que los refrende) y desactualizados, que ni siquiera posee los medios técnicos (formación de base y conocimiento del idioma) para mantenerse a sí mismo al corriente de la evolución tecnológica?

Aclarando, que hace falta…

Algunas aclaraciones que a esta hora suelen, por lo general, ser necesarias:

• Un título en informática es una característica deseable pero no necesaria en un informático.
• Atribuirse un título o una condición que no se posee, sí es una actitud censurable (como también lo es, por ejemplo, no pagar impuestos).
• No tener un título no implica no haber estudiado. Por otra parte, el sí tenerlo no es garantía de conocimientos (ni, mucho menos, de la vigencia de los mismos).
• Las asociaciones profesionales (como ACM a nivel internacional, o SADIO en la Argentina), de afiliación voluntaria (y que, a su vez, no tienen la obligación de aceptar a cualquier persona, en contraste con los Consejos de matriculación obligatoria) son altamente positivas. Es notable que dichas organizaciones en general son contrarias a la regulación de la profesión.
• No debe confundirse “matriculación obligatoria” con “certificación”. Muchas empresas (en ejercicio de su derecho) exigen determinadas certificaciones profesionales a sus proveedores. Es notable que en casi todos los casos, la certificación es provista por otra empresa.

Conclusiones

Una profesión no se “jerarquiza” mediante el simple dispositivo de una ley que obligue a la creación de un Consejo Profesional de matriculación obligatoria. La informática es suficientemente amplia y dinámica como para creer que la conditio sine qua non para ejercer una actividad relacionada con ella (con el debido nivel profesional) es poseer un título de tres años otorgado por una institución de nivel terciario.

Quienes intentan negar a otros derecho a ejercer actividades informáticas por creer que esto les quita oportunidades deberían mirarse introspectivamente y reconocer la amplitud de la disciplina, y que la diversidad de habilidades y conocimientos requeridos en cada una de sus áreas, no pueden ser englobados bajo el título de “informático”. Tampoco es exigible el reconocimiento de la comunidad a practicantes de una disciplina que ni siquiera dominan el cuerpo de conocimientos básicos de la misma (que, además, lejos está de establecerse por completo).

Tampoco debemos olvidar que muchos aspectos de la informática se han extendido a diversas disciplinas, de forma similar a lo ocurrido con la matemática. Esta expansión (que es una especie de democratización) es altamente deseable y beneficiosa, y las iniciativas de regulación conspiran en su contra.

La informática es una disciplina joven y endeble. Es el deber de los que nos dedicamos a ella lograr posicionarla como una disciplina confiable y reconocida. ¿La forma de lograrlo? No soy quién para conocerla, pero seguramente se basa en esfuerzo, dedicación y honestidad. La discriminación arbitraria lejos está de aportar a la solución.

Por lo pronto, la “profesión informática” tiene exactamente el reconocimiento que se ha sabido ganar. No se pondrá los “pantalones largos” por ley.

Ariel Álvarez Valdes no era un simple curita provinciano, sino que es un reconocido teólogo católico, formado en Israel y doctorado en España, que ha publicado numerosos artículos en revistas de varios países y en varios idiomas. Desde hace unos años cometió el “error” de escribir artículos de divulgación (a un nivel popular) analizando la Biblia católica. En virtud de esto, fue censurado por las autoridades eclesiásticas y finalmente ha dejado los hábitos.

Claramente, la Iglesia Católica sigue comportándose como en el siglo XVII, cuando exigió a Galileo Galilei que se retractase por contrariar -según entendían- los dichos de la Biblia. (En honor a la verdad, algo han evolucionado. A Álvarez Valdes no lo amenazaron con torturas ni lo condenaron a prisión de por vida.) Además, es notable que la autoridad Católica le esté exigiendo que mienta, en tanto su retractación no es sincera, sino que es impuesta (y no puede siquiera hacer referencia a tal imposición).

Vamos, que lo que dice este buen hombre, no es nada que mis hijos de 9 y 10 años no sepan ya a estas alturas: que el hombre no apareció a partir de un muñequito de barro, que nunca hubo un viejito que hizo un barco y juntó animales de todas las especies que existen, que los muertos no andan apareciéndose por ahi (por santos que sean), que no hay demonios que se metan adentro del cuerpo de las personas (aunque ciertos políticos hagan pensar que sí). En resumen: una persona puede creer en la existencia ser superior, si la deja más tranquila; hasta puede creer que ese ser superior se preocupa por ella y más aún, que la “escucha” cuando le habla; pero nada de eso es excusa para ser idiota. Y tal parece que los esfuerzos de la Iglesia Católica están enfocados en que sus seguidores sean idiotas (quizás por eso insiste en enseñarles sus cuentos de hadas, duendes y demonios desde temprana edad).

Al volver a estar en línea apareció un artículo relatando lo acontecido, acompañado de varias adhesiones de políticos y distintas organizaciones, todas condenando lo que consideraban un ataque a la libertad de prensa y hasta hablando de censura.

Ahora bien, analizando algunas cuestiones técnicas (y sin tener mayores detalles sobre lo acontecido), la cosa se parece más al producto de la negligencia y la ignorancia de quienes llevan adelante dicho sitio web que a un ataque orquestado con el fin de acallar la voz de un medio de prensa.

En el comienzo de la nota de LV16 puede leerse lo siguiente (el énfasis ha sido agregado por mí):

La libertad de prensa es un bien muy preciado, que no se dimensiona su grandeza hasta que uno es callado, borrado, hasta que nuestra palabra no puede llegar al otro lado… Este martes LV16.com no pudo actualizar su página debido a la ignorancia de un personaje, que oculto tras las sombras y sus “pseudos conocimientos” hackeo nuestro sitio web.

Si bien el ataque a un sitio web es una actitud destructiva y reprochable, rasgarse las vestiduras hablando de un ataque a la libertad de prensa no me parece apropiado en este caso. Con respecto a la ignorancia y los “pseudos conocimientos” (si en castellano existe tal término) de quien produjo el daño, más bien parece que lo que impidió a la gente de LV16 operar con su sitio web fue la ignorancia del programador de mismo. El atacante (aunque con malas intenciones), parece haber usado bien sus conocimientos.

He aquí por qué: el sitio web en cuestión es susceptible (“es“, aún lo sigue siendo) de ser atacado mediante una técnica básica de extracción y/o adulteración de información en sistemas web, conocida como “inyección SQL” (“SQL Injection“, en inglés). Básicamente dicha técnica consiste en manipular los parámetros que envía el navegador para acceder a las distintas funciones de un sitio (notas, fotos, etc., en este caso), logrando alterar el funcionamiento normal del mismo.

Cómo construir una aplicación web evitando ataques por Injección SQL no requiere de un doctorado en informática: es una cuestión básica, que debiera conocer cualquier programador que se dedique a dicho rubro (aunque, lamentablemente, son muchísimos los casos de páginas con errores de este tipo).

¿Podemos echar toda la responsabilidad sobre, quizás, un adolescente dañino que, en sus experimentos aprendiendo sobre seguridad de aplicaciones web, saca de operación el sitio web de una empresa? ¿No recae gran parte de la culpa en el programador desaprensivo e ignorante que no toma los recaudos mínimos para que su aplicación sea segura? Pero claro, siempre es más fácil (y tiene mejor difusión) hablar de conspiraciones, censura y libertad de prensa; ya que nunca faltarán quienes se sumen en apoyo de la supuesta víctima.

En otro párrafo de la nota de LV16 puede leerse lo siguiente (nuevamente, el resaltado es mío):

Debido al accionar de esta persona LV16.com ha perdido todo su archivo informativo, fotográfico y documental, fruto de cinco años de mucho trabajo y esfuerzo.

Nuevamente, se responsabiliza exclusivamente al atacante por la pérdida de cinco años de trabajo, sin hacer un mea culpa y reflexionar sobre estupidez mayúscula de no tener una copia de respaldo de la información que se encuentra en el sitio web (¡en cinco años!). Cualquier administrador de sistemas (por pobre que sea su formación o escasa su experiencia) sabe que jamás puede prescindirse de copias de respaldo, realizadas periódicamente. De haberse roto el disco duro del servidor, seguramente LV16 estaría hablando a los cuatro vientos del malévolo disco que se llevó el fruto de su esfuerzo y acalló la voz de la prensa.

Pasando en limpio: Si el programador hubiera tenido las nociones básicas, el ataque no habría sido posible. Aún sin contar con esto, si hubieran tenido copia de respaldo de la información, el problema se hubiera solucionado en una hora (sin las repercusiones, las adhesiones y demás…)

Para finalizar (y por si aún es necesaria la aclaración): no estoy negando lo reprochable del acto de atacar un servidor y aprovecharse de la vulnerabilidad de un programa para causar daño. Tal accionar es condenable, y el culpable debería ser individualizado y castigado. Pero esto de ninguna manera justifica la falta de profesionalismo de quienes llevan adelante el sitio lv16.com, ni mucho menos los habilita a utilizar la bandera de la libertad de expresión para justificar su ignorancia.

PD: Antes de publicar este artículo intenté comunicarme con LV16 por email y a través de su sitio, para ponerlos sobre aviso del problema de seguridad, que aún persiste. No tuve ninguna respuesta de ellos.

Actualización (12 de marzo de 2009): En la mañana de hoy se comunicó conmigo el encargado del area técnica de LV16, mostrando una buena predisposición e interesado por conocer los detalles del problema. Aparentemente, la vulnerabilidad por inyección SQL ha sido solucionada.

Revisando la presentación de la charla, recordé un artículo anterior del mismo autor titulado: “Every breath you take…” (aludiendo a la famosa canción del grupo británico The Police), el cuál reproduzco a continuación. Aunque fue escrito en el año 2003, no ha perdido vigencia. Para leer y meditar un buen rato…

Nota: También puede descargar este artículo en los siguientes formatos:

• Formato HTML (sin decoraciones)
• Formato PDF

Every breath you take…

Tecnología de información y control social

Enrique A. Chaparro ¹

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I’ll be watching you
–The Police

Necesaria introducción

Extrañas circunstancias éstas para escribir un artículo sobre las relaciones entre tecnología y sociedad. O, más bien, sobre las relaciones entre nuestro pequeño sector de la ciencia y la tecnología y la sociedad en su conjunto. Algún misterioso optimismo, probablemente heredado de la esperanzadora (pero ingenua) visión kantiana de “progreso”, nos ha llevado a creer en los efectos benéficos de la tecnología o, a lo sumo, en su neutralidad. Me gustaría explicarle eso a la pequeña Safa Karim, de once años, quien al momento de escribirse esto yacía en el hospital al-Kindi de Bagdad con el estómago perforado por metralla de una bomba “inteligente” estadounidense, y que habrá muerto una muerte anónima para cuando usted, lector, vea este artículo. Me gustaría poder explicar por qué los últimos escasos noventa años de la historia humana hemos asistido al desarrollo más extraordinario de la ciencia y la técnica, y al mismo tiempo descendido a los niveles más repugnantes de barbarie (sírvanme para ello de testigos Auschwitz, Dresden, Hiroshima…) Me gustaría poder creer que la raza humana ha evolucionado de modo tal que concede mayor libertad a cada uno de sus miembros. Me gustaría decir que la profecía orwelliana del Hermano Mayor sólo pertenece a la ficción y es irrealizable.

Así pues, he comenzado a escribir este artículo cuatro veces, y otras tantas lo he recomenzado desde cero. Hasta que tomó esta forma actual. No un paper característico, plagado de correctísimas citas en el formato prescripto por la AMS (de hecho, apreciado lector, hay suficientes motores de búsqueda en la Internet como para que Ud. pueda encontrar por sí mismo las referencias). Tampoco una reflexión sobre las promesas, cumplidas y fallidas, de la tecnología de información. Pretende ser un originador de controversias y reflexiones acerca del presente estado de crisis de la presuntuosamente llamada “Sociedad de la Información” frente a la sociedad real; pretende instalar el debate, no saldarlo. Le queda a usted, lector, la tarea no trivial de analizarlo y, si fuera posible, devolver sus comentarios al autor.

Zeitgeist

Ciñéndonos ahora a nuestro rinconcito de la ciencia y la tecnología, resulta evidente la existencia de una crisis profunda. Por un lado, en las últimas dos décadas hemos asistido al proceso de creación colectiva más impresionante que la humanidad haya visto: la Internet. Seiscientos millones de personas están conectadas a la “red de redes”; y, al mismo tiempo, al menos la mitad de la humanidad jamás ha usado un teléfono. Y aún para el resto de la humanidad “no conectada”, la influencia decisiva de los sistemas de información como formadores de identidad pública es insoslayable: la existencia “legal” de un ser humano, su patrimonio, y en buena medida su destino dependen de registros y procesos informatizados.

Nunca como ahora ha resultado más sencillo difundir las ideas, el conocimiento, el arte; y paradojalmente, se diseñan trabas legales y técnicas cada vez más restrictivas para evitar esa libre circulación. Un puñado de corporaciones pretende convertir el espacio multilateral de la Internet en espacios unilaterales de pocos productores oligopólicos y muchos consumidores aborregados. El Hermano Mayor puede escrutar nuestra correspondencia, rastrear cada uno de nuestros movimientos, cambiar la historia o decretarnos “unpersons”. Las grandes corporaciones de software, potenciadas por el “efecto de red” y con la indispensable cooperación de la coerción estatal subvertida en beneficio privado, obtienen tasas de ganancia insultantes²; en tanto, el consumidor de estos productos se halla sujeto por contratos leoninos que llegan a permitir a aquellas tomar control total de los equipos informáticos de éste.

Rastros de la tormenta

A esta altura, estimado lector, usted se estará preguntando si el autor no ha entrado en un frenesí apocalíptico. Le aseguro que no; algunos ejemplos de esas afirmaciones se incluyen más abajo. Otros casos quedan como ejercicio intelectual para usted. Pero, mientras tanto, hagamos un pequeño experimento: en la lista siguiente, haremos apenas una docena de afirmaciones aparentemente ridículas; tómelas como una adivinanza, y luego veremos las respuestas:

1. Un programador va preso, esposado e incomunicado, por escribir un programa que no viola ninguna ley en su país.
2. Usted puede sufrir pena de prisión si hace para su hijo una copia adicional de un CD con un juego que Ud. mismo compró.
3. Una ley impide la investigación independiente en seguridad de los sistemas de información y la ingeniería inversa.
4. La misma ley se usa para impedir la fabricación competitiva de cartuchos para impresoras.
5. Otra ley obliga a los bibliotecarios a informar a un organismo policial acerca de los hábitos de lectura individuales.
6. Su correo personal puede ser libremente reproducido y divulgado por el cartero.
7. Usted concede a su proveedor de software, por contrato, el derecho a administrar su máquina cuando y cómo se le dé la gana.
8. Centenares de millones de correos personales son diariamente abiertos e inspeccionados por las agencias de inteligencia de algunos países.
9. Usted compra un disco compacto musical. Cuando intenta escucharlo, este arruina intencionalmente su reproductor.
10. Una pieza de software permite a los vendedores de programas decidir qué es lo que usted puede instalar en su propia computadora.
11. Usted compra derechos de uso de cierto software, y paga además cargos anuales de soporte. Se descubre una falla garrafal de seguridad en ese software, debida a negligencia del productor. Su única solución es obtener una nueva versión del software… pagándola, por supuesto.
12. Una persona es condenada a prisión y fuerte multa por vender piezas de repuesto para una máquina fabricada por un tercero. Las piezas no son robadas, ni implican un daño a la salud de los usuarios, ni una estafa a estos.

El lector dirá que estas cosas son imposibles en la democracia, y sólo imaginables en el contexto del nazismo o el stalinismo. ¿Es así? Veámoslo paso a paso:

• Los casos 1, 3 y 4 son aplicaciones de la Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos; en el primer caso, Dmitry Sklyarov, un programador ruso, fue preso en Estados Unidos, encadenado e incomunicado por haber descubierto (en Rusia) el formato en que un programa de Adobe Corp. almacenaba la información y haber creado (en Rusia) un programa que la ponía en claro.
• El caso 2 es el de la extensión de los derechos de autor al software tal como ha sido vista por la legislación de muchos países, incluyendo Argentina y recientemente Uruguay.
• El caso 5 es una aplicación (actual, vigente, no imaginada) de la Patriot Act de los Estados Unidos.
• El caso 6 es el de las condiciones de uso del servicio Hotmail, y otros de Microsoft; el ISP Xtra de Nueva Zelandia, y probablemente unos cuantos más (Sí, lector, condiciones del contrato que usted acepta, aunque estén encubiertas en un lugar ignoto del sitio web).
• El caso 7 se ve reflejado en los acuerdos de licencia de usuario final (EULA) de Microsoft para, por ejemplo, el último Service Pack de Windows 2000 o el programa Windows Media Player.
• El caso 8 tiene al menos dos representantes conspicuos: la red Echelon, constituida por organismos de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia; y el programa Carnivore del FBI.
• El caso 9 corresponde a la tecnología de protección de discos de Sony Corp., que daña los reproductores de CD de las máquinas Apple Macintosh; posteriormente se agregó una advertencia impresa en el disco, aunque el “elaborado sistema de protección” puede ser derrotado con un marcador indeleble de tres pesos. ¿Asistiremos a una prohibición generalizada de los marcadores?
• El caso 10 es el de proyecto Palladium de Microsoft.
• El caso 11 es muy actual, y corresponde a la posición oficial de Microsoft respecto de no proporcionar parches para el sistema operativo Windows NT 4.0 que solucionen una falla grave en la implementación del protocolo RPC.
• El caso 12 no es, como el lector habrá imaginado rápidamente, el del “terrorista” interpretado por Robert DeNiro que reparaba sistemas de aire acondicionado por fuera de la burocracia estatal en la genial película “Brazil” de Terry Gilliam; se trata, en cambio, del caso de David Rocci, que acaba de ser condenado a 5 meses de prisión y 28.500 dólares de multa por vender modchips para Microsoft Xbox.

Si aún le queda alguna duda, lo invito a buscar referencias más detalladas en la Internet.

Génesis y crisis

Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Un primer elemento a tener en cuenta es la avidez de las corporaciones y sus desesperados esfuerzos por extraer ganancias aún mayores vendiendo conocimientos, entretenimiento, “contenidos”, objetos inmateriales que podemos englobar bajo el genérico de “derechos de uso”. El software, y los contenidos digitales, son ejemplos característicos de esta familia.

Para una vision más organizada del problema, es necesario dar una rápida pasada por un concepto básico de economía: sólo es suceptible de apreciación económica lo que está sujeto a escasez. Ahora bien, el conocimiento no es escaso, es decir, quien entrega una idea no deja por ello de poseerla, a diferencia de un objeto material. ¿Cómo hacer, entonces, que estos conocimientos adquirieran valor económico? Creándoles valor artificialmente, a través de monopolios sustentados en la fuerza coercitiva del Estado. Estos monopolios se engloban bajo la denominación genérica de “propiedad intelectual” y comprenden tanto los derechos de copia (copyright) como las patentes. Algunas de las doctrinas económico-jurídicas subyacentes en la creación de estos monopolios sostienen que esto garantiza una justa remuneración por el trabajo de los autores, aunque con ello olvidan que el copyright generalmente pertenece a los editores. Tome el lector al azar algunos libros de su biblioteca y verifique a quién está asignado el copyright. Otros sostienen que el copyright funciona como protección de la inversión que el editor realiza para difundir la obra y, generando una perspectiva de ganancia, como aliciente para difundir cada vez más obras entre el público. Otras doctrinas, en el plano de las patentes, sostienen que la perspectiva de ganancia por la explotación exclusiva y por tiempo limitado de la idea funciona como un motor para alentar la información. Debe considerarse también que el copyright, al menos en sus inicios, cumple una función adicional: permitir la censura estatal. Al otorgar el “privilegio real” sólo a editores autorizados, el Estado podía determinar límites a los contenidos de lo que se difundía por un medio tan extraordinariamente poderoso como entonces era la palabra impresa.

Analicemos primero los esquemas de copyright. Estos funcionaron razonablemente hasta hace poco tiempo. En efecto, los autores obtenían remuneración por su trabajo (no siempre adecuada, valga decirlo), los editores obtenían ganancias, el público se beneficiaba por la difusión masiva de conocimiento y, claro, el Estado podía establecer ciertos controles materiales sobre qué se publicaba. Adicionalmente, los derechos de exclusividad se otorgaban con límite temporal razonable. La industria del software, bastante reciente puesto que la distribución de software “enlatado” no tiene más de treinta años, se coló en este sistema³; e irrumpió tan fuerte que la inclusión del amparo de copyright para el software es conditio sine qua non para que se permita a un país ingresar en la Organización Mundial del Comercio⁴.

Pero todo este edificio se vino abajo con la aparición y popularización de los medios digitales. El costo de reproducir conocimiento se hizo trivial, y dejó de requerir capacidad industrial. La accesibilidad de la Internet hizo posible el intercambio casi instantáneo de información, sin importar las distancias. Con recursos relativamente limitados, cada ciudadano puede convertirse en difusor eficiente de conocimiento, al costo de unos pocos centavos y, a diferencia del copista de la Edad Media, a una increíble velocidad de reproducción.

Esta transformación sustantiva en la capacidad de reproducción del conocimiento provoca una situación de crisis extrema, por la que estamos atravesando. En efecto, los editores ya no pueden garantizar sus tasas de ganancia, los autores no saben qué remuneración podrán esperar, y los Estados ya no pueden evitar la circulación masiva de conocimiento cuya divulgación no desean. Al mismo tiempo, la “industria del entretenimiento”, preocupada desde hace tiempo por garantizar sus flujos de ganancia, ha presionado a los gobiernos para extender los límites temporales del monopolio. Los plazos de exclusividad se han ido extendiendo constantemente durante los últimos veinte años, mediante modificaciones legislativas, en su mayoría inspiradas en los acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO); aunque, justo es decirlo, la industria del software no ha participado activamente en este lobby por la extensión de los plazos de exclusividad (después de todo, al menos por ahora no hace mucha diferencia proteger un programa por cincuenta o por setenta años).

Desde luego, es necesario garantizar de alguna forma la remuneración del trabajo intelectual; resulta de estricta justicia que los autores reciban una compensación por la contribución que realizan al conjunto de la sociedad. Pero la presente crisis muestra que los mecanismos de copyright, y las exageraciones en curso, no resultan la construcción más adecuada para garantizar estas compensaciones.

En cuanto a las patentes, la situación no es más alentadora. Las patentes de invención surgen en los textos constitucionales modernos (a partir de la Constitución de los Estados Unidos, 1787⁵) como mecanismo de aliento al desarrollo, concediendo a los inventores el derecho a la explotación exclusiva de su hallazgo por un tiempo limitado. Pero mucha agua ha corrido bajo los puentes. Las fuerzas combinadas de varias industrias (química, biotecnología, software) han impulsado, en particular en los Estados Unidos, extensiones del alcance interpretativo de lo “inventable” a extremos tales que procesos inmateriales, algoritmos matemáticos o cosas existentes en la naturaleza se han vuelto patentables. Se conceden patentes a obviedades, sin análisis del arte previo, sin asomo de racionalidad, y hasta sin revisión previa⁶.

Un buen número de analistas sostiene que, a la larga, esta voracidad por la apropiación de derechos sobre el conocimiento logrará el resultado exactamente inverso al que se proponía como motor inicial de la legislación al respecto, es decir, terminará por frenar y disuadir los esfuerzos creativos, y conducirá a controles oligopólicos. Con ello, no hacen más que recordar lo que ya hace más de cincuenta años señalaba Friederich Hayek (a quien nadie podrá acusar de anticapitalista)⁷: que las patentes y el copyright extienden indebidamente la propiedad privada y alientan el crecimiento de monopolios⁸

La ofensiva

En esta situación de tensión, se desarrolla una ofensiva por parte de las corporaciones que controlan “contenidos”. Esta ofensiva tiene dos frentes de ataque, el legal y el tecnológico, donde la acción de estos grupos de poder es claramente visible. Y un tercero, más sutil, en el que estos mismos grupos de poder han logrado la alianza de sectores de intereses contrapuestos, perfumado con el aroma a santidad de las buenas intenciones: la “inclusión digital”. En el frente legal, se impulsan leyes y tratados que limitan los derechos del usuario, convierten en delito la investigación independiente en seguridad informática y la ingeniería inversa⁹, imponen tasas absurdas sobre los medios de almacenamiento¹⁰, y recurren al poder coercitivo penal del estado como forma de solución de conflictos que pertenecen totalmente a la esfera del Derecho Civil.

En el plano técnico, se diseñan constantemente nuevos mecanismos de control, puestos bajo el pomposo título de Digital Rights Management (DRM)¹¹. Entre estos se destacan especialmente los destinados a limitar la ejecución de software en los sistemas de los usuarios sólo a programas “autorizados”. Esto resultaría razonable, aunque perogrullesco, si el que concede la autorización fuese el usuario; pero en la realidad, esta autorización depende de los productores de software. El más notorio de estos proyectos es Palladium (ahora denominado NGSCB) de Microsoft; a pesar de los esfuerzos de relaciones públicas y marketing que pretenden disociar Palladium de cualquier fin de DRM o de cautividad (lock in) de los usuarios, resulta evidente que estos son los únicos propósitos de la iniciativa¹².

Estas iniciativas de control se vinculan con otras, menos espectaculares tal vez, pero cuyas amenazas para las libertades públicas no son menos terribles. Por ejemplo, los procesos de identificación/atribución de identidad, actividad típica de los Estados nacionales, se suplantan en la red por mecanismos invasivos como MS Passport.

Para ensombrecer más el panorama, se nos bombardea constantemente con declaraciones sobre la “brecha digital” y la necesidad de “incluir” a sectores mayores de la sociedad. Estas declaraciones provienen no sólo de las megacorporaciones (lo que las tornaría al menos sospechables a los ojos de cualquier oyente sagaz), sino también de gobiernos y organizaciones multilaterales y no-gubernamentales de los más diversos tipos. Coincidirá conmigo, lector, en que la falta de acceso a los medios digitales amenaza en constituirse en una nueva forma de analfabetismo. Sin embargo, espero que coincida conmigo también en estas dos observaciones:

• La llamada “exclusión digital” es una consecuencia más de la pobreza, en un mundo en que el reparto de la riqueza se ha tornado más ferozmente inequitativo que nunca antes en la historia.
• No es posible combatir la pobreza repartiendo computadores: su valor proteínico es bastante discutible.

Detrás de la pretendida inclusión digital, la agenda oculta de las corporaciones que pretenden el control de los contenidos es el aumento de una clientela cautiva; para lo cual, claro, hay que garantizar que esa clientela pague tributo por los contenidos que recibe, y allí entran las medidas legales y técnicas de las que hablábamos más arriba. Una clientela de consumidores pasivos de “información y entretenimiento”, abastecidos por una élite concentrada de proveedores de “contenidos” y de los medios necesarios para obtenerlos. Pero… ¿por qué organizaciones y gobiernos, cuyas agendas en principio no coinciden con la de estas corporaciones, aparecen en el mismo barco? Las razones son complejas: en algunos casos, el árbol del potencial analfabetismo les ha impedido ver el bosque de las causas reales y las intenciones ocultas; en otros, el poder económico y político de las corporaciones ha generado la suficiente presión; y en el resto, finalmente, existen coincidencias objetivas o beneficios mutuos.

No crea el lector que sostengo alguna nueva forma de luddismo. Estoy convencido de que extender los beneficios de las tecnologías de información a un número cada vez mayor de personas contribuirá a gestar una sociedad más justa, si y sólo si esta extensión amplifica el valor de la libertad; pero cualquier tentativa de inclusión limitada a reproducir y profundizar el modelo “pocos producen / muchos consumen” es un paso más hacia la pesadilla orwelliana.

Es precisamente en esta pretensión de control total a la manera del Hermano Mayor en que (algunos) aparatos estatales entran en escena. Porque una vez instalada la infraestructura legal y tecnológica de DRM, convertirla de gestión de derechos digitales en gestión de derechos políticos es una simple movida. El mismo programa que hoy puede impedir que usted descargue de la red una copia ilegal de una canción, o borrarla de su disco rígido cuando ya está almacenada, puede servir mañana para impedirle el acceso a fuentes de información independiente¹³, o rastrear a cualquiera que firme una petición contra la guerra. En un contexto histórico en que las fronteras entre los intereses de las corporaciones y los de los gobiernos de las naciones más poderosas se borran¹⁴, esta pesadilla no es sólo posible, sino también probable. Además de las constantes escuchas ilegales de las comunicaciones en la red, ciertos gobiernos impulsan medidas legislativas para el control y registro detallado de los hábitos de sus ciudadanos en el ciberespacio; y lo que se hace en las grandes potencias se reproduce, en servil imitación, en la periferia del mundo¹⁵.

Hace veinte años, el grupo The Police escribía la canción que da título a este artículo. Seguramente el lector la ha escuchado. Si alguna vez creyó que se trataba de una canción romántica, vuelva a escucharla ahora.

Resistiendo

¿Estamos, pues, en una situación sin esperanza? Déjeme compartir con usted, lector, una reflexión del historiador, periodista y combatiente antifascista italiano Leo Valiani¹⁶. El la hizo para sintetizar sus impresiones sobre el Siglo XX, pero me parece perfectamente aplicable a estas circunstancias: “Nuestro siglo muestra que la victoria de los ideales de justicia e igualdad es siempre efímera, pero también que si logramos preservar la libertad, siempre podremos empezar de nuevo… No hay necesidad de desesperar, aún en las situaciones más desesperadas.”

Porque, pese a todo, los humanos somos huesos duros de roer. Porque donde una red peer-to-peer desaparece, aparecen como hongos otras nuevas. Porque donde la industria del software intenta bloquear a los usuarios, el movimiento del software libre genera instrumentos sustitutivos con un modo de producción diferente. Porque donde los medios concentrados intentan disfrazar la información, surgen cada vez más medios alternativos. Todo estriba en preservar la libertad. Ahora, lector, la tarea es también suya.

Sobre este documento…

Este material puede ser distribuido exclusivamente bajo los términos y las condiciones que se establecen en la Open Publication License, v1.0.

Notas al pie

… Chaparro¹

Fundación Vía Libre – Argentina echaparro@vialibre.org.ar

… insultantes²

No se me ocurren otros adjetivos, fuera de lo soez, para calificar los márgenes de utilidad del orden del 560% que obtiene Microsoft Corp. por sus sistemas operativos y suite de oficina. El lector interesado podrá consultar las presentaciones trimestrales detalladas de esa empresa a la Securities and Exchange Commision.

… sistema³

Deberíamos decir “se coló por la ventana”. En efecto, para obtener la protección legal del copyright para las demás producciones intelectuales, es necesario depositar el código fuente (el texto, la partitura); el software está relevado de esta obligación. Con ello, además, la función de protección contra el plagio implícita en los registros de derechos de autor se volatiliza.

… Comercio⁴

TRIPS Agreement, Artículo 10.

… 1787⁵

Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8: “The Congress shall have Power … To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”

… previa⁶

Para demostrar la ridiculez de este sistema un abogado australiano, John Keogh, patentó un “Dispositivo Circular que Facilita la Locomoción”: la rueda. Innovation Patent #2001100012.

… anticapitalista)⁷

Uno de los autores favoritos de los políticos neoconservadores de la década de 1980, como los que “daban letra” a Margaret Thatcher o Ronald Reagan. Lamentablemente, parece que sólo lo leyeron parcialmente.

… monopolios⁸

Hayek, F.A.: “Free Enterprise and Competitive Order” en Individualism and Economic Order, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1949, pp.113-115

… inversa⁹

Un ejemplo local de esto, para peor redactado a los tropezones como fulgurante muestra de ignorancia, es el proyecto de ley sobre delitos informáticos aprobado recientemente por la Cámara de Diputados de la Nación. Con la excusa de legislar en un campo que indudablemente necesita definición legal, se convierten en delictivas conductas perfectamente legítimas. SADIO, en un gesto destacable, se ha pronunciado duramente contra este proyecto.

… almacenamiento¹⁰

Imagine el lector lo ridículo que resultaría aplicar una tasa al papel en blanco, cuyo producido se destinase a los editores de libros, puesto que ese papel sirve potencialmente para obtener fotocopias. Sin embargo, en varios países existen o están en discusión tasas por el estilo aplicables a todos los CDs y DVDs vírgenes.

… (DRM)¹¹

Cabe señalar que así como se crean, son quebrados al poco tiempo de lanzados. Un notable especialista en seguridad de sistemas de información, Bruce Schneier, decía no hace mucho que “pretender información digital incopiable es como pretender agua que no moje”.

… iniciativa¹²

Para un análisis detallado, remito al lector a la página sobre el particular de Ross Anderson en http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/tcpa-faq.html y los enlaces a los que ella apunta.

… independiente¹³

No exagero, y mas bien me quedo corto. Los ciudadanos de la República Popular China no pueden acceder a ciertos contenidos en la Internet que el gobierno considera “inapropiados”. Para impedir estos accesos, el gobierno cuenta con la colaboración de corporaciones como Cisco y Google.

… borran¹⁴

Bástenme para muestra las historias de presidentes petroleros con accesos mesiánicos, y buques tanque bautizados “Condoleeza”.

… mundo¹⁵

No hace mucho, en una reunión pública, he escuchado al diputado que preside la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación pronunciarse en favor de mecanismos que permitan retener información sobre acceso de los usuarios a la Internet. Esta opinión surgió a partir de expresiones de un funcionario de la Policía Federal, quien “lamentaba” la carencia de instrumentos legales que permitieran la investigación de delitos informáticos mediante el registro del tráfico generado por los usuarios de la Internet.

… Valiani¹⁶

Leo Valiani nació en 1909. Fue preso político del fascismo, luchó por la República en España, fue dirigente de la Resistencia italiana, periodista, historiador, fundador del Partido Radical, senador vitalicio desde 1980 (designado por su viejo amigo y compañero de lucha Sandro Pertini). Murió en Milán el 17 de septiembre de 1999.

Sobre el autor

Enrique Chaparro es matemático y especialista en criptografía y seguridad, con títulos de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad de Waterloo (Canadá) y la Universidad de Londres (UK). Es miembro de la Asociación Internacional de Criptografía, del Comité Técnico del IEEE sobre Seguridad y Privacidad, y de la Fundación Vía Libre. Es consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha tomado parte en diversos proyectos legislativos para el uso de Software Libre en los gobiernos de Argentina, Colombia y Perú, y es responsable por la incorporación de software libre en diversas agencias gubernamentales de Argentina.

Recientemente, se ha elaborado un nuevo proyecto de ley con el objetivo de modificar el código penal argentino para cubrir los delitos realizados mediante herramientas informáticas. Si bien este nuevo proyecto está mejor elaborado que el anterior, existen en él varios puntos que, de no ser modificados, implicarían un peligroso avance contra la libertad en nuestro país.

Entre los puntos más controvertidos de este proyecto se encuentran:

• La penalización de la distribución de programas que pudieran utilizarse con fines dolosos. Esto implicaría la imposibilidad de distribuir herramientas de análisis de protocolos, análisis de seguridad de servidores e ingeniería inversa, etc. Esto es innecesario, ya que basta con prohibir su utilización con fines dolosos y no su mera distribución o tenencia.
• La penalización del acto de vulnerar la seguridad de un sistema, sin especificar si se trata de un sistema propio o ajeno. Esto abre las puertas a la convalidación de los peligrosos sistemas de “Gestión de Derechos Digitales” (DRM) y de la penalización de la llamada “ingeniería inversa” (dos cuestiones fundamentales en el mundo de la “libertad digital“).

La Fundación Vía Libre ha realizado un llamado a la acción, alertando sobre las posibles implicaciones de una ley de este tipo. Además, Beatriz Busaniche (uno de sus miembros y excelente periodista), publicó una entrada en su blog donde comenta los pormenores de su sanción en la Cámara de Diputados de la Nación (donde fue tratado con sospechosa celeridad).

El diario online Infobae se hizo eco de los reclamos de Vialibre, en tanto que el diario Clarin sigue destacando los beneficios de la reforma, sin mencionar en ningún momento sus peligros.

Es importante que tomemos conocimiento de este tipo de iniciativa y, en la medida de nuestras posibilidades, realicemos todas las acciones posibles para evitar sus consecuencias.

Mientras es indispensable la creación de colegios y asociaciones profesionales de informáticos, como la Sociedad Argentina de Informática (SADIO) y la pionera mundial Association of Computing Machinery (ACM), es terriblemente pernicioso para la informática y la sociedad toda la creación de marcos regulatorios que obliguen a la matriculación en consejos profesionales para el ejercicio de “actividades informáticas“. No es casual que, por ejemplo, las citadas asociaciones profesionales estén en contra de este tipo de regulación.

A raíz de esto, me decidí a “resucitar” un documento producido hace unos años por la SADIO en el cual se realiza un profundo análisis sobre este tipo de iniciativas.

Sobre la matriculación obligatoria en informática

Resumen

En distintos lugares del país avanzan iniciativas para restringir la actividad informática a los matriculados en consejos provinciales de ciencias informáticas. SADIO reconoce el valor de las organizaciones profesionales como instrumentos para mejorar las disciplinas y las condiciones de trabajo de sus afiliados, pero rechaza el concepto de que el ejercico de la actividad informática deba ser restringido a través de matriculación obligatoria. La informática como actividad

• es interdisciplinaria y transversal, y es ejercida con competencia por personas de muy distintas disciplinas,
• es muy cambiante y difícil de delimitar,
• es muy abarcativa, al punto que el conjunto de conocimientos comunes a personas competentes en distintas áreas de la disciplina suele ser muy reducido,
• será socialmente más valiosa en tanto y en cuanto se difunda como conocimiento general de la población, como lo es hoy la matemática, en vez de convertirse en privilegio de un sector de la sociedad.

Introducción

En la última década han aparecido en nuestro país algunas iniciativas propiciando la creación de consejos profesionales de informática. Nada puede objetarse, por cierto, a la creación de asociaciones profesionales destinadas al mejoramiento de la disciplina. Sin embargo, algunas de estas propuestas han sido llevadas a la práctica a través de legislación provincial que crea consejos profesionales y llega al punto de exigir la matriculación en éste para “ejercer la profesión informática”, aún cuando resulta imposible definir los límites de esta profesión en un mundo en el que la informática es ejercida, de una manera u otra, por personas de prácticamente todas las disciplinas.

El objetivo de este documento es enumerar las razones por las que SADIO (Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa), como asociación profesional decana de la informática en Argentina, considera que la matriculación obligatoria es perjudicial para la sociedad y para la disciplina. No nos concentraremos en ningún proyecto en particular, sino que trataremos el concepto de la matriculación obligatoria, de modo de obtener conclusiones lo más generales posibles.

Sin perder de vista la aspiración de generalidad de los argumentos expresados en este documento, sin embargo, es necesario hacer una referencia al lenguaje de algunos proyectos y leyes específicas, como la Ley 13016 de la provincia de Buenos Aires la Ley 7642 de la provincia de Córdoba, las que llamativamente definen a la publicidad de servicios informáticos como “ejercicio de la profesión”, en vez de caracterizar a éste a través de la ejecución de las tareas propias de la actividad. Desconocemos las razones por las que los legisladores eligieron una definición tan peculiar, pero dado que el fundamento para la exigencia de matrícula es el supuesto beneficio social de que el software usado por los ciudadanos sea producto de profesionales certificados, entendemos que la intención es controlar la creación y puesta en marcha de sistemas informáticos. El control sobre la publicidad sería, entonces, una manera indirecta de controlar quiénes realizan estas tareas, ya que es muy difícil ejercerlas sin comunicar la propia disponibilidad para ellas. Esta impresión se ve reforzada si consideramos que dichos proyectos no sólo regulan, como en otras profesiones, quiénes tienen derecho a llamarse “ingenieros”, sino que extienden la restricción, sin motivo aparente, a otras denominaciones como “consultor” o “experto”. En otros casos, como el de la Ley 3752 de la provincia de Misiones
las tareas específicas relacionadas con el desarrollo de software están comprendidas como ejercicio de la profesión. El énfasis en este documento está, por lo tanto, en las consecuencias de exigir matrícula a quienes confeccionan y ponen en marcha sistemas de información, que parece ser la intención de los legisladores.

No ofrece beneficios a la sociedad

La justificación para exigir la matriculación a las personas que se dedican a la informática es garantizar a los ciudadanos que dichas personas son competentes, y de esa manera mejorar la calidad de los servicios informáticos. Hay profesiones que, debido al impacto de su ejercicio en la vida, salud y propiedad de los ciudadanos, históricamente han sido candidatas naturales a ser reguladas por ley. No entraremos aquí en la discusión acerca de la efectividad de este mecanismo en otras profesiones, pero sí veremos que la informática no se presta a este tipo de regulación, y que en ella la matriculación obligatoria no sólo no contribuye al mejoramiento de los servicios y al bienestar de los ciudadanos, sino que conspira en su contra, al entorpecer la libre competencia.

La matriculación no contribuye a la seguridad de los sistemas críticos

El argumento más fuerte a favor de la regulación de la actividad informática es que actualmente hay procesos controlados por software que afectan la vida, la salud y el patrimonio de los ciudadanos. El problema es genuino, pero la matriculación obligatoria no contribuye a solucionarlo. Por un lado, como mencionábamos más arriba, la mayor parte del software que se usa en esos procesos proviene de lugares en los que la actividad no está regulada. Por otro, aunque proviniera de lugares en los que lo está, la matriculación no garantiza nada. Esto surge del consenso existente en la comunidad informática internacional, la que a través de organizaciones profesionales como la ACM (Association of Computing Machinery, decana mundial en la disciplina) ha expresado públicamente que el actual cuerpo de conocimientos científicos y mejores prácticas de la materia no alcanzan siquiera remotamente para determinar con algún grado de certeza si determinado abordaje de un proceso es correcto, erróneo o peligroso. Este hecho es admitido implícitamente aún por quienes, al mismo tiempo que exigen la matriculación obligatoria, se niegan a aceptar responsabilidad civil por los actos de los matriculados.

La matriculación otorga legitimación engañosa

Las propuestas de matriculación obligatoria de personas dedicadas a la informática proponen, como único requisito para la matriculación, la presentación de un título terciario de alguna carrera específica de informática. No hay ningún requerimiento de experiencia laboral o de examen adicional. Esto se debe, en gran parte, a que no existe dentro de la informática ningún consenso acerca de cuáles deberían ser los contenidos mínimos que deben ser conocidos por un profesional de la disciplina, hasta el punto que los programas de las distintas carreras dictadas por nuestras universidades tienen más discrepancias que coincidencias. En estas condiciones, exigir a los matriculados un examen de competencia profesional sería impracticable.

Esta misma imposibilidad de formular un examen objetivo para determinar el grado de competencia de un profesional se vuelve un escollo cuando abordamos otro problema que en informática tiene una influencia mucho mayor que en otras disciplinas: el vertiginoso avance de la tecnología hace que la posesión de un título universitario como legitimación profesional tenga una validez temporal muy limitada. En otras disciplinas esto suele corregirse con exámenes de revalidación a intervalos regulares, pero en informática éstos serían tan impracticables como los exámenes de matriculación. Sin embargo, la matriculación obligatoria le da mayor legitimidad al matriculado que estudió alguna vez y nunca se actualizó que al no matriculado que trabaja en la disciplina y contribuye a su avance.

Por otra parte, el ejercicio de la actividad informática abarca una variedad tan amplia de tareas y habilidades que los proyectos de ley de matriculación obligatoria tienen serios problemas para definirlas, hasta tal punto que se limitan a citar ejemplos y a dejar la lista abierta. El conjunto de conocimientos necesarios para crear el software de control y estabilización de un satélite es completamente distinto del requerido para poner en marcha un sistema de planeamiento de recursos empresariales en una fábrica, o dar un curso de uso de planillas de cálculo (todas actividades que, según estos proyectos de ley, son incumbencia de los matriculados).

Una matriculación habilitante que abarque tal diversidad de actividades es contraproducente: las tareas de educación y entrenamiento, por ejemplo, son mejor desempeñadas por pedagogos que programadores, y la reingeniería de una empresa para usar un nuevo sistema de gestión sacará más provecho de alguien versado en administración de empresas que del mejor programador de sistemas operativos del mundo.

La informática no está circunscripta a un área geográfica

Todos los esquemas existentes en materia de matriculación circunscriben su vigencia a un área geográfica. Esto tiene sentido, ya que se trata de regular el ejercicio de la profesión dentro de un determinado marco jurídico. Un médico sólo puede atender pacientes en lugares en los que está debidamente acreditado, y no puede atenderlos “a distancia”. Un ingeniero civil construye un edificio de acuerdo al código de edificación de una ciudad, puesto que ese edificio tiene una ubicación geográfica determinada e inamovible. Las tareas relacionadas con la informática, sin embargo, a menudo son ejecutadas por personas que viven en ámbitos geográficos distintos del de ejecución: los programas que se usan en Córdoba pueden ser confeccionados en Santa Fe, los sistemas de una empresa de La Rioja pueden ser administrados remotamente por gente de Chubut, un servicio informático puede ser ofrecido a los ciudadanos de Corrientes por una empresa de Tierra del Fuego mediante el uso de un servidor web ubicado en Canadá. Dado que la dispersión geográfica del uso de un programa puede ser enorme, no se puede exigir a sus autores que se matriculen en todas las jurisdicciones en las que se lo usa.

Dada esta característica que distingue a la actividad informática de otras disciplinas reguladas, la exigencia de matriculación es hueca, ya que afecta sólo a aquellos que efectivamente viven en el mismo lugar en el que se usa el fruto de su actividad. Todos los que viven en lugares donde la actividad no está regulada (y esto incluye a todos los países en los que el desarrollo de software es una actividad intensiva y de exportación) pueden seguir vendiendo sus productos a la población supuestamente “protegida” por el mecanismo de matriculación. Esto puede verse claramente en el caso de Argentina, donde la mayor parte del software utilizado proviene de EEUU y Europa, ambas regiones en las que, pese a una larga tradición de regulación profesional, la actividad informática no está regulada, de modo que, independientemente de la obligatoriedad de la matriculación, el software usado por los ciudadanos proviene de profesionales no matriculados.

Perjudica al desarrollo de la disciplina

Conspira contra la calidad de los servicios

Toda persona que conoce la historia de la informática sabe que el resultado de la matriculación obligatoria de quienes se dedican a la profesión, lejos de mejorar la calidad de los servicios, la empeora. Esto surge de la observación de que la mayoría de las personas que han demostrado talento superior a la media en la práctica de la informática provienen de otros campos, o carecen de educación formal. Si bien éste fenómeno se da parcialmente también en otras disciplinas (por ejemplo, grandes referentes de la arquitectura como Le Corbusier y Mies Van de Rohe no eran arquitectos), en ninguna se da con tanta consistencia y naturalidad como en la informática. Esto no es casualidad, ni se debe a que los informáticos sean incompetentes en su propia área, sino a que la enorme difusión de la informática en todas las disciplinas tiende a atraer a personas talentosas de cada una de ellas, creando un volumen de aportes externo muy distinto al que está presente en la medicina, la abogacía o la ingeniería. Algunas personas que no podrían ejercer la actividad informática si la ley exigiera matriculación, junto con necesariamente incompletas descripciones de sus contribuciones, son:

Douglas Engelbart

Ingeniero eléctrico, inventor del mouse, la interfaz de usuario basada en ventanas y muchos de los elementos que hoy consideramos la definición de lo que es una computadora. Premio Turing de la ACM en 1997

Donald Knuth

Matemático, autor de “The Art of Computer Programming”, contribuciones demasiado numerosas como para poder elegir unas pocas. Profesor Honoris Causa de 26 universidades, y Profesor Emérito de Stanford en “Art of Computer Programming”. Premio Turing de la ACM en 1974.

Grace Hopper

Matemática, inventora del compilador, autora del lenguaje COBOL.

Steven Jobs

Idóneo, fundador de Apple Computer y de NeXT.

Steven Wozniak

Idóneo, fundador de Apple Computer, autor original del sistema operativo de Apple y de la ingeniería de la computadora Apple II.

Brian Kernighan

Ingeniero electricista, creador del lenguaje C y de Unix

Dennis Ritchie

Físico y matemático, creador del lenguaje C y de Unix. Premio Turing de la ACM en 1983.

Ken Thompson

Ingeniero electricista, creador del lenguaje C y de Unix. Premio Turing de la ACM en 1983.

Edsger Dijkstra

Matemático y físico, autor del algoritmo de su nombre para la solución del problema de camino más corto de teoría de grafos, amén de contribuciones demasiado numerosas como para poder seleccionar algunas con algún grado de justicia. Premio Turing de la ACM en 1972.

Tim Berners-Lee

Físico, inventor de la WWW

Seymour Cray

Ingeniero eléctrico y matemático, creador de la primera supercomputadora.

Bill Gates

Idóneo, fundador de Microsoft Corp.

Larry Wall

Lingüista, autor del lenguaje Perl.

Butler Lampson

Ingeniero electricista, uno de los diseñadores del sistema de time-sharing SDS-940, el sistema distribuido Alto, la impresora láser, los protocolos “two-phase commit” , la LAN Autonet, y varios lenguajes de programación. Premio Turing de la ACM en 1992.

Jay Miner

Ingeniero electrónico, creador de Amiga y su sistema operativo.

Ivan Sutherland

Ingeniero electricista, inventor de la computación gráfica. Premio Turing de la ACM en 1988.

John McCarthy

Matemático. Uno de los fundadores de la investigación en Inteligencia Artificial. Originador del lenguaje LISP. Premio Turing de la ACM en 1971.

Terry Winograd

Matemático. El mayor experto en interacción hombre-máquina y en teoría de los lenguajes naturales.

Bob Metcalfe

Ingeniero eléctrico, uno de los padres de Internet, fundador de 3Com.

Leslie Lamport

Matemático, autor del sistema de tipografía científica LaTeX y uno de los más destacados investigadores en computación paralela.

Niklaus Wirth

Ingeniero electricista, inventor de los lenguajes Pascal, Modula-2 y Oberon. Premio Turing de la ACM en 1984.

Richard Stallman

Físico, fundador de la Free Software Foundation y el proyecto GNU, creador de Emacs y Gcc.

Eric S. Raymond

Idóneo, creador de fetchmail y muchos otros utilitarios, autor de `La Catedral y el Bazar' y fundador de la Open Source Initiative.

E. F. Codd

Doctor en ciencias de la comunicación. Inventó las bases de datos relacionales. Premio Turing de la ACM en 1991.

Jeffrey Ullman

Ingeniero electricista. Una de las mayores autoridades en bases de datos, diseño de compiladores y teoría de autómatas.

Ted Nelson

Sociólogo, inventó el concepto de hipertext.

Todos estos gigantes de la informática mundial deberían, bajo las legislaciones impulsadas por los proponentes de la matriculación obligatoria, ingresar al sistema mediante el mecanismo del “registro de idóneos”, o abandonar su actividad. Y por cierto, la matriculación de idóneos sólo es posible por un tiempo limitado. ¿La informática argentina está en condiciones de renunciar voluntariamente a las contribuciones de los físicos, astrónomos, matemáticos, biólogos, ingenieros, psicólogos y otros talentosos que seguramente seguirán surgiendo fuera del campo específico de la informática?

Si nuestra sociedad renuncia a explotar el talento natural de personas sin entrenamiento formal en informática, el efecto sobre nuestro desarrollo tecnológico será devastador, ya que estas personas sencillamente ejercerán su arte en otros ámbitos geográficos ávidos de dicho talento, y en los que no se les impongan límites artificiales a su potencial, al tiempo que las empresas de tecnología harán lo propio, llevando sus negocios a regiones cuya legislación sea más afín a sus necesidades.

Neutraliza el debate acerca de la competencia profesional en el seno de la disciplina

El debate acerca de cómo ofrecer servicios mejores y más confiables a la Sociedad está presente, y es muy encendido en el seno mismo de la comunidad informática. Ese debate ha dado algunos frutos, pero existen aún grandes diferencias entre los mayores referentes de la disciplina acerca de cuestiones básicas como, por ejemplo, cuáles deben ser los contenidos mínimos de una carrera de informática. Lejos de fomentar este debate, la creación de un Consejo Profesional lo ahoga: crea por ley una instancia de legitimidad basada en criterios objetivos, pero no consensuados dentro de la misma actividad, y directamente opuestos a la opinión de sectores importantes y respetados de la comunidad informática.

Perjudica a la sociedad

Además de no resolver los problemas que se propone atacar, la matriculación obligatoria además crea problemas propios, que perjudican seriamente a los ciudadanos individualmente, y a la sociedad en general.

Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos

La informática es una actividad transversal, aplicable a todas las áreas del quehacer humano, y por ello es ejercida por un grupo cada vez mayor de gente. Muchas personas que no tienen ningún entrenamiento formal en informática pero sí en áreas de aplicación específicas, realizan tareas que pueden considerarse como “informáticas”, incluyendo la programación de computadoras. En otras artes, la interacción interdisciplinaria también es frecuente (por ejemplo, el ingeniero civil que obtiene de los médicos los requerimientos que debe cumplir un hospital a construir), pero casi nunca en el grado en el que ocurre en la informática, en la que la regla es que el mejor software para una determinada aplicación sea hecho por profesionales de esa área con asistencia de informáticos, y no al revés. Con el avance de la Sociedad de la Información, esta situación se hará cada vez más común. En este contexto, la matriculación obligatoria quita a los particulares el derecho a construir sus propias herramientas para desempeñarse en una sociedad tecnificada.

Obstaculiza la popularización del conocimiento

La actividad informática cambia vertiginosamente en función del tiempo. Hoy los usuarios realizan tareas de procesamiento de datos que hace pocos años hubieran requerido el concurso de profesionales especialmente entrenados. La exigencia de matriculación quitaría a estas personas la posibilidad de usar comercialmente su capacidad. De acuerdo a la exigencia de matriculación para ejercer la “actividad informática”, un contador no podría proveer a sus clientes de documentos de planilla de cálculo electrónica para ayudarlos a organizar sus datos.

Esta limitación artificial corresponde a una visión en la que la sociedad está dividida en “productores” y “consumidores”, en la que los usuarios están limitados a usar las herramientas que les proveen “los que saben”. Uno de los aspectos más promisorios de la sociedad de la información es, sin embargo, la desaparición de esa frontera, ya que las herramientas de informática y comunicaciones pone en manos de todos los ciudadanos la posibilidad de producir en condiciones más o menos igualitarias. Una visión alternativa de la sociedad a la que podemos aspirar es una en la que los principios de la informática formen parte de la formación básica del individuo, como lo es hoy la matemática, de modo que cada uno esté en condiciones de crear sus propias herramientas. los paralelos entre la informática y la matemática son mucho más significativos que los que hay entre aquella y la ingeniería. ¿Se imagina un mundo en el que la aplicación de un teorema estuviera restringido a los matemáticos licenciados? ¿En el que fuera necesaria la firma de un matemático para refrendar todo cálculo más complicado que una división?

Viola la libertad de expresión

En el seno de la comunidad profesional de informática a menudo se olvida que la creación de software, como la formulación de un teorema, la postulación de una hipótesis o el planteamiento de un interrogante, es una forma de expresión que es ejercida por técnicos, científicos, profesionales y artistas. En efecto, los programas de computación, además de ser objetos utilitarios que cumplen una función, son vehículo de comunicación y expresión humana, de tráfico de ideas y valores. Probablemente, se trate de un punto de vista “intra-profesión”, que olvida que en nuestro país hay miles de personas (y varios millones en el mundo) que ejercitan su libertad de expresión utilizando programas de computadora; a modo de ejemplo, artistas plásticos, literatos, músicos, crean y más aún, muchos de ellos trabajan de este modo. Los programas son el resultado de largas y a menudo profundas reflexiones acerca de la naturaleza de determinados problemas, para cuya expresión el lenguaje de programación es el medio idóneo. Otros programas, como los sistemas de cifrado libremente disponibles, ofrecen funciones que posibilitan llevar a la práctica posturas políticas y avanzar propuestas ideológicas. Restringir el derecho de programar a los matriculados en un consejo coarta la libertad de expresión de las personas de la misma manera que lo haría el restringir la difusión de artículos a aquellos escritos por periodistas acreditados. Recordemos que ésta última restricción ha sido puesta en práctica numerosas veces como una medida de censura. En una sociedad en la que gran parte del bienestar de los ciudadanos proviene de la libre circulación de información y el conocimiento, lo último que queremos es mecanismos de censura en manos de grupos de interés particulares.

Conclusiones

Por lo expuesto a lo largo de este artículo, concluimos que la matriculación obligatoria no sólo no ofrece ninguna solución al problema de mejorar la calidad de los servicios informáticos, sino que además conspira contra este mismo objetivo, contra el desarrollo de la tecnología informática en los lugares en los que se la exige, y contra la libertad de los ciudadanos. Quizás pensada como una medida destinada a proteger a los ciudadanos, el resultado obtenido es, sin embargo, la creación de una entidad corporativa destinada a proteger el privilegio de algunos para administrar una actividad que sostiene y apoya todo el quehacer de la sociedad. Por ello urgimos a quienes ejercen tareas informáticas, a los legisladores, y a los ciudadanos, a expresarse en contra de la matriculación obligatoria en los consejos profesionales de informática.